Mayo empieza con el Primero, y  con este pretexto apuntaremos ciertas aspectos de la coyuntura referida a los trabajadores, su situación laboral y organizativa. 

Las últimas semanas han estado marcadas por las movilizaciones de algunos de los gremios más determinantes en la economía chilena; los portuarios y los trabajadores del cobre. Ante éstas, la clase empresarial ha manifestado una ola de opiniones destinadas a la búsqueda de mecanismos que salven de riesgos lo que hasta ahora poseen. 

Diagnóstico Icare 

El martes 16 de abril, buena parte del empresariado, representado en Icare (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas) se reunió en una instancia llamada «Perspectivas y Desafíos de las Relaciones Laborales». Ahí sus expositores plantearon cuestiones que vale considerarlas al momento de caracterizar la situación de los trabajadores. 

En primer lugar, uno de sus expositores planteó una cuestión de perogrullo, pero el hecho de ser expresada indica la importancia que reviste: "En los temas laborales lo peor es reaccionar. Hay que trabajar anticipándose". Para el empresariado reunido aquí, hay principalmente dos manifestaciones preocupantes: Que los trabajadores no sienten propia la prosperidad empresarial y que están siendo representados por «liderazgos espontáneos y transitorios que dificultan el respeto de los acuerdos», según publicó el diario La Tercera. 

Respecto a la no identificación con el proyecto empresarial, proponen que se modifique el Código del Trabajo para darle mayor protagonismo a los incentivos laborales, es decir, aún más flexibilidad salarial. También proponen que cambie el cálculo de gratificaciones que, hasta ahora supone que el 30% de las utilidades anuales de una empresa debería ser distribuido entre los trabajadores, aunque con un tope máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Es decir, como máximo la gratificación puede ser de $916.750, distribuidos en 12 meses, si es que eso durara, por lo menos, el contrato laboral. 

Como forma de hacer sentir partícipes a los trabajadores de estas ganancias, los estrategas de Icare, proponen disminuir el porcentaje de utilidades destinadas a las gratificaciones a un 10%, "u otro monto", de manera de eliminar la «letra chica» que fija el tope de un máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales por trabajador y así aumentar esta cantidad variable. 

Las ideas de Icare en ningún caso expresan intenciones de ceder. El aumento de la flexibilidad salarial como alternativa, confirma la tendencia capitalista de convertir el salario en un factor que no aumente los costos de producción y que sea el resultado de la competencia entre los trabajadores. Más aun, evocar la gratificación como método de hacer «chorrear» las ganancias de los jefes a los peones, en un país donde el ocultamiento de las utilidades se hace bajo procedimientos institucionales, es una burla. 

Respecto a las movilizaciones coordinadas que demostraron trabajadores portuarios y del Cobre, no ocultan su desconcierto. El hecho que los dos gremios hayan realizado, aunque con distinta duración, paralizaciones organizadas a partir de su rama productiva, les genera un escenario extraordinario, pues hasta el momento los únicos que habían realizado este tipo de acciones habían sido los trabajadores públicos y también los portuarios a principios del 2000. 

El Código Laboral contempla el derecho a huelga para quienes la hacen al interior de una empresa, en el marco de una negociación colectiva. Desde Resumen hemos podido constatar que gran parte de estas huelgas finalizan de manera dramática para sus protagonistas, pues las empresas en el momento de comenzar la negociación ya han fijado sus ofrecimientos, teniendo 15 días de plazo para responder. Luego que la empresa declara que no otorgará lo demandado, la comisión negociadora (según lo mandata la ley) debe llamar con 5 días de anticipación a una votación donde los trabajadores decidirán si aceptan la respuesta del empresario o realizan una huelga. Si votan por la huelga, podrán comenzarla 3 días después. 

En toda esta tramitación, el empresario ha tenido 18 días en los que ha podido buscar los rompehuelgas suficientes para no perder ganancias. La contratación de rompehuelgas es barata: lo que piden no es más de lo que le pagan a los huelguistas y el único gasto extraordinario es el pago de 4 UF ($91.612) por cada uno de ellos al sindicato. 

Si las huelgas que hoy se emprenden tuvieran la cualidad de ser coordinadas con los sindicatos del mismo rubro, la contratación de reemplazantes sería mucho más difícil (principalmente por la presión ejercida por una mayor cantidad de huelguistas) y la pérdida económica para los empresarios de área sería notoria, ya que difícilmente otros podrían sustituir el servicio.

Este fue una de las cualidades determinantes de las paralizaciones portuarias y mineras, por eso las calificaron de ilegales y, en el caso del paro portuario, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, llamó al Gobierno a aplicar el artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado que indica que «toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos, o de utilidad pública, o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio… constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio…» 

En el caso de los paros portuario y minero se visualiza una fisura de la cultura sindical, pues se han incorporado nuevos discursos y prácticas que han sido posicionadas por un sector interesado en la transformación social, obligando al sindicalismo burócrata y patronal a sumarse, si no quiere perder presencia. 

