Entre las demandas del gremio de trabajadores y trabajadoras de la Corporación de Asistencia Judicial se encuentran, por una parte, la homologación de sus salarios a nivel nacional, y por otra, la necesidad de bajar su carga laboral, la que muchas veces tienen a un mismo abogado revisando más de 500 causas al mes, afirman. La intransigencia de la Subsecretaría de Justicia frente a su petitorio, agregan, solo está perjudicando a la población más vulnerable del país.

Por JC Contreras Jara

Cincuenta y cinco días de Paro Nacional cumplen los y las trabajadoras de las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes en el país, acusando el desconocimiento de acuerdos firmados con la Subsecretaria de Justicia durante el segundo semestre de 2023 y que, a la fecha, aun no ven su implementación, por ejemplo, en materia de homologación de salarios.

Fue en marzo de este año que nuevamente se movilizaron en la CAJ, justamente debido a la tardanza y bajísima oferta por parte del ministerio de Justicia para el financiamiento de las corporaciones a nivel país.

Así lo manifestó a Resumen Marcelo Inostroza, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, quien explicó en dos bloques las motivaciones del paro: diferencia de sueldos y sobrecarga laboral.

Te puede interesar| Corporación de Asistencia Judicial en paro por precarias condiciones laborales

Homologación salarial

«Por un lado, hay un tema de demanda funcionaria y eso tiene que ver con un protocolo que se firmó en agosto de 2023 con el entonces subsecretario de Justicia, hoy ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ahí se estableció avances en lo que tiene que ver con las remuneraciones. Tenemos gente que realiza un trabajo en Punta Arena, un abogado, por ejemplo, y otro que realiza la misma pega y la misma jornada en Concepción y ganan distinto, con diferencias sustanciales, del 30% o 40%», declaró el dirigente. Agregó que, por eso, «iniciamos un proceso de homologación de remuneraciones, que por lo demás tiene sustento legal, está establecido en la Ley de Bases del Estado, en el artículo 50 de la ley 18.575».

Son alrededor de tres mil las y los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial a nivel nacional. De estos, se partió primero con los estamentos no profesionales, es decir, técnicos, administrativos, secretarios, auxiliares, conductores, etc. Con este mecanismo se beneficiaron aproximadamente seiscientos funcionarios, detalló el dirigente, pero quedaba aun el grueso que son los profesionales. Pese a que el acuerdo incluía que durante 2024 se trabajara en el presupuesto que abordaría una primera fase de esta homologación profesional y este se pondría en marcha en enero del presente año, a la fecha, no hay nada concreto.

«Lo cierto es que recién en marzo, cuando nosotros anunciamos movilización se hizo una primera oferta al gobierno, que eran 1.200 millones de pesos. Nosotros la rechazamos, porque tú tienes que entender que, si para los sueldos de los no profesionales se destinaron $1.000 millones, para 700 personas, ahora estamos hablando de más de dos mil trabajadores, por ende, mil millones de pesos 1.000 es un saludo a la bandera», acotó Inostroza.

Sobrecarga laboral

Otro gran punto del petitorio de los y las trabajadoras de las corporaciones de asistencia judicial tiene que ver la cantidad de causas que deben tratar al mismo tiempo, en materias, por ejemplo, de representación de las infancias en programas como Mi Abogado, y la Niñez y la Adolescencia se Defienden, donde superan los 500 casos. Puntualmente en Concepción, el ingreso de casos fluctúa entre los 150 a 200 casos semanales.

En esta línea, Marcelo Inostroza, quien también es presidente de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ), que aglutina a los ocho gremios de las cuatro corporaciones de asistencia judicial del país, declaró que, «nosotros somos, para que tú te hagas una idea, el mayor operador de la justicia en Chile, o sea, más que la Fiscalía, más que la Defensoría Penal Pública, el mayor operador. Nosotros estamos en todas las materias».

El dirigente detalló que, «representamos el 70% de todos los ingresos a los tribunales de Chile. En materia de familia, incluso más, el 80%. Pero además tenemos el patrocinio exclusivo de la defensa y representación de todos los niños vulnerables de Chile, el 100%».

Inostroza agrega a la lista de labores la representación de los adultos mayores, en materia penal, de familia, entre otros. «Esto ya llega al absurdo. Tenemos 32 profesionales en todo el país, una dupla por cada región, de un abogado o abogada y trabajador o trabajadora social, que tienen que atender todas las necesidades de ese segmento de la población. Es imposible. Eso ha significado que, por ejemplo, nuestros abogados sean amonestados por tribunales, apercibidos de arresto y se le han impuesto multa, porque no han podido comparecer a audiencia cuando están citados a la misma hora en distintas causas».

Para la mañana de este martes está programada una nueva reunión entre la asociación de funcionarios y la Subsecretaría de Justicia, la que ofertó en el último de sus encuentros, por debajo de su primer ofrecimiento de financiamiento. De forma paralela se mantiene el paro con turnos éticos, asegurando que, «nadie puede alegar que un derecho que requiere representación no se ha ejercido en tiempo y forma. Lo que han hecho los colegas abogados es postergar a audiencias, las que se pueden postergar».