En el marco de la conmemoración de los 50 años desde el Golpe Militar y el quiebre de la democracia que afectó a nuestro país, funcionarias y funcionarios de la salud hicieron un repaso por los atropellos hacia dicho sector durante la dictadura y cómo, durante esta, se cimentó el camino para su privatización.

Por Estefanía Solis

En inmediaciones de la Universidad de Concepción, se llevó a cabo el conversatorio "Trabajadores y trabajadoras de la salud a 50 años del Golpe Cívico-Militar". La cita contó con la participación del doctor Dagoberto Molina Chávez, fundador del comité de Derechos Humanos del Colegio Médico, el doctor Lautaro López Stefoni,  trabajador de hace más de 30 años de la fundación EPES, Ana María Vidal, trabajadora social y dirigente sindical del CESFAM Paulina Avendaño de Talcahuano, y Graciela Cruz Farías, ex dirigente de la salud.

Durante el conversatorio se abordaron diferentes temas en torno a su sector y el Golpe Militar, y de de cómo fue aquel 11 de septiembre de 1973 para ellos, sus experiencias durante la dictadura, la privatización y estancamiento de la salud pública en Chile.

Se habló de cómo era la Salud Pública y cómo se vio afectada con la llegada de la dictadura, pues, tras varios años de trabajo, en inicios, antes su cobertura se había ampliado progresivamente. Graciela Cruz cuenta que antes del Golpe, "la salud pública en Chile era la mejor de América Latina, gracias a los avances del gobierno popular. Pero, cuando se privatizó, en el 80, se le quitaron casi todos los recursos. En un inicio, se contaba con el 3,5 del producto interno bruto y Pinochet quitó un gran porcentaje dejando sólo un 0,5".

Con la privatización, la salud se ha convertido en un negocio y se ha perdido su sentido social, concuerdan los expositores, debido a que tras el Golpe, este se da paso a la creación de FONASA e ISAPRES, en donde las personas con mayor poder adquisitivo se unían a ISAPRES y alrededor del 80% de la población a FONASA, creando así un modelo desigual.

Tras la disminución de recursos, la ciudadanía se veía de cierta manera "obligada" a cambiarse a un privado para lograr tener una mejor atención médica. Pero durante los últimos años según comentaban los expositores «se ha visto un aumento de personas queriendo cambiarse de ISAPRE a FONSA, puesto que en el último tiempo se ha visto y echo saber lo poco rentable que son las ISAPRES».

La violación a los Derechos Humanos no pudo estar fuera de este conversatorio, partiendo por el 11 de septiembre, cuando militares allanaron hospitales y se pusieron al mando de ellos. Cruz Farías relata que, "yo entré a trabajar al área de la salud el año 71 y me tocó ver toda la represión, ellos llegaban con la metralleta amenazando a los trabajadores, incluso mujeres embarazadas en el suelo. Hubo mucho abuso, fue un tiempo muy oscuro. Un gran número de trabajadores fueron asesinados, compañeros que eran dirigentes fueron exonerados y torturados. Muchos médicos, auxiliares, paramédicos, administrativos etc. Perdimos todos los derechos sociales que habíamos logrado después de años de lucha. Al día de hoy, aún son 60 los detenidos desaparecidos de la salud".