Por Alejandro Baeza

Gonzalo de la Carrera es un diputado electo por el ultraderechista partido fundado por José Antonio Kast «Republicanos». Forma parte de una fauna de extravagantes personajes que entró al Congreso el 11 de marzo pasado, donde también cabe Johanes Kaiser, Gaspar Rivas, Gloria Naveillán, Harry Jürgensen y otros que se suman a los ya presentes Camila Flores, Diego Schalper, Lavín Jr., Leonidas Romero y un largo etcétera.

La presencia de este sujeto portador de una largo listado de episodios nefastos que incluso rayan en perversiones, pone evidencia aún más la situación de total desprestigio en que se encuentra el Congreso Nacional, la institución más repudiada por la población de toda la institucionalidad del Estado, no sólo por esto obviamente, sino por un prontuario que va desde leyes dictadas por directoritos de empresas, financiamiento ilegal de la política o dietas millonarias desconectadas de la realidad del pueblo.

Es precisamente este lugar el que los sectores agrupados en el Rechazo pretenden que se redacte una Constitución como propuesta para superar la de Pinochet y no aceptar la de la Convención (si es que llegasen siquiera a cumplirlo).

Por otro lado, y más peligroso aún, muchos sectores que se han sumado al Apruebo, quieren imponer reformas en este Congreso (electo con la Constitución de Pinochet) para modificar la propuesta emanada de la Convención incluso antes que éste sea puesta en marcha.

Fue por esto que apenas tres semanas antes del plebiscito, las directivas de los partidos políticos oficialistas -algunos financiados por SQM- publicaron una serie de «acuerdos» de espalda a la población para realizar reformas a la nueva Constitución en caso de aprobarse, en el actual Congreso y así en muchos aspectos, dejarla igual al régimen político actual, imponiendo así de facto una Convención Mixta.

Que un poder saliente de una Constitución ilegítima, impuesta en dictadura en base al atropello a los derechos humanos, que fue defenestrada abrumadoramente por la población en las calles y luego por un 80% de la votación en un plebiscito, tenga atribuciones para realizar reformas a un nuevo pacto social, el primero legítimo y democrático en 200 años, en un hecho a todas raro en la historia del constitucionalismo mundial, se debe en gran medida a que la misma Convención Constitucional no fue capaz de defender su trabajo, pues en uno de sus artículos transitorios estableció que «hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá del voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado», siendo en algunos ámbitos necesario además un plebiscito.

La idea de una Constitución redactada de manera conjunta entre delegados electos para este propósito y representantes del Congreso ya estuvo presente en la segunda papeleta del plebiscito de 2020 (llamado «plebiscito de entrada»), donde el 80% de la población dio un rotundo NO en una muestra de profunda desconfianza no sólo a la clase política, sino a toda la institucionalidad del Estado, por ello es que se creó la Convención Constitucional que en un año de trabajo creó la propuesta que el próximo 4 de septiembre solo tiene dos opciones: Apruebo o Rechazo, nada más, sin ninguna otra interpretación.

Tanto el acuerdo de los partidos de Gobierno, como las declaraciones de la derecha y el trabajo de los grandes medios alineados con el poder, pretende pisotear la soberanía popular que eligió sus delegados y delegadas para redactar una carta magna que será plebiscitada.

Esta idea de «aprobar para reformar» sólo circula en los pequeños círculos del poder, pero no tiene un correlato en los sectores populares que se manifiestan y hacen campaña por el Apruebo.

Por eso es importante que la población salga con banderas, lienzos y cánticos en las celebraciones del eventual triunfo de éste, que dejen en claro que no queremos esta cocina.

El Congreso Nacional, la institución más desprestigiada del país y más repudiada por la población, no puede ser la alternativa del Rechazo para redactar otra Constitución. No podemos aceptar aquello, por eso debe ganar el Apruebo. Pero tampoco podemos aceptar que el oficialismo nos imponga reformas que nadie ha pedido a la propuesta en este órgano que representa lo peor de la política chilena.

Todo cambio debe hacerse con la institucionalidad del nuevo pacto social. No queremos otra cocina. No podemos permitir que nuevamente la elite pase por encima de la soberanía popular que muchos quiere hacer que gane el Rechazo, incluso ganando el Apruebo.