Por Mares Da Costa
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«La concentración del capital continúa siendo el precursor más agresivo que atenta contra formas y estilos de vida tradicionales»

La provincia de Cardenal Caro concentra la totalidad del litoral costero de O’higgins y aproximadamente un 70% de su territorio se corresponde con los denominados "predios rústicos", esto es, latifundios dedicados a faenas agrícolas, forestales y ganaderas que en esta zona encuentran deslinde en el denominado "borde costero", esa escasa "franja imaginaria" que une la multiplicidad de vida presente en tierra y mar y que, al menos acá, aún está en estado natural y, por ende, sin urbanizar.

Topocalma es una hermosa localidad ubicada en la zona costera (y rural) de la Comuna de Litueche, en esta provincia. En este territorio y maritorio, las playas se han caracterizado desde tiempos prehispanos por ser habitadas por "pescadores libres" que, manteniendo una tradición pescadora-recolectora traspasada generacionalmente, permite a sus exponentes dar cuenta aún de la preservación de prácticas de pesca, recolección y extracción de algas marinas, moluscos y crustáceos, similares a las que emplearan los promaucaes, indígenas que habitaron esta zona -por más de 11.000 años- antes de la llegada de incas y españoles.

Aquí, sin embargo, en un territorio que en apariencia tiene poca relevancia para lo que es la reconstrucción de nuestra memoria reciente, se han producido desde tiempos coloniales, pugnas entre pescadores artesanales y hacendados, dueños de extensas propiedades cuyo límite hacia el oeste es el borde costero.

Tales "hacendados", hasta el día de hoy mantienen fuertes vínculos que los ligan históricamente con el poder político y económico, y han disputado en condiciones siempre desiguales con los pescadores, el derecho por ocupar y vivir en las playas que aquí existen y que forman parte de los bienes nacionales de uso público.

Hoy, en Topocalma, la ocupación ancestral de su zona costera hecha por algueros-pescadores, entra nuevamente en pugna, pero ahora contra los intereses del empresario Jorge Gálmez, dueño de Sociedad Topocalma S.A, que adquirió la Hacienda Topocalma en el año 2007, un gran "predio rústico" que tiene como deslinde por el "weste", todo el borde costero de la comuna de Litueche y una parte del de la comuna de Navidad. Acá pretende desarrollar distintos proyectos inmobiliarios de lujo, cuyo slogan de venta viene con la idea incorporada de "playas privadas" y exclusivas, una impopular frase para nuestro imaginario colectivo, en el que las playas figuran aún como bienes cuyo dominio y goce pertenece a todos los habitantes del territorio nacional.

Hasta 2007, la localidad de Topocalma tenía una población de aproximadamente 220 habitantes. Contaba con una escuela, posta de salud e iglesia (todavía en pie). Sin embargo, el proceso de regularización de este asentamiento humano fue truncado luego que el empresario continuara un proceso progresivo y sistemático de hostigamiento hacia los habitantes tradicionales de este lugar, iniciado durante en dictadura.

Este hostigamiento se tradujo finalmente en el desalojo de un grupo importante de personas que habitaban en el predio desde tiempos inmemoriales, tanto por la ocupación que habían hecho sus antepasados pertenecientes al sector pesquero artesanal, como por el trabajo que algunos de ellos habían desarrollado como inquilinos.

Un antecedente manifiesto de dicho proceso de obstrucción y hostigamiento por parte de Gálmez hacia la realización de las  actividades propias de los miembros de las comunidades de pescadores de este lugar, fue el cierre -durante el año 2010- del camino histórico empleado por ellos para acceder a las playas de Los Lobos, Secreto, Topocalma, Hueso de ballena, Punta Santo Domingo y caleta Tumán, siendo una ruta establecida desde tiempos coloniales que permitía conectar por la costa, a las vecinas comunas de Navidad, Litueche y Pichilemu. Como consecuencia de ello, los pescadores llevaron a cabo acciones legales para restablecer la apertura del camino ancestral que atraviesa la Hacienda, lo que se tradujo en una derrota judicial para el empresario, quién en el año 2014 debió reabrir tal ruta histórica.

