Luego de que el Consejo Regional y el Gobierno Regional (Gore) del Biobío presentaran sus observaciones al proyecto minero de Tierras Raras en Penco fuera de plazo en 2018, terminaron por quedar al margen del proceso de evaluación ambiental, situación por la que se solicitó al SEA su reincorporación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la cuestionada iniciativa extractivista.

Por Juan Contreras Jara

Ayer y por solicitud del consejero regional Javier Sandoval (Igualdad), el Gobierno Regional solicitó ingresar nuevamente al proceso de evaluación ambiental del proyecto Tierras Raras de Penco y Tomé, propiedad de la empresa REE Uno SpA. 

Cabe destacar que la comunidad en Penco se ha posicionado contra la instalación de dichas faenas en su comuna, que implicaría entre otros, la destrucción y contaminación de esteros y flora nativa como el Queule, declarado Monumento Natural en 1995 y en peligro de extinción. 

Queule, árbol presente en Penco actualmente en peligro de extinción.

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Sobre el requerimiento, el consejero regional Javier Sandoval comentó que «el pronunciamiento de la primera adenda de este proyecto, el Consejo Regional del Biobío lo formuló fuera de plazo, por lo quedamos fuera de todo el proceso de evaluación ambiental (2018). Como denunciamos esto en el Core, se produjo una reunión con el SEA y nos dijeron que podía tener flexibilidad y recibir estos pronunciamientos días tarde. Hay casos en que el SEA te da esta posibilidad, pero en este no fue así. Pedimos que el SEA formalice sus plazos y que se aplique retroactividad a esta flexibilidad en biolantánidos, por lo menos para poder volver a entrar en la actual etapa del proceso».

Sandoval también se refirió a la permanente falta de probidad del Core y el Gore en su incidencia y participación en temas de impacto socioambiental para el Biobío, situación respaldada con denuncias ante la Contraloría por el propio consejero. «Se pronuncian con regularidad fuera de plazos legal, este es un problema», acotó.

La importancia que tiene asegurar la participación del Consejo Regional en este tipo de instancias tiene que ver con que «es necesario que todos los organismos con competencia ambiental se pronuncien, sobre todo cuando su posición es crítica. Es necesario porque es un órgano electo y tiene el deber de estar atento a las problemáticas socioambientales y lo está haciendo mal. No podemos conformarnos con un Core que no ejerce sus atribuciones, aún cuando son pocas», explicó Sandoval.

Cabe destacar que en 2018, desde Contraloría instruyeron al Gobierno Regional del Biobío a que realizara un sumario para establecer las responsabilidades tras su pronunciamiento fuera de plazo frente al proyecto minero de biolantánidos, pero esto quedó en nada.

En esta línea, Javier Sandoval hizo hincapié en que «el Gore, en lugar de exigir y presionar para un mejor proceso de evaluación ambiental, lo que hace es conformarse y ser condescendiente con una institucionalidad ambiental que está en crisis, como es el SEA. Se hace parte de las políticas medioambientales anticomunidades, contraria a la preservación y conservación ambiental».

Exigiendo un rol más activo en los procesos socioambientales del Biobío, Sandoval realizó esta solicitud, que finalmente el Gobierno Regional despachó ayer a la dirección regional del SEA.

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