[resumen.cl] En la audiencia de control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Collipulli celebrada esta jornada para los cuatro carabineros dados de baja e imputados por homicidio de Camilo Catrillanca, la magistrada Sandra Nahuelcura decretó la medida de prisión preventiva como medida cautelar contra estos cuatro imputados al considerarlos un peligro para la sociedad, como fue solicitado por las partes querellantes.

Luego de rechazar la solicitud para declarar ilegal la