Ayer miércoles se anunció -por parte de la Comisión nacional de Energía (CNE)- que el costo de la cuenta de la electricidad subirá entre un 40 y 45% en los próximos meses y en la antesala del invierno, cuando más energía se consume en Chile. La causa estaría en los mayores costos en la producción y el fin del congelamiento de precios que se realizó en 2019. La entidad explicó que estas subidas se han experimentado en todo el mundo.

Por: Macarena Montes

Cabe señalar que la matriz energética chilena ha cambiado en las últimas décadas y cada vez es menos dependiente de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, cuestión que ha redundado en el anunciado cierre de plantas termoeléctricas como Bocamina en Coronel y Ventanas II en Puchuncaví, que debía realizarse el 31 de mayo del presente año, acciones postergadas a solicitud de la (CNE) aludiendo a la megasequía que afecta al país disminuyendo el potencial de generación hidroeléctrica.

De acuerdo al más reciente informe de abril de este año, emitido por la Comisión Nacional de Energía «El total nacional de capacidad instalada al mes está categorizada en un 43,5% de termoelectricidad, 22,7% hidroelectricidad y un 33,8% de Energías renovables no convencionales» (Ver figura)

Fuente: Reporte mensual sector energético, abril 2022, Comisión Nacional de Energía

Con respecto a la generación eléctrica, el mismo informe indica que durante el mes de marzo de este año en el Sistema Eléctrico Nacional «alcanzó un total de 7.136 GWh, los cuales se categorizan en un 14% de hidroeléctricas convencionales, 53% termoeléctricas y un 33% de energías renovables no convencionales (ver figura)

Fuente: Reporte mensual sector energético, abril 2022, Comisión Nacional de Energía

El aumento de energías renovables implica que esta nueva matriz no estaría cumpliendo con una de sus promesas: el abaratamiento de los valores de la energía y la independencia del país en esta materia.

Por otra parte, el negocio de la distribución eléctrica sigue sin ser abordado en profundidad, solo atacado por el proyecto de ley del gobierno que acudirá con subsidios a las empresas distribuidoras mediante mecanismos ya conocidos y que representan un traslado de dineros públicos a empresas estatales que obtienen grandes beneficios cada año.

De manera importante, cabe señalar que el Estado y sus entidades no tienen ninguna participación en el negocio de la distribución de electricidad en Chile, siendo esta un bien estratégico y que se demuestra en la actual crisis. Hay 9 empresas distribuidoras asociadas a las productoras de electricidad, todas ellas en manos de capitales privados nacionales y extranjeros, destacando el grupo Enel y Public service Enterprise Group, PSEG de Estados Unidos y la CGE (capitales chilenos). Todo ello representa poca capacidad de manejo del sector por parte de reparticiones públicas y demuestra la gran concentración del sector.

Es aquí donde la Fiscalía Nacional Económica debiera actuar de manera atenta y vigilante, como lo está realizando en el caso del negocio del gas. A fines de abril esta institución ya definió que las empresas distribuidoras realizaban cláusulas contractuales para impedir la movilidad de los clientes denominados libres y elegibles dañando la libre competencia, señala: "La investigación fue iniciada de oficio, producto de la dificultad observada para que clientes de menor tamaño obtuvieran contratos de suministro en condiciones comerciales competitivas, y tuvo como objetivo evaluar si esto era provocado por conductas contrarias a la libre competencia de las empresas comercializadoras de energía eléctrica en el país"

Resulta imperativo avanzar en los procesos de descarbonización y, también, aliviar la angustia económica de las familias chilenas, las que se ven fuertemente afectadas por la inflación y necesitan disminuir los costos de la energía, vivienda y los alimentos como cuestiones esenciales en el actual panorama de crisis económica.