[resumen.cl] El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este martes 24 de diciembre a José Eugenio Campusano Pino, Francisco Andrés Parra Butiérrez y Rodrigo Iván Villagrán Schmidt a las penas efectivas de 11 años de presidio, en calidad de autores del delito de tráfico de drogas perpetrado en abril del año pasado, con principio de ejecución en la comuna de San Joaquín.

En fallo unánime el tribunal estableció que los funcionarios de Carabineros participaron de la quitada de droga conocida como «mexicana»  en coordinación con otros narcotraficantes, hechos ocurridos en la comuna de San Joaquín en la Región Metropolitana en abril de 2018. La sentencia consigna que «alrededor de las 21:19 horas que el camión Volvo placa patente JPHX.62 llegó hasta la caletera de la ruta ubicada en el sector del puente Maipo, comuna de San Bernardo, donde fue controlado por los Carabineros, FRANCISCO ANDRÉS PARRA BUTIÉRREZ y JOSÉ EUGENIO CAMPUSANO PINO, encontrándose también en el lugar el funcionario de la misma institución, RODRIGO IVÁN VILLAGRÁN SCHMIDT, además de otras personas y las que llegaron a bordo del móvil que se esperaba, el que fue seguido hasta el inmueble ubicado en camino El Arpa N° 616, comuna de Buin, lugar donde se descargó y fue sorprendido, Enrique Gavino CASTRO QUILALEO, mientras que Daniel MORALES ELGUETA se daba a la fuga, logrando su detención en las inmediaciones del domicilio, incautándose en el inmueble gran cantidad de contenedores con la droga, los que previamente habían sido transportados en el aludido camión, correspondiendo a 662 paquetes de cocaína, con un peso de 687 kilos 924 gramos y 12 paquetes de cannabis sativa, con un peso de 12 kilos 913 gramos. Peso Total: 700 kilos 837 gramos, todo ello sin contar con la autorización pertinente. Estableciéndose además, que la acción ilícita fue realizada con la participación activa de los funcionarios policiales antes nombrados, quienes en conocimiento de lo que se pretendía hacer, prestaron su colaboración en el hecho».

Los funcionarios, que fueron dados de baja de la institución, deberán cumplir una condena de 11 años de presidio efectivo. Además, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.