Sin embargo, su molestia por la presencia de los pescadores no mermó, y el año 2016, empecinado en "desocupar la Hacienda" (y la primera línea frente al mar ocupada legalmente por los pescadores como "servidumbre de pesca") interpuso una demanda por simple precario contra las 7 familias de algueros pescadores que se resistieron al desalojo.

Actualmente sólo quedan 3 familias en pie de lucha, cuyos demandados son Ismael (81); Eladia (71) y Juan (67). Todos pertenecen al rango etario de la "tercera edad", padecen enfermedades crónicas, reciben pensiones básicas asistenciales y complementan su pobreza material con la riqueza cultural que la realización generacional de la actividad pesquera artesanal, ligada principalmente a la extracción de algas (cochayuyo) les ha legado.

Y mientras Gálmez asegura que las últimas casas que se encuentran en pie en esta zona, que testimonian la existencia del pueblo de Topocalma y que son habitadas por los algueros-pescadores, se emplazan dentro de los dominios de su hacienda, por otro lado, la existencia de antecedentes jurídicos que nos remontan a la época de la Reforma Agraria, demuestran lo dubitado de su derecho de propiedad sobre tal espacio.

Pese a ello, los fallos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, le otorgaron el favor a Gálmez omitiendo en definitiva toda la información que daba cuenta de los vínculos y antecedentes jurídicos que sustentan la ocupación de los trabajadores de Topocalma, no sólo de los consuetudinarios sino también de los jurídicos, vinculados al asentamiento «Venceremos».

La pugna surge entonces por establecer quién predomina: la pesca artesanal, como actividad tradicional, arraigada en la costumbre y el uso de espacios ricos en biodiversidad, cuya subsistencia depende absolutamente de la relación que entabla con los hábitats que ocupa, o los intereses de los dueños de las industrias extractivistas del sector privado-empresarial, a quiénes históricamente se les ha hecho una entrega progresiva y concertada de los "recursos" naturales del país (predios rústicos en el caso puntual) en forma de mercancías a título casi gratuito y sin ningún tipo de medida que resguarde los ecosistemas para generaciones presentes ni futuras, siendo un hecho que, como muchos otros en este país, goza del silencio cómplice de quiénes luego de finalizada la dictadura, pactaron con una débil "oposición" el ansiado retorno a la democracia.

Venceremos: un asentamiento de campesinos y pescadores en tiempos de la Reforma Agraria

La Reforma Agraria fue un proceso histórico específico, del cual la señora Uba (Eladia Donoso de 71 años, una de las demandadas por Gálmez) es testigo y parte, al igual que los otros demandados (Ismael Castro Matus de 81 años y Juan González de 67) ya que todos ellos son familiares directos de quienes formaron parte del asentamiento "Venceremos".

Por medio de la Reforma Agraria, -explica la abogada experta en DDHH, Nancy Yáñez  – lo que se buscaba era "garantizar los derechos de las personas que trabajaban sobre los territorios que ocupaban, para de este modo resolver un problema de inequidad producido por la concentración de la propiedad en manos de aquellos que tenían mayor cantidad de dinero y que por tanto utilizaban la tierra y los recursos naturales como bien de capital".

Bajo la lógica de "la tierra es de quién la trabaja" -continúa la abogada- se les hizo entrega de la propiedad sobre la tierra por intermedio de la CORA, tanto a quienes ocupaban la costa de la Hacienda Topocalma, como a los trabajadores, constituyendo el asentamiento "Venceremos".

Para Yáñez, defensora de los algueros de Topocalma, "El Golpe militar cambia totalmente este proceso jurídico y político, confiscando la tierra y los derechos de los pescadores, que en este caso es particularmente grave, por confiscarlas y sacarlas nuevamente a remate.

Es grave porque los integrantes del asentamiento Venceremos dentro del cual están los pescadores y campesinos de Topocalma, concurrieron al remate y alcanzaron a pagar las primeras cuotas que correspondían al precio que el estado fijó por la Hacienda".

Posteriormente -prosigue la experta en DDHH- en un acto que fue totalmente arbitrario,  ese remate se dejó sin efecto, siendo estas tierras transferidas a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), principalmente porque éstas habían sido plantadas con pino y eucaliptus y por lo tanto tenían potencial forestal. "Por eso se entregan a la CONAF, que en esa época era presidida por Ponce Lerou, el entonces yerno de Pinochet que, no sólo ordenó los primeros desalojos de la Hacienda, sino que, además, la vendió a CGE (Compañía General de Electricidad) que, posteriormente, la vendió a Jorge Gálmez en el año 2007".

Topocalma: estatización del predio.

Según cuenta Eladia Donoso, "La Caja" (Nacional de Ahorros) había hecho casas a la gente que vivía y trabajaba tanto en el interior de la Hacienda, como en la costa. Éstas fueron entregadas a los habitantes de Topocalma por la CORA (Corporación de la Reforma Agraria) y estuvieron en pie hasta antes de la llegada de Gálmez, quién literalmente borró todo vestigio de la existencia del asentamiento, al destruir y enterrar las casas, cada vez que lograba expulsar, convencer o engañar a quiénes en ellas habitaron, señala Eladia.

Respecto a la Caja Nacional de Ahorros, Hernán Millas Correa, reconstruyendo lo que fuese la historia de un "pasado glorioso" del Banco del Estado, señala que efectivamente:

"La Caja pasó a ser dueña de vastas propiedades. En 1945 se adjudicó en subasta pública las haciendas Hidango y Topocalma, situadas en la provincia de Colchagua (...) Topocalma, más cerca del balneario de Santo Domingo, poseía siete mil 600 hectáreas. Ésta resultaba la mejor adquisición: tenía mejores tierras cultivables y un gran porvenir turístico por su accidentada costa y sus bellas playas (...). (Millas, s/f: p 169)

Sin embargo, pronto cambiaría este panorama y Topocalma, entrada en vigencia la reforma agraria, sería entregada a los trabajadores:

 (...)  En 1972, los inquilinos de la hacienda, agitados por la extrema izquierda, se tomaron el predio y expulsaron al administrador. La Cora expropió la hacienda, cancelando al Banco del Estado la reducida suma de diez millones de escudos (unos 900 millones de pesos en 1995). Por cada hectárea se pagó poco más de mil 310 escudos, alrededor de 118 mil pesos de 1995". (Millas, s/f: p.170)

Esto hasta que, por medio del golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 se viniera a revertir esta situación, materializando la privatización del predio mediante la disolución de la CORA, pasando esta institución a manos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que finalmente expropiará la hacienda a los trabajadores y pescadores que formaron parte del asentamiento Venceremos.

Hacienda Topocalma después del golpe de estado: un predio estatal traspasado a manos de corporaciones privadas

Una vez disuelta la CORA, será CONAF[1], empresa privada, que posee en su haber la administración de Reservas y Parques Nacionales (así como predios rústicos deforestados con la plantación de pinos y eucaliptus) quién venderá la Hacienda Topocalma a CGE (Compañía General de Electricidad Distribución S.A. o CGE Distribución S.A) a mediados de los 90'.

¿Haciendo uso de qué facultades? Esa, es otra nebulosa de la historia de la transición, enterrada por el pacto que, silenciando el saqueo llevado a cabo durante la dictadura militar, ha prolongado en el país una falsa estabilidad democrática, negando a la opinión pública -ya en dos oportunidades- los resultados de los informes de las investigaciones llevadas a cabo por miembros de las Cámaras de Diputados en los años 1991 y 2005[2] respectivamente, que dan cuenta del clausurado tema de las privatizaciones y expropiaciones, ventas y arreglines hechos durante el período 1973-1990, dentro de los cuales Topocalma es un caso más.

Respecto a tal proceso, se debe señalar que el ex ministro vicepresidente de Corfo, René Abeliuk, fue explícito al referirse al pacto de silencio mediante el cual se negaron a dar a conocer a la opinión pública, las conclusiones de la Investigación de 1991

"La decisión del Gobierno fue mirar hacia delante y no hacia atrás. Si el Gobierno hubiese iniciado un pleito con los empresarios, habría sido una señal económica confusa. ¿Consecuencias? Las inversiones se habrían paralizado".

Pero vamos por parte. ¿Quién estuvo encabezando el proceso de expropiación de las principales empresas estatales durante el período de dictadura en Chile? Pues el mismo agente clave, señalado en el citado Informe de 2005[3]: Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet.

En este informe se señala que "Ponce (Lerou) inició su camino al éxito empresarial en 1974, como empleado público, en la presidencia de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). En esa función se adjudicó miles de hectáreas de terrenos expropiados por el proceso de Reforma Agraria de los Presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, y que fueron rematados a particulares"

Sí, Julio Ponce Lerou, tiene un prontuario que lo liga con ventas irregulares (que lo enriquecieron ilícitamente) de predios expropiados por él cuando presidía la Corporación Nacional Forestal, y sí además, según lo que testimonia Eladia, fue el propio Ponce Lerou quién impidió a los miembros del asentamiento "Venceremos" terminar de pagar las cuotas para regularizar el traspaso de la Hacienda hecho por la CORA, cambiando la fecha dispuesta para realizar el pago diciendo después que, simplemente, los campesinos y pescadores que formaban el asentamiento no concurrieron a pagar. Podemos intuir que algo "huele muy mal" y que lo que sucedió con la Hacienda finalmente fue resultado de las irregularidades propias de los negociados hechos a espaldas de la opinión y la cuenta pública.

Después de ese hecho, cuenta Eladia, "entró Conaf (...) Ponce estaba al mando (..) luego dijeron que Conaf se iba a terminar y llegaron los de la firma CGE, diciendo que el fundo lo habían comprado (..) y vaya a saber si fue así o no, ese es otro negocio que hicieron entre ellos".

Comenzaba con esto el proceso de expropiación que privatizaba gran parte de lo público, no sólo en Topocalma, sino en el país, avecinando un actuar que caracterizará el itinerario de un quehacer político de transición que se acomodaba a los mandatos heredados de la dictadura, que pactando el retorno a la democracia anticipaba la llegada de una justicia en la medida de lo posible.

Los algueros pescadores: una expulsión territorial que vulnera sus derechos humanos

Eladia Donoso Bustamente, de 71 años, es la cuarta generación de mujeres (de seis) dentro de su familia, que dedicó su vida al trabajo en la mar. Su bisabuela vivió 114 años en Topocalma; su abuela 108; su madre 87. Algueras del cochayuyo principalmente, sus raíces históricas remontan a la ocupación ancestral del territorio y uso del maritorio del litoral costero en la localidad de Topocalma, desde tiempos coloniales.

Ella, desde el año 2016, junto a Ismael Castro Matus (81 años) y Juan Gonzáles (67 años) se encuentran demandados por el empresario Jorge Gálmez, por lo que en derecho se conoce como juicio precario, término que -según consta en el Código Civil- hace referencia a "la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o por mera tolerancia del dueño". Lo que Gálmez busca con este juicio es -señala Eladia- finalmente "expulsar a los últimos herederos del asentamiento "Venceremos", para -quizás- poder reclamar como suyos los dos paños de 25 has aproximadamente, que fueran excluidos de la propiedad de la Hacienda Topocalma por la CORA en 1971", donde los algueros tienen sus casas desde hace más de 35 años.

Sin embargo, a partir de los antecedentes recopilados por la abogada experta en Derechos Humanos, Nancy Yáñez Fuenzalida, para la defensa de Eladia, Ismael, Juan y de todos aquellos que formaron parte tanto del asentamiento venceremos, como de aquellos que tradicionalmente han sido parte del sector pesquero artesanal en la zona, insistimos en la tesis de que el predio que ocupan actualmente las casas de las familias demandadas, no son de propiedad de Gálmez, aunque hayan sido saneados por el sólo ministerio de la ley de los mismos que saquearon los recursos naturales del país durante la dictadura cívico-militar de 1973.

Las familias afectadas por el desalojo son pescadores artesanales, mariscadores y recolectores de orilla que viven y trabajan en la ribera de la playa de Punta Topocalma, sector que según sostiene la defensa de los demandados, no forma parte de la Hacienda Topocalma de propiedad del demandante.

"Se trata de un asentamiento de familias que integran estas organizaciones de pescadores artesanales radicadas en el sector Punta Topocalma por generaciones, de tipo permanente, de antigua data y siempre con ánimo de dueños y señores hasta antes de la llegada de Gálmez", señala la abogada experta en DDHH, Nancy Yáñez.

En Chile, -continúa explicando la abogada- el derecho a la propiedad privada tiene un espacio exorbitante dentro de la Constitución y los ocupantes de propiedades privadas, salvo los ocupantes pertenecientes a pueblos indígenas, están en condiciones extremadamente vulnerables y por eso es que los pescadores-algueros de Topocalma se encuentran en condiciones de tanta precariedad, cuando Gálmez intenta ejercer su derecho de propiedad.

Y como se puede ver, de los fallos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ésta le otorga el favor  Gálmez, omitiendo en definitiva todos los antecedentes que se presentaron como pruebas vinculados al asentamiento ´´venceremos´´, que hablan de que, en el contexto de la constitución del asentamiento, la Corporación de Reforma Agraria (CORA) mantuvo una reserva (dos paños de 25 has aproximadamente), que no fue incluida dentro de la expropiación de la Hacienda Topocalma y que por lo tanto, no formaría parte de la Hacienda, hecho que serviría de sustento también a las ocupaciones de los pescadores.

"La Corte de apelaciones de Rancagua omitió esto, dando cuenta de que el derecho indubitado era el derecho de propiedad y aplicó entonces las normas en función de privilegiar el derecho de propiedad de la Hacienda sobre los derechos de los pescadores artesanales", concluye enfáticamente la abogada que representa a los pescadores artesanales desde el año 2014.

Los pescadores artesanales de Topocalma aún se encuentren a la espera de la respuesta de un Recurso de Casación que busca revertir el fallo que ordena su expulsión del suelo que ocupan con sus casas y enseres. Sin embargo, como el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Gálmez ha solicitado el auxilio de la fuerza pública para la ejecución forzada de los fallos y de esta forma proceder al desalojo de los pescadores, lo que constituye una clara sentencia de muerte para éstos, considerando el actual contexto de un pandémico coronavirus.

Pese a lo anterior la abogada Nancy Yáñez es optimista, y señala que "la Corte suprema debiera revertir esto, porque el derecho de propiedad de Gálmez, no es indubitado como pretende la Corte de Apelaciones de Rancagua: él no tiene propiedad sobre la zona costera donde se asientan los pescadores artesanales, porque ellos están ocupando además la reserva de propiedad que constituyó la CORA (Según consta en el Informe N°1150 de 20 de mayo de 1971 de esta entidad) que no forma parte de la Hacienda Topocalma".

En estas circunstancias, debiéramos revertir el fallo, -continúa- y si no se revierte el fallo, este caso debiera ir a instancias internacionales, en donde, aplicando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debiéramos revertir, en definitiva, el desalojo de los pescadores.

"Evidentemente, eso es un tremendo y largo proceso, pero creemos que, vale la pena hacerlo, porque si bien quizás no va a favorecer a las personas que hoy están afectadas por el desalojo, que es gente muy mayor, sí va a favorecer a sus descendientes". 

Sin embargo, el proceso legal que posibilita la venta y "desocupación del borde costero" sigue en marcha y los algueros y pescadores de Topocalma (así como los pescadores artesanales a lo largo del país) serán -de no detenerse esta irracionalidad- las víctimas visibles de un proyecto de desarrollo que trae consigo el proceso modernizador de occidente, que con su afán de ganancia y sus industrias, sepulta, destruye y aniquila no sólo la biodiversidad marítima-costera, sino a los habitantes tradicionales de los territorios y sus saberes, y con ello su forma de vida y costumbres, no sin antes atropellar sus derechos básicos a una vida digna, al trabajo y a poder seguir desarrollando ellos y sus descendientes las labores propias de su actividad.

Y es en virtud de ellos, de la defensa de su derecho a mantener y prolongar su identidad y de la puesta en valor de su milenaria actividad, que continuaremos develando las injusticias acarreadas en siglos de un quehacer gubernamental y legal, que aún en democracia sigue demostrando las enormes brechas sociales existentes en uno de los países más desiguales del mundo.

[1] La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. Según consta en el sitio web de la entidad.

[2] Informe de la Comisión Investigadora, sesión 55°, en 2 de noviembre de 2005. Documentos de la cuenta N°13.

[3] Ibidem.