Luego de que la Contraloría General de la República dictaminara que los municipios no están facultados para la venta y distribución de gas, el alcalde chiguayantino, Antonio Rivas, emplazó al Congreso a gestionar una ley corta que les permita hacerse cargo de este bien de forma justa y sin fines de lucro, lejos de la sinvergüenzura de las empresas del rubro que habrían incurrido en colusión para subir sus precios.

Por Juan Contreras Jara 

La disputa por la venta de gas y la casi confirmada colusión de las distribuidoras a nivel nacional suma y sigue. A la solicitud del alcalde de Chiguayante Antonio Rivas, por una ley corta que les permita entrar en la distribución de dicho bien, hay que agregarle el posible oficio que ingresaría en los próximos días Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para que investigue «claras señales de colusión».

Te puede interesar: Ante claras señales de colusión: Solicitan a Fiscalía Nacional Económica presentar requerimiento para investigar distribuidoras de gas licuado

Hay que recordar que por unanimidad, la comisión Investigadora del Mercado del Gas de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó a Fiscalía Nacional Económica a que oficiara al tribunal regulador, que podría sancionar una eventual colusión.

Entre las empresas posiblemente coludidas están Lipigas, Gasco y Abastible, Metrogas, entre otras, cuyos dueños aumentaron aun mas sus fortunas durante 2020 y lo que va de este año con el aumento del precio del gas en un 32%, según concluyó la instancia fiscalizadora de la cámara baja.

Bajo estos y otros antecedentes, a mediados de este mes, desde el municipio de Chiguayante iniciaron las conversaciones con Enap para la venta directa de gas. El viernes pasado, cientos de municipios se reunieron en Chiguayante y conformaron Asociación de Municipios por el Gas Popular, la que se reunirá nuevamente este miércoles en Valparaíso.

Con la iniciativa y la solicitud al Congreso de una ley corta sobre la administración de la venta del gas licuado, podría hallarse una salida a la usura y la colusión perpetrada por años por las empresas dueñas del mercado en Chile.