[resumen.cl] A seis meses de la trágica muerte de la joven oriunda de Penco, sus familiares continúan presionando por justicia además de denunciar a las policías y a la fiscalía por negligencia. Una querella por homicidio presentó esta semana la Delegación Presidencial de la Región del Biobío contra quienes resulten responsables como cómplices, autores o encubridores en este macabro crimen.

La querella del gobierno apunta a los delitos de homicidio y manipulación de restos humanos.

Además no descartaron que en el transcurso de esta investigación puedan esclarecerse otros delitos.

Se pidió con esta querella, que las diligencias sean llevadas a cabo por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE). Anteriormente estas estaban a cargo de la Brigada de Homicidios.

También se solicitaron pericias al teléfono celular de la víctima en conjunto con colaboración de empresas telefónicas.

La acción penal señaló que «agrava el sufrimiento el hecho de no poder despedir ni velar a sus seres queridos en la forma esperada. Lo que aumenta el daño de familiares y deudos».

Familia acusa negligencia de las policías y la Fiscalía

En estos angustiantes seis meses, desde la familia de la joven continúan exigiendo celeridad en la búsqueda de los eventuales responsables de su asesinato. Todo frente a lo que consideran negligente acción del poder judicial y las policías. 

Es necesario recordar que fue tras dos semanas de la desaparición de la mujer, que recién comenzaron a actuar en la búsqueda sin encontrar rastros de la víctima, quien finalmente apareció en la cuneta de la carretera Ruta 150 hacia Tomé.

Las policías se enteraron por transeúntes que dieron aviso del hallazgo. Las anteriores búsquedas infructuosas de los funcionarios policiales, no dieron pista alguna, pese a existir evidencias de su ubicación durante sus últimas horas de vida, imágenes que se pudieron ver a través de la cámara de un bus de la movilización colectiva de la zona, donde se veía acompañada por quien debería ser uno de los principales sospechosos.

Pese a esto, finalmente sus restos aparecieron rodando cerro abajo desde las cercanías de la Población La Huasca, frente a uno de los miradores de Lirquén, tras las lluvias de uno de los primeros temporales del año, lo que demostraría incompetencias en el actuar policial. Esto debido a que los funcionarios supuestamente recorrieron las inmediaciones sin resultados, aún teniendo constancia de las declaraciones que daban cuenta de que ese había sido su último paradero conocido.

Al respecto, la prima de Rennatta, Josefa Rodríguez Sáez, declara que ni siquiera recibió aviso del posible hallazgo del cuerpo de su familiar, llegando por si sola tras enterarse a través de los medios de comunicación, para recibir información sobre su prima. "Llegué corriendo a verificar si se trataba de mi prima, ahí los policías me preguntaron por qué estaba en el lugar, impidiéndome llegar hasta donde estaba el cuerpo. Luego me subieron a una camioneta donde solo se me mostraron dos fotografías del torso encontrado, el que pude reconocer era de Rennatta gracias a un tatuaje que ella tenía alrededor de uno de sus pechos", comentó.

Tras esta situación declaró que un inspector de la PDI la habría hecho firmar una declaración de reconocimiento de cuerpo, en la que también "se me exigía no dar ningún detalle a la prensa, tras eso comenzó una nueva parte de esta pesadilla llamada injusticia de clase social, sin enfoque de género, de lo que hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna, pese a contar con el poder que nos permite solicitar pericias e informaciones claves del caso".

El fiscal Barahona habría tomado la decisión de que las carpetas investigativas fueran privadas, sin existir acceso a la información para todos sus familiares, quienes pudieron verificar solo las pericias básicas, lo que les genera dudas y les mantiene en la incertidumbre.

Para los familiares de Rennatta, este caso, como existen otros cientos, "solo demuestra la violencia patriarcal de la que son víctimas las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, sin que exista interés real alguno por resolver este caso y otros casos de víctimas de la violencia sistemática que se vive en Chile, donde no existen protocolos adecuados para enfrentar este tipo de casos, sin además considerar la negligencia con la que actúan tanto el poder judicial como las policías, que asumen por muertas a las mujeres desaparecidas en el país" indicaron.