Cuando se acaban de cumplir diez años del fracaso de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las FARC en el Caguán, en un gesto calificado por muchos de «histórico», la guerrilla colombiana ha anunciado el fin de los secuestros como herramienta de financiamiento y la entrega de los diez uniformados que mantiene en su poder, emplazando al presidente, José Manuel Santos, instalado en un discurso belicista, a entablar un diálogo directo y sincero que ponga fin a 48 años de conflicto.

Este comunicado, fechado el 26 de febrero, marca distancia del resto en el sentido en que responde a una de las exigencias de Santos, abre una puerta al diálogo y viene empujado por una parte de la sociedad civil. El movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz y la carta abierta que el Movimiento Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz enviaron a las FARC pidiendo la entrega de los secuestrados ha propiciado, en cierta manera, este anuncio, que ayuda a despejar, aunque sea mínimamente, el pantanoso terreno del conflicto.

La propia guerrilla reconoce «serios obstáculos» para concretar una salida negociada. Una de ellas, subraya, es «la arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones. Ello traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente». Advierte también que ese camino bélico les llevará a «recurrir a otras formas de financiación o presión política».

El presidente Santos, que en reiteradas ocasiones ha asegurado que las FARC solo tienen dos caminos; la entrega de las armas o acabar en la cárcel o en el cementerio, ha valorado el gesto como «un paso importante y necesario» pero, a su juicio, «no suficiente». Para el expresidente colombiano Ernesto Samper, en cambio, el Gobierno debería «responder con generosidad».

Desde Colombianas y Colombianos por la Paz, capitaneado por Piedad Córdoba, consideran que son «dos gestos concretos de búsqueda de paz». «Es un hecho sin precedentes en la historia de las FARC», remarca Iván Cepeda. A partir de ahora, añade, «debemos hacer que se produzcan exitosamente estas liberaciones cuanto antes y que se pueda avanzar en la construcción de un escenario, de una agenda y de un proceso, que nos lleve muy pronto a la salida del conflicto armado». Y en ese camino, la sociedad civil cobra un especial protagonismo. En la entrevista concedida en noviembre pasado a GARA, Córdoba, a quien la Procuraduría General del Estado inhabilitó como senadora acusándola de tener vínculos con las FARC, abogó por convocar «un gran movimiento ciudadano en la búsqueda de la paz» y adelantó el lanzamiento de una campaña para «decirle al presidente Santos que la llave la tiene el pueblo y que la guerra no abre la puerta de la paz». Sobre la decisión de la guerrilla, aseguró en declaraciones a Telesur que «abre no solamente una puerta, sino una inmensa esperanza».

A diez años del Caguán, ninguna parte ha logrado «ganar» en términos, estrictamente, militares. En conflicto se mantiene en los mismos parámetros, con 20 millones de personas en la «más absoluta» pobreza, con 5,3 millones de desplazados internos desde hace 18 años, con 6 millones de hectáreas arrebatadas a campesinos y a personas de clase media, y con 7.500 presos políticos.

Un reciente estudio elaborado por instituciones de Estados Unidos y Colombia sobre las lecciones extraídas del Caguán, remarca la necesidad de reconocer oficialmente la existencia de un conflicto y de «abonar el terreno de la paz para hacer legítimo y sostenible el proceso de negociación». «Después de una década de olvidar las raíces profundas del conflicto, es importante que el presidente, los formadores de opinión pública, los académicos, los investigadores, los empresarios y los dirigentes de la sociedad civil comiencen a debatir las posibilidades y los límites del diálogo y la posibilidad de una salida política y negociada».

A la sociedad colombiana le aguarda una intensa agenda para las próximas semanas y meses. Ayer, se celebró en Bogotá el foro internacional «La Colombia entre rejas, un camino para la libertad y la paz», una iniciativa encaminada a analizar la situación de los presos y a sentar las bases para la creación de una Comisión Internacional de Verificación que aborde esta cuestión, una de las más invisibilizadas.

Y en breve se dará a conocer el nuevo movimiento político Consejo Patriótico Nacional, que viene a aglutinar las reivindicaciones de «los sectores menos favorecidos de la sociedad o afectados por las políticas neoliberales del Estado» y a «dinamizar la variedad de formas de organización y movilizaciones existentes». Nace con vocación de convertirse «en una verdadera alternativa de cambio».

Son tiempos de movimientos. Habrá que ver la reacción del Gobierno y si, finalmente, accede a un acompañamiento internacional que ayude a materializar estas iniciativas, cuando menos, renovadoras.