[resumen.cl] El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) es la respuesta que el gobierno en funciones dio a las víctimas de trauma ocular producto de la violencia estatal durante el Estallido Social, el cual ha sido duramente criticado por una serie de negligencias. Entre estas, las víctimas acusan que «no hay ayuda real».

El 24 de abril de 2021 el joven de 18 años, Cristián Millapan Santander, recibió un impacto de perdigón disparado por efectivos del GOPE en Nueva Imperial -región de La Araucanía-, convirtiéndose en una nueva víctima de trauma ocular.

El hecho se sumó a la reciente difusión del caso de Aalondra, adolescente de 14 años que durante el Estallido Social sufrió la pérdida de visión irreversible en uno de sus ojos tras, según indica la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recibir un lumazo de un carabinero, cuyo sospechoso es el suboficial mayor (r) Luis Castillo Fernández.

El caso de Aalondra ha colocado énfasis en los efectos de la violencia policial, sumado a las negligencias del Ministerio de Salud para atender a las víctimas de trauma ocular. En este sentido, la adolescente presenta el deterioro de su salud física y mental, incluyendo a la vez el ser víctima de bullying y un intento de suicidio.

De esta forma, uno de los puntos a considerar ha sido el llamado Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), el cual es trabajado en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador, política que estaría dirigida a las víctimas de la violencia estatal a nivel nacional. Sin embargo, diversos emplazamientos se han realizado desde hace meses producto de una serie de negligencias.

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En contacto con RESUMEN, una de las víctimas de trauma ocular en Concepción señaló que el PIRO es una política totalmente precarizada. En términos concretos, apuntan -entre otras- al rol de la directora del Departamento de DDHH y Género del Minsal, Nelly Alvarado, quien ya ha sido oficiada por acusaciones anteriores.

Respecto a las víctimas de trauma ocular del sur de Chile, indican que «estuvimos desde octubre hasta fines de diciembre con Nelly Alvarado, que era la sucesora de Lorena Recabarren, que básicamente no hizo nada en todo el año». Reglón seguido, señala que «desde Chillán hacia Osorno habemos por lo menos unas 60, 70 personas, somos un montón, y no nos han ayudado. No están pagando el pasaje para ir a Santiago, la estadía, como que no hay ayuda real para las víctimas«.

Y es que la concentración de los tratamientos se encuentra en la región Metropolitana, en una Unidad concreta, con un límite de profesionales de la salud cuya cantidad es totalmente reducida.

En términos generales indican que, como víctimas, «tenemos muy poca cobertura, hay montón de compañeros que necesitan atención urgente. Somos muchos, somos 500 y el Minsal supuestamente se iba a hacer cargo con el PIRO».

Asimismo, enfatizan en las amplias aristas de negligencias realizadas por el Minsal: cancelación e imposición de nuevas fechas para sostener reuniones -cuyas discusiones parecieran ser las mismas que hace meses atrás-, irregular cantidad de inversión y conocimiento público del desglose del presupuesto, nula respuesta a intento de contactos y una serie de situaciones que las víctimas de trauma ocular ya han visibilizado desde hace meses.

Esto se suma a que, señalan fuentes a RESUMEN, de parte del Minsal se habrían comprometido a enviar especialistas al sur para complementar el trabajo del PIRO. Sin embargo, a la fecha, esto no ha ocurrido.

Ante esto, la articulación ha sido clave. Tanto organizaciones de familiares y víctimas como de profesionales se han reunido constantemente y desarrollan un trabajo potente para afrontar esta situación.

De igual forma, uno de los puntos pendientes sobre esta situación tiene relación con la impunidad que prevalece sobre los casos de violencia estatal que conllevaron traumas oculares a la población. En el caso del Biobío, el fiscal Nelson Vigueras es quien lleva las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social. Sin embargo, no existirían mayores avances a más de un año de los hechos.