Durante la jornada de ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le devolvió la inmunidad diplomática al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en tanto su condición de eurodiputado, por lo que tiene la potestad de viajar por cualquier territorio de la Unión Europea (salvo el reino de España, que probablemente desobedezca el dictamen). RESUMEN conversó con su abogado, el chileno Gonzalo Boye, quien indicó que «no sólo les devuelve plenamente las garantías de la inmunidad parlamentaria de la que gozan, sino que además ya establece algunos parámetros que habrían vulnerado los principios de imparcialidad y buena administración».

Por Alejandro Baeza

Carles Puigdemont fue el president de la generalitat catalunya que convocó al histórico referéndum del 1 de octubre del 2017 en Cataluña, en el cual por inmensa mayoría, y a pesar de la violenta represión de la policía española contra quienes sufragaban, se impuso el sí a la independencia en forma categórica.

Ese mismo mes, el 27 de octubre, el parlamento catalán ratificó el resultado de las urnas, declarando la Independencia de la República Catalana respecto al Reino de España.

A partir de ese momento el Estado español suspendió el parlamento e intervino el gobierno catalán, condenando a los máximos líderes sociales y políticos a la cárcel. Puigdemont y algunos otros líderes lograron escapar al exilio a países como Bélgica, Escocia y Suiza.

Tras asilarse en Bélgica, el Estado español, vía tribunales de justicia, buscó la extradición del líder independentista, en una serie de fracasados intentos, todos desestimados por los tribunales europeos.

En esta misma línea, este martes, Puigdemont logró una victoria: el TJUE le devolvió la inmunidad que ostenta en tanto eurodiputado, medida que se extenderá hasta julio de 2021. Con ello, tiene la potestad de viajar por cualquier territorio de la Unión Europea, a excepción de España, no porque no pueda, sino porque lo más probable es que desobedezcan el dictamen del tribunal.

Asimismo, el fallo del tribunal además implica a la y el eurodiputado y exconsejero Toni Comín y Clara Ponsatí.
El vicepresidente del Tribunal de Justicia subraya en el auto de este martes que el hecho de que las euroórdenes figuren en el sistema de información Schengen obliga a las autoridades de un país (como sucedió en Italia) a proceder a la detención de las personas objeto de esas descripciones, por lo que existe "una elevada probabilidad de que dicha persona sea detenida".

En conversación con RESUMEN, su abogado, el chileno Gonzalo Boye, indicó que «el tribunal nos dio la razón en un recurso de casación que habíamos interpuesto en contra de la denegación de las medidas cautelares, relativas a su condición de eurodiputados».

Boye fue enfático en indicar que «básicamente la sentencia que se dictó el día de ayer es un preludio porque no sólo les devuelve plenamente las garantías de la inmunidad parlamentaria de la que gozan, sino que además ya establece algunos parámetros que habrían vulnerado los principios de imparcialidad y buena administración por parte tanto del ponente del procedimiento suplicatorio ante el parlamento europeo, como del presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que es quién dirigió el procedimiento de suplicatorio, es decir, del levantamiento de la inmunidad».

Finalmente, concluyó que «La resolución técnicamente es muy buena y no solamente nos da la razón sino que marca una serie de pautas que seguramente se transformarán en jurisprudencia a partir de ahora».