El equipo de propaganda del gobierno salvadoreño terminó justo a tiempo el video de miles de pandilleros semidesnudos sometidos e ingresados al recién estrenado megapenal y lo distribuyó a medios en todo el continente. El objetivo es hacer creer que Bukele es el hombre fuerte de El Salvador que está terminando con los criminales y no hay derechos humanos ni leyes ni constituciones que lo detengan. Son imágenes tan controversiales que cumplen su principal objetivo: desviar la atención. No es la primera vez que las vemos.

Por El Faro

La más reciente megaproducción de pandilleros sentados en un gran patio penitenciario («La cárcel más grande del mundo») era necesaria para opacar lo que sucedía en Nueva York: la publicación del requerimiento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra trece líderes de la Mara Salvatrucha, en el que confirma que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas beneficios económicos, reducción de penas, rechazo a las solicitudes de extradición de Estados Unidos y cambios legislativos y judiciales; a cambio de la reducción de las tasas de homicidios y apoyo en las elecciones legislativas y municipales para el partido Nuevas Ideas. Es decir, el gobierno de Nayib Bukele hizo socios a grupos criminales, los protegió y benefició.

No han dicho una palabra el presidente, ni el director de Centros Penales ni el ministro de Seguridad, ni la canciller ni los diputados de Nuevas Ideas (presuntamente electos con ayuda de ese pacto), sobre la acusación del gobierno de Estados Unidos, que no solo confirma las publicaciones que este y otros medios hemos hecho documentando las negociaciones, sino que compromete seriamente a un presidente que las ha negado.

Bukele, un presidente que se jacta de controlar todas las decisiones de sus funcionarios, estaba al tanto desde inicios de su gobierno de las negociaciones de funcionarios con los líderes pandilleros. En ese proceso él también tenía un nombre clave: Batman. Cuando las primeras publicaciones sacaron a la luz ese pacto, Bukele tuvo la oportunidad de desligarse públicamente de los funcionarios involucrados (entre ellos Osiris Luna, director de Centros Penales; y Carlos Marroquín, director de Tejido Social). Pero no solo no lo hizo, sino que los protegió. Él es, pues, el máximo responsable del pacto. Nayib Bukele nos ha mentido.

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Nos ha mentido una y otra y otra vez sobre un pacto criminal que le duró al menos tres masacres. La última, la que rompió definitivamente el acuerdo, sucedió en marzo de 2022 y se cobró la vida de 87 salvadoreños. Fue la que dio pie al régimen de excepción. Pero hubo dos anteriores.

La segunda fue en noviembre de 2021, cuando las pandillas asesinaron a 45 personas. Hoy sabemos que, para resolver la crisis, sus funcionarios se reunieron con los líderes de las pandillas y mantuvieron el pacto por varios meses más. Públicamente, el ministro de Seguridad insinuó que los responsables eran opositores políticos y «poderes fácticos», cuando él y el presidente sabían bien que los responsables eran sus socios políticos en negociaciones secretas. El pacto existía y siguió existiendo. Pero era más sencilla la mentira que explicar a los salvadoreños que había negociado y seguía negociando sobre un charco de sangre, beneficios políticos para él y su partido; y económicos y judiciales para los grupos criminales que acababan de asesinar a 45 personas.

Los pormenores de esa crisis y su resolución secreta fueron consignados por agentes policiales en reportes a sus jefes. Son, como casi todos los papeles que hemos publicado y que sustentan la existencia de estas negociaciones, documentos oficiales que confirman la complicidad de este gobierno con las pandillas.

Pero hubo otra masacre anterior a estas que sobrevivió al pacto de Bukele con los pandilleros. A finales de abril de 2020, en plena cuarentena, las maras asesinaron a 76 personas en cuatro días. El presidente ordenó al Ejército utilizar la fuerza letal contra cualquier pandillero y su equipo de propaganda montó la primera megaproducción de pandilleros presos: miles de hombres con el torso desnudo y las cabezas rapadas, tatuados, fueron colocados en el patio de una cárcel, sentados y esposados, formando cadenas humanas. Las fotos también le dieron la vuelta al mundo.

Bukele decía en público que ya tenían ubicados a los pandilleros que seguían libres y anunció que los detenidos de distintas pandillas serían mezclados en las prisiones. En aquellos días escribió en su cuenta de Twitter que la agenda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos era en realidad defender «a los que violan, secuestran, matan y descuartizan». Era él quien negociaba con aquellos criminales.

Las fotos de esos reos tatuados fueron el primer gran despliegue propagandístico que presentaba a un presidente con la mano dura para combatir el crimen. Pero su pacto con las maras era entonces más necesario que nunca, faltando menos de un año para las elecciones legislativas. Bukele continuó mintiendo y mantuvo su sociedad política con las pandillas después de aquella masacre. Y de la siguiente. La tercera, aparentemente, marcó el rompimiento definitivo. Más de 200 muertos después.

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Publicación original de El Faro.

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Fotografía principal: Captura de video de «CECOT: Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más grande de Latinoamérica«