Más de una década después de la explosión del escandaloso caso SQM, la impunidad vuelve a ser el festín de la alianza público-privada que prevalece entre la clase política y el empresariado.

El filtro de imputados pasó por un colador durante todo este periodo, y finalmente, entre golpecitos de espalda de aprobación, los ocho imputados que quedaron salieron del centro de justicia pregonando su inocencia ante los medios de comunicación.

Sin embargo, las irregularidades están ahí, a la vista. El caso SQM dio cuenta de cómo el financiamiento de la ilegal de la política cubría todo el espectro político de la clase dirigente; con boleta de por medio, una empresa privatizada en dictadura cumplía el rol de una máquina para defraudar a todas y todos los chilenos.

Pero también estos años han conllevado la permanencia de cortafuegos para proteger a la clase política. Y es que las investigaciones no lograron profundizar mucho más en las manchas que dejaron políticos y empresarios, quienes se coludieron para beneficiarse mutuamente en pos de sus mezquinos intereses. Lamentablemente, el caso SQM, debido a una decisión política, fue bloqueado para blindar a personeros que hoy permanecen vigentes en el sarcófago de la historia nacional.

Así, con broche de oro, el Poder Judicial viene a fortalecer la impunidad como un menú a la orden del día, pero a disposición de la misma clase político-empresarial que tembló durante las movilizaciones de 2019, y que hoy avanza en una nueva oleada donde busca salir mucho más fortalecida.

Pareciera ser que lo planteado por Eduardo Matte, bisabuelo del empresario Eliodoro Matte, por allá por 1892, sigue estando vigente: "Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del Capital y del Suelo, lo demás es masa influenciable y vendible".

Dependerá de la población vencer el gallito de la impunidad y la corrupción; dos pilares que cruzan a la dirigencia política chilena.

RESUMEN