Las prácticas corruptas al interior de las Fuerzas Armadas y las Policías, también han tenido a sus denunciantes como víctimas de arbitrariedades de parte de superiores, como modo de castigar el buen proceder. De eso trata el reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) reintegrar a un subprefecto pasado a retiro luego denunciar hechos de corrupción en su unidad policial.

Aniceto Hevia

Esta resolución tuvo su origen en el recurso de protección presentado por el subprefecto Guillermo Namor Esbry, quien luego de denunciar hechos de corrupción, no especificados por el máximo tribunal, fue pasado a retiro. Ello lo habría hecho por escrito el 28 de junio del 2020 al Departamento V "Asuntos Internos" de la Policía de Investigaciones, "señalando que al asumir como Jefe de esa unidad policial, constató una serie de irregularidades".

De acuerdo al detective, tales denuncias involucraban directa e indirectamente a dos jefes superiores de él en la Región de Copiapó y, cuando él las realizó, su jefe directo le habría manifestado su molestia "con groserías", pues "con ello intentaba perjudicar su mando actual o su gestión como jefe anterior de la dependencia que el recurrente asumía".

Namor Esbry también declaró haber sido objeto de una acusación anónima que no pudo ser probada y que en la resolución de sobreseimiento, se estableció que había sido enviada "desde una impresora ubicada en la misma Prefectura y con la clave de un Jefe de Unidad confiable, sin que se investigara dicha anomalía".

El acoso al que habría sido sometido el subprefecto tuvo su corolario en el mes de diciembre del 2020, cuando, según declaró, se exigió mediante una circular que el personal que cumplía, el 2 de enero del 2021, los 30 años de servicio, presentara su solicitud de retiro. La Corte Suprema estableció que, si bien habían otros 42 oficiales en la misma situación, sólo fue para Guillermo Namor Esbry que el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile (Héctor Espinosa) solicitó al Ministro del Interior y Seguridad Pública de entonces (Rodrigo Delgado), "disponer el Retiro Absoluto de la Institución, a contar del 31 de enero de 2021".

La Corte consideró de que, como las denuncias del subprefecto se estaban tratando en un sumario administrativo, su pase a retiro fue indebido, consignando:

«... al estar bajo el amparo de lo preceptuado en la Ley 20.205, desde el momento que existe un Sumario Administrativo generado por la denuncia del Oficial recurrente ante el Departamento V de 'Asuntos Internos' de la Policía de Investigaciones, en contra de jefes superiores directos, el cual aún se encuentra en tramitación, toda vez que como ya se mencionó el denunciante no podía ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad hubiese recibido la denuncia y hasta la fecha de su resolución definitiva, y hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia, lo que en la especie aún no ha acontecido, al encontrarse en fase investigativa actualmente.»

Añadiendo que «si bien la recurrida señala que el llamado a retiro lo fue por cumplir 30 años de servicio, no corresponde a un castigo, en la realidad se asimila a una sanción», aludiendo a que fue el único de todos los oficiales en la misma condición que fue pasado a retiro. Por ello, concluyó que tal acto "deviene en arbitrario" y, por cuanto, se le ordena a la Policía de Investigaciones «reincorporar al sr. Namor Esbry a las filas de institución, con todos sus derechos inherentes a su condición de oficial policial activo».

Fotografía de contexto extraída de pdichile.cl