[resumen.cl] Este jueves, Londres 38 "interpuso una querella ante el Ministro Mario Carroza, en contra de quienes resulten responsables del delito de sustracción y supresión de documentos, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados", comunicó la propia institución en su sitio web.

Esta acción se realizó luego de divulgarse un artículo de la periodista Pascale Bonnefoy, publicado en The New York Times con el título "Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo". En el texto se expone que «diez años después del regreso a la democracia, los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura de Pinochet fueron quemados en las afueras de Santiago. Mientras, el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces que investigaban causas de derechos humanos", especificando que "eran decenas de miles de imágenes de documentos: los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990): la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), responsables de la mayoría de los crímenes durante su régimen».

Según la investigación periodística, «las Fuerzas Armadas siempre han alegado que no tenían información [sobre casos de crímenes de lesa humanidad] porque había sido quemada, legalmente, antes de que Pinochet abandonara el poder. Al disolverse en 1977, la DINA traspasó sus bienes y la mayoría de sus agentes a la CNI. Exagentes de la CNI han dicho a la justicia que recibieron los archivos de la DINA y procedieron a microfilmarlos».

Décadas después, y de acuerdo con las declaraciones judiciales, «a fines de 1999 el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, le ordenó a la entonces jefa de la sección Archivo del Departamento de Contrainteligencia de la DINE, la mayor Mercedes Rojas, revisar los microfilmes por si contenían información relacionada con derechos humanos.

Meses antes, en agosto, el gobierno había convocado a una mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas para ver la manera en que entregaran información sobre el destino de los desaparecidos. Los resultados de la mesa, que se prolongó durante diez meses, fueron un fiasco, pero dentro del Ejército ya sonaban las alarmas.

Rojas dijo haber pasado un par de horas al día durante dos meses mirando los aproximadamente cincuenta rollos. El material era irrelevante, estaba ocupando espacio en la bóveda y no servía para nada, le informó a su superior.

Jara le instruyó, verbalmente, incinerarlo todo. Fue entonces que Rojas pidió ayuda a dos de sus subalternos, el suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Les ordenó sacar los rollos de celuloide de sus cartuchos y meterlos en bolsas, y los tres partieron a Nos. Fue escogido ese lugar en las afueras de la capital, señaló Ramírez al tribunal, "más que nada para no contaminar el aire de Santiago".

Rojas dijo que no quedaron duplicados y según Ramírez también se quemaron las copias de seguridad. Tampoco se dejó acta de incineración.

Varios testigos de la CNI y la DINE interrogados por la justicia coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey [exejecutivo de Kodak que vendió al Ejército los equipos de microfilmación], cada cartucho de microfilme podía guardar "fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción"».

De acuerdo al sitio de memoria Londres 38, «la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad».