Según aseguran desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), la moción presentada por el gobierno no soluciona los problemas estructurales y de fondo que poseen tanto la ciudadanía como las agrupaciones que ejercen labores en el área. Además, establecen que no cuenta con financiamiento.

Por Christopher Cortez

Este miércoles 20 de enero, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas/os realizó la sesión de presentación y argumentación del proyecto que contempla la creación de una Defensoría de Víctimas de Delitos donde, debido a la extensión de la jornada, se determinó aplazar la votación para aprobar o rechazar la idea de legislar.

Dicha Comisión se encuentra compuesta por las diputadas y los diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo González, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Paulina Núñez, René Saffirio y Leonardo Espinoza, siendo presidida, a su vez, por Matías Walker.

¿De qué se trata? Según se explica en el Diario Constitucional, el proyecto crea una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos.

La iniciativa presentada por el presidente Sebastián Piñera, "nació muerta, porque no tiene financiamiento. Establece nuevas líneas de atención pero no se hace cargo de la precariedad, infraestructura deficiente, hacinamiento, carencia de medios tecnológicos y otros. En definitiva, no plantea ninguna solución efectiva", comenta a RESUMEN Marcelo Inostroza, vicepresidente de FENADAJ.

Sin embargo, desde la Federación aseguran que "es necesaria una nueva institucionalidad", pero no de esta forma. "A día de hoy en la Defensoría de Víctimas, junto a los centros del Ministerio del Interior, atendemos a miles de personas, pero la demanda potencial es de más de un millón y medio. ¿Cómo saltamos a eso con los recursos que tenemos? No hay posibilidad de hacerlo", añade.

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Es por ello que, en desmedro de la idea del Ejecutivo, buscarán abrir "un debate, que dimensionemos los problemas y que definamos los criterios técnicos, pero con recursos y estudios, de forma tal que lleguemos con una oferta de calidad y digna para la gente".

Por otro lado, según relata Inostroza, no se consideró la voz de la ciudadanía en torno al debate previo. «El proyecto lo dio a conocer el presidente el domingo 3 de enero. Media hora antes nos entregan un correo en el que nos anuncian que se iba a poner en conocimiento del país. El martes siguiente recién pudimos tener acceso a este, por nuestros medios, y tuvimos una reunión con el secretario donde expresamos que no estábamos de acuerdo«, cuenta. 

Dicha situación la considera grave, puesto que no quedó otra alternativa que asistir a la Cámara para argumentar en su rechazo. En la misma línea que sigue FENADAJ, durante la sesión del jueves se manifestó una opinión crítica de forma unánime por parte de técnicos y académicos, ya que la moción carece de forma y fondo. Incluso, el propio presidente de la Comisión le pidió al ministro de Justicia que se hiciera cargo de las falencias.

Otra arista del plan, es que contempla un Consejo Nacional que va a definir las políticas públicas, pero está integrado ad honorem por distintas autoridades: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, y más, hecho que califican como una reedición de un modelo de desconexión con la realidad. Eso sí, a través de las fuentes oficiales, señalan que dicha facción integrará también a representantes del mundo académico y la sociedad civil.

¿Y si es aprobado? El paso a seguir será la discusión en la Cámara de Diputadas/os. De lo contrario, tampoco muere del todo. Esto, producto de que se puede ingresar directamente a la Cámara o, incluso, al Senado, escenario eventual que Inostroza califica como "impresentable".

Por último, Inostroza explica la desazón de ellos como integrantes de la Federación, considerando que han presentado cuatro proyectos previos, los cuales no han fructificado por falta de financiamiento. Además, acusan que se les ha invisibilizado en una tarea fundamental para la convivencia en el país.

Remarca que con esto no se busca "resolver las verdaderas necesidades tanto de los trabajadores del área como de la ciudadanía en general". Si la lógica impera, dice, debería ser aplazada la votación hasta que se mejore el proyecto o, derechamente, conseguir el rechazo.