[resumen.cl] En marzo del próximo año, el Gobierno debe cumplir con el Decreto con Fuerza Ley n°35 que le ordena la nivelación de grados del escalafón funcionario entre trabajadores/as del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Si bien, en ello tienen puestas sus expectativas quienes laboran en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, pues sufren una desventajosa situación en tanto se encuentran en grados menor pagados que sus pares del resto del MINCAP, se han percatado que la solicitud presupuestaria para el año 2022 no consigna los recursos para cumplir con tal obligación.

Este jueves, en una sesión en el Senado, el Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Maillet, fue consultado por el diputado Marcelo Díaz respecto al motivo de la ausencia de un ítem presupuestario para cumplir con el DFL35, ante lo cual otorgó respuestas que motivaron dejar pendiente la aprobación de tal partida presupuestaria hasta que se explicite el presupuesto destinado a tal obligación.

Horas después de esta sesión, la Asociación Nacional de Trabajadores/as del Patrimonio (ANATRAP) se reunió con Carlos Maillet y la ministra de la cartera, Consuelo Valdés, donde, de acuerdo a su comunicación, se enfatizó en tres ejes:

-Asegurar la asignación presupuestaria para la nivelación de grados antes que se cumplan los plazos máximos establecidos (1 de marzo de 2022).
– Observaciones al hito 3 de encasillamiento, donde aquellos que han optado a una planta ven truncado a futuro las posibilidades de mejoras de grado.
– El aumento del presupuesto SERPAT, dando prioridad a mejorar las condiciones dignas de trabajo de las unidades ya existentes para su funcionamiento programático y misional (sobre todo aquellas que históricamente arrastra problemas desde que eran DIBAM).

Ante las consultas de Resumen, el presidente regional del Biobío de ANATRAP, Pablo Torres Díaz, explicó:

«La situación que vivimos trabajadoras y trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, es la consecuencia de todo el desastre político de la transición, especialmente de los gobiernos Bachelet-Piñera. Se nos impuso un Ministerio y un supuesto Servicio Autónomo de Patrimonio, luego de desconocer todo el trabajo entre gremios y autoridades, para definir la estructura del nuevo Ministerio. Esa falta de respeto y atropello indignó a quienes trabajaban en la ex DIBAM y les obligó a realizar la única paralización de funciones de la que tenía registro, la cual se extendió desde diciembre del 2015 a enero del 2016.

Sabíamos que el diseño del nuevo ministerio y del nuevo servicio era desastroso, que haría aguas apenas comenzara a implementarse. En el caso de la DIBAM, que pasaba a ser Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, todos los cargos nuevos que contemplaban eran jefaturas, cuando la realidad, especialmente en regiones es de una pobreza inmensa de personal en las unidades.

La presión de la autoridad, la cooptación por parte del entonces gobierno de la Concertación de algunos dirigentes con militancia en tales partidos, así como el momento del año en que se desarrolló aquel movimiento, nos obligó a negociar la bajada del paro, consiguiendo básicamente dos cosas: la primera, que la construcción de reglamentos y todo lo que viniera tras el inició de la ley debía ser con la participación de los gremios. La segunda, un acuerdo de mínimos para quienes trabajaban en la ex DIBAM, comenzar a poner fin de la odiosa desigualdad salarial, arrastrada por años, entre aquellas personas que trabajaban en Cultura, cuyo piso en el caso de los profesionales era el grado 12 y quienes trabajaban en Patrimonio con pisos profesionales en grado 17. Tengo que aclarar que mientras mayor es el grado, menor es el salario en la escala de remuneraciones de los trabajadores público.

Desde la implementación de la Ley ninguno de estos puntos se ha cumplido, los gremios han sido excluidos de tomas de decisión ante la arrogancia de las autoridades. El proceso de nivelación, nunca ha sido implementado, el propio proceso de creación de las plantas de trabajadores del nuevo ministerio está detenido, a pesar de estar consagrado en la Ley (DFL 35) que los y las profesionales por ejemplo serian nivelados a un piso de 12 a cuatro años de la creación del nuevo ministerio y servicio, el cual se cumple el 1 de marzo del 2022.

Lejos de nivelar a alguien, nuestras unidades han visto la pérdida de funcionarios, las jubilaciones no son repuestas, se incluyen nuevas funciones en regiones para el escaso personal que sigue anclado a remuneraciones injustas.

Hoy cuando se discute la ley de presupuesto para el próximo año, nos damos cuenta que nuestras autoridades no solicitaron recursos para cumplir con lo que mandata la ley, los propios parlamentarios, tanto de la comisión de Cultura primero, como en la sala después cuando se discutió la partida presupuestaria correspondiente a Cultura, se lo hicieron ver, cuánta plata necesitan para cumplir con los compromiso, pero estas responden que nada.

¿Qué pretenden? cumplir los compromisos a medias, desvistiendo un santo para vestir otro, en la última sesión de la comisión de cultura el subsecretario del Patrimonio Emilio de la Cerda, defendiendo su cuestionada gestión, saca a relucir el plan Lota, sin embargo, este viernes nos acabamos de enterar que no hay recursos para el Archivo de Enacar, declarado este año Monumento Histórico Nacional, lo que implicaría lanzar a la calle a cuatro compañeres.

Nosotros no permitiremos que se hagan algunas mejoras a costa del despido de trabajadores precarizados/as como nuestros/as compañeres a honorarios y seguir abandonando el patrimonio histórico de nuestro país, demandamos el cumplimiento de los acuerdos, que por lo demás son ley de la república. Si en algún momento pensamos que todo el diseño estaba mal, y que se sucederían los problemas durante la implementación, jamás pensamos que una administración pudiera ser tan ineficaz y llevarnos a esta situación tan dramática. Ni en sus peores años la DIBAM vivió una crisis como esta.»

Servicio Nacional del Patrimonio .