Organizaciones socioambientales emplazaron al Servicio de Evaluación Ambiental a pronunciarse por las acciones judiciales impulsadas por la minera de tierras raras Aclara contra defensores ambientales de Penco, tras el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó una sentencia dictada en favor de la empresa.

Este martes se ingresó un emplazamiento a la oficina de partes del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a raíz del Supremazo contra la empresa minera Aclara, la cual busca explotar un proyecto minero de tierras raras en los cerros de Penco.

La acción, interpuesta por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, celebra la decisión de la Corte Suprema donde la entidad revocó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual acogía el recurso de protección de la Minera Aclara contra dos vecinos de Penco.

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En este sentido, indican, «el fallo [de la Corte Suprema] pone en evidencia la falta de rigurosidad con la que actuó la corte inferior al no contar con antecedentes que sustentaron la acusación», por lo que «se sienta un precedente para los movimientos socioambientales al reconocer que la libertad de expresión y el derecho a defender el territorio no pueden ser censurados mediante mecanismos judiciales improcedentes».

Así, «es una señal muy positiva para dejar en claro que la empresa se equivoca y tiene malas prácticas con la comunidad al judicializar a personas con voces críticas a este proyecto minero, y deja en evidencia el mal funcionamiento de una corte de apelaciones que daba un fallo sin tener pruebas de forma arbitraria. Todo intento de callarnos no tiene lugar en la justicia ni en el movimiento social donde llevamos años oponiéndonos a este proyecto», manifestó Camila Arriagada, una de las vecinas contra las que la minera de tierras raras ingresó el recurso de protección.

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A través de un comunicado público, el OLCA señaló que «se espera una respuesta de otras instituciones». Sobre este punto, Lucio Cuenca, director de la organización, enfatizó en que «el proyecto minero de Tierras Raras está siendo evaluado en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las personas atacadas por la empresa son reconocidos ciudadanos/as que participan de los procesos impulsados por la institucionalidad».

De esta forma, señalan, «el Acuerdo de Escazú exige que el Estado, -representado en este caso por el SEA, el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretaría de DDHH y el resto de la institucionalidad competente-, se pronuncie y tome medidas para dar garantías y protección a los mecanismos de participación ciudadana del proceso de evaluación ambiental».