Por prácticas y discursos nuevos podemos destacar: 

-La solidaridad. Los obreros de la mayor cantidad de puertos del país se sumaron a la paralización que fue iniciado en el puerto Angamos de Mejillones. Su demanda inicial era que se reservarán 30 minutos del turno para poder comer, sin embargo, la prepotencia de la empresa Ultraport generó el crecimiento de la movilización hasta un paro nacional. Esto ocurrió cuando en el desalojo ordenado por la empresa, carabineros hirió de gravedad a un representante sindical, al tiempo otros trabajadores denunciaron haber sido torturados en el cuartel policial donde fueron llevados luego de su detención. La represión continuó, Ultraport se querelló en contra de algunos de los obreros movilizados y desvinculó a representantes sindicales. 

El paro en solidaridad de Angamos duró 10 días para los portuarios de la Región. La acción concluyó el 5 de abril, cuando Ultraport desistió de las querellas, reintegró a los obreros y otorgó un bono de colación de $3.600 por turno, aunque sin los 30 minutos. Para la Unión Portuaria del Bío Bío, la razón del paro «no era de índole económico, sino de respeto y dignidad». 

-El interés por la proyección sindical, no sólo se manifiesta en la solidaridad, sino que también en la integración de diferentes actores y demandas, antes ausentes. Los trabajadores del cobre realizaron un paro de 24 horas el 9 de abril, uniéndose contratados de Codelco, mineras privadas y subcotratados. Las exigencias de estos van desde el fin de la inestabilidad laboral y el respeto a los contratos colectivos; la reformulación del sistema de AFP; la renacionalización de recursos mineros y una mayor industrialización de lo que se exporta. 

Aparece aquí un interés por lo nacional, pues la pauperización que sufren los trabajadores al momento de jubilar, con una pensión del 40% de su salario promedio, alarma a cualquiera. Además, sindicatos buscan sintonizar con las demandas sociales de renacionalización de los que se consideran «recursos naturales» como forma de financiar las exigencias que han sido negadas, argumentando que no existen fondos. 

Para los intelectuales de Icare, este conjunto de nuevos elementos se reduce a un problema de líderes, pues creen que el resto obra según sus propias concepciones. Así, como creen que protagonizan la economía nacional, piensan que los que la desestabilizan son también un exclusivo grupo de dirigentes. Sin embargo, la realidad habla de un protagonismo colectivo, y que estas reivindicaciones son expresión de la necesidad de millones de trabajadores chilenos. 

Datos 

a.- En Chile, la sindicalización es bajísima, menos aún son los trabajadores que negocian colectivamente y estas negociaciones no garantizan mejoras. Según el investigador Gonzalo Durán (Fundación Sol), la tasa de sindicalización para fines del 2011, fue del 13,9%, lo que representa un retroceso en comparación con la de 1972 que fue cercana al 33% de los trabajadores. 

Junto con esto, las negociaciones colectivas parecen un derecho sólo de un 11% de asalariados y según el mismo investigador, el reajuste real que los trabajadores lograron entre 1999 y 2009 no superó el 1%. Gran parte de los resultados de las negociaciones colectivas, sólo cubren el reajuste del IPC, sin conquistar aumentos salariales. 

Es así como, la distancia entre empresarios y trabajadores se agranda, llegando a situaciones escandalosas como fue la publicación de un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chile, llamado La 'parte del león': Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile. 

Este informe se diferencia de los anteriores por el hecho de que la información la recoge del Servicio de Impuestos Internos (SII) y no de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) como ha sido hasta ahora en este tipo de estudios. A pesar de que los investigadores reconocen que las declaraciones de renta en Chile, no representan la totalidad de ganancias que tienen las personas que concentran mayores ingresos en el país, la información que lograron sistematizar fue más tajante, en materia de desigualdad, que la de los estudios anteriores. 

La participación de los distintos grupos de ingresos en el ingreso total declarado (nacional) según datos del SII, arrojó los siguientes resultados:

-Que "el ingreso per cápita del 1% más rico es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población".

El 1% más rico está compuesto por 83.493 de contribuyentes. El 81% más pobre está compuesto por 6.635.143 de contribuyentes. Pero, además esta gran franja registra un ingreso mensual promedio de $161.619, recibiendo sólo el 34,4% del ingreso total. 

Con cifras que incluyen algunos de los procedimientos financieros que no son declarados como ganancias, los investigadores concluyen que, en el marco de los años 2005-2010:

– el 1% más rico se apropia del 30,5%; dentro de éste 1%, el 00,1% lo hace con el 10,1% del ingreso total del país. En una columna publicada en Ciper, los investigadores aclaran que este 00,1%  representa a unas 300 familias.

– La concentración de los ingresos que se muestra en este estudio supera a la de todos los países consultados, tales como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, España, Suecia. Es más, en el caso de EE.UU, que le sigue a Chile en cuanto a concentración del ingreso, el 1% más rico concentra el 21%. 

En cuanto a la discusión del salario mínimo, los investigadores apuntan en la misma columna que: "Según los datos del SII el ingreso promedio del 99% de los chilenos equivale a 1,76 veces el salario mínimo actual, lo que significa que el  99% de los chilenos tiene un promedio de ingresos de $339.680. Elevando el sueldo mínimo a $200 mil, ese promedio subiría a $340.000. Es decir, menos de $400. 

Por otra parte, en la actualidad el ingreso promedio del 1% más rico equivale a 71 veces el sueldo mínimo actual, es decir $13.703.000. Subiendo el sueldo mínimo en los $7 mil propuestos por el gobierno, el promedio del 1% bajaría a 68,5 veces el sueldo mínimo actual". 

b.- En cuanto a la salud de la población y en especial de los trabajadores, la pasada Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 (ENS)  fue categórica en relacionar la presencia de la mayor cantidad de patologías y problemas sanitarios con la población más pobre del país. Así, el exceso de peso; la diabetes; el bajo consumo de frutas, verduras, pescados y mariscos; enfermedades cardiovasculares; problemas respiratorios y digestivos crónicos, necesidad de prótesis dental y otros trastornos, se encuentran en la población que registra menos años de estudio. 

El reciente informe sobre "prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas en trabajadores chilenos", emitido por la ACHS, a pesar de su estrecha muestra, expresa conclusiones que están en consonancia con datos publicados por otras entidades anteriormente. Según el estudio, el consumo de psicotrópicos ha aumentado de 8.9% a 10.8%, entre el 2010 al 2012. 

El consumo de fármacos que alteran el estado de conciencia de las personas se ha naturalizado para muchos trabajadores, llegando a depender de éstas para mantenerse funcionales en el sistema laboral. Gran parte de ellos son quienes presentan lo que los psiquiatras llaman "trastornos depresivos" y que en la ENS obtuvieron un 21,1% de prevalencia entre los encuestados (que declararon haber autorreportado alguna vez en la vida, síntomas de depresión). 

El aumento de problemas de tipo mental entre los trabajadores tiene una de sus expresiones en una de las aristas más dramáticas que tiene el sistema de salud actual: las licencias médicas. Estos problemas de tipo mental, hace años que se disputan el trono con las enfermedades músculo-esqueléticas y en algunos años han llegado a representar el primer lugar. 

Para los trabajadores, la inhabilitación no sólo es una desgracia por los gastos que ella implica, sino que por el no pago de los días que estuvo en reposo. Esta situación ha gatillado sucesivos intentos de suicidio en la Compin de Concepción, contabilizándose al menos cuatro desde 2009. En septiembre de 2010, los trabajadores de la Compin penquista llamaron a su ramada «El Suicidio». 

Mercancías y alternativas 

Seguir abundando en desgracias no tiene sentido. El malestar que caracteriza la vida de los trabajadores chilenos no tiene ya que probarse, porque se vivencia. Las capas que antes tuvieron una situación mejorada, como lo fueron los profesionales y técnicos, hoy viven el desengaño de promesas de bienestar incumplidas. 

No obstante, el malestar y el desengaño se vuelven frustración individual. La débil existencia de espacios y organizaciones sociales donde se pueda reconocer esta situación como común y que posibiliten la búsqueda de alternativas colectivas, propicia que sean los sujetos quienes absorban las consecuencias de un sistema económico que traiciona sus propias promesas, y que además sean ellos mismos quienes lo reproducen. 

El capitalismo establece mercancías destinadas a satisfacer nuestras necesidades. Al tiempo que nos obliga a pagar por ellas en la mayoría de los casos, nos configura una forma de vivir funcional a su reproducción. El hecho que los trabajadores contemos con, cada vez, menos espacios de autonomía para satisfacer nuestras necesidades a nuestro modo, nos transforma progresivamente en sujetos dependientes de lo que pueden hacer otros, bajo sus propósitos de clase. 

El surgimiento de una cultura de transformación social está determinada por la organización de personas capaces de poder plantearse problemas comunes y ofrecerse alternativas auténticas. En este sentido, las paralizaciones portuarias y mineras recientes muestran un desmarque incipiente de la cultura sindical arrastrada desde los ’90, lo que sin duda ha descolocado a los de Icare, que ven un severo riesgo en que los trabajadores recuperen la capacidad de comunicarse, proponer y atreverse.