Información fue confirmada por el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y por presidente de la patronal pesquera ASIPES. Frente a esto el Centro Ecocéanos afirmó que «la impunidad evidenciada en las declaraciones del subsecretario de pesca y el representante de uno de los 5 conglomerados industriales, miembros del ‘cartel de la pesca’, reconociendo el sostenido proceso de destrucción del patrimonio pesquero de la Nación, es una nueva señal de alerta para la opinión pública, las organizaciones ciudadanas, pescadores de pequeña escala, pueblos originarios y los diversos candidatos presidenciales». En la Fotografía el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y Felipe Moncada de la empresarial ASIPES.
Santiago, 11 de octubre de 2013. (Ecoceanos News)– En el marco de la inaguración de la Feria Internacional PescaSur, el Subsecretario de pesca y acuicultura, Pablo Galilea, confirmó que de las 15 pesquerías que se administran bajo el sistema de cuotas individuales transables, existen 10 que «están sobreexplotadas». Se tratan del jurel -la principal pesquería del país-, merluza común, merluza de cola, congrio dorado y los stocks de bacalao de profundidad del norte y del sur. El funcionario gubernamental agergó que existen 2 pesquerías que se encuentran totalmete agotadas: sardina española y la pesquería de profundidad de besugo.
Frente a esta impresentable situación que deja en evidencia el fracaso de las políticas de manejo pesquero y la institucionalidad sectorial, el subsecretario Galilea indicó al Diario Financiero que «si no se toman las medidas necesarias , existe un riesgo de agotar o colapsar a éstos en el mediano plazo».
Por su parte, el representante del principal sector responsable de la actual crisis de las pesquerías chilenas, Luis Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES)´, afirmó que están enfrentando «una situació compleja (…), por que la disponibilidad de los recursos es escasa», lo que convertiría al 2013 «en uno de las más delicados para la industria a lo largo de la su historia».
Galilea comunicó que a fines de diciembre estararía completamente implementada la nueva Ley de Pesca, llamada Ley Longueira, la cual en una cuestionado proceso express -entre los que destacan la participación de parlamentarios con conflictos de intereses, la investigación sobre situaciones de soborno empresarial a parlamentarios y no consulta a los pueblos originarios-, impuso la privatización de las pesquerías chilenas en favor del «cartel de la pesca» bajo el control de 7 familias político-empresariales.
«No presionar» a los comités científicos
En tanto la ONG internacional Oceana con base en Washington, llamó a la industria pesquera a «no presionar a los miembros de los ocho Comités Científico-Técnicos de pesca, que tomarán las principales decisiones de administración pesquera en el país, como la fijación de cuotas globales de captura».
El director ejecutivo de la oficina de Oceana en Chile, Alex Muñoz, indicó que "Estaremos atentos a que los expertos puedan realizar su trabajo sin presiones por parte de la industria y velaremos para que las cuotas realmente sirvan para recuperar las pesquerías más sobreexplotadas", explicó el director ejecutivo de Oceana, Alex Muñoz.
En el 2010 Oceana presentó al gobierno de Sebastián Piñera un informe que demostraba que la asignación de cuotas globales de pesca merluza de cola, jurel y anchoveta efectuada por la institucionalidad pesquera, había excedido en un 193%, 87% y 78% respectivamente durante los últimos 10 años las recomendaciones entregadas por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
Estos datos ya hace más de una década también se venían revelando, pero ninguno de los gobiernos le dió la real importancia acerca de lo que se estaba generando en el mar
Ley Longueira: crisis pesquera y exclusión social
Para el Centro Ecocéanos «la impunidad evidenciada en las declaraciones del subsecretario de pesca y el representante de uno de los 5 conglomerados industriales, miembros del ‘cartel de la pesca’, reconociendo el sostenido proceso de destrucción del patrimonio pesquero de la Nación, es una nueva señal de alerta para la opinión pública, las organizaciones ciudadanas, pescadores de pequeña escala, pueblos originarios y los diversos candidatos presidenciales».
Para el director ejecutivo de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, «la nueva ley de privatización del patrimonio pesquero, de la cual Pablo Galilea fue el principal operador político de la industria, junto con el ex- candidato presidencial Pablo Longueira, ha profundizando la concentración económica, el colapso pesquero, la pobreza y la eliminación progresiva de los pescadores artesanales y las Pymes pesqueras».
Cárdenas indicó que «el denominado eje de la ‘sustentabilidad’ en la que se basaría la ley Longueira -supuesto apoyado por las grandes ONgs transnacionales-, es tan sólo propaganda y relaciones públicas para incautos. Los científicos y técnicos del sector pesquero poseen dos fuentes centrales de financiamiento: El estado y la industria. Por esta vía continuará la tradicional presión de la industria para generar decisiones de administración de los recursos hidrobiológicos basadas en criterios políticos y comerciales».
«No hay que olvidar que los subsecretarios de pesca de turno continúan teniendo una gran cantidad de poder», dijo el director de Ecoceanos.*****FIN*****
FUENTE: http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=12592
Mala Pesca: La depredación pesquera en Chile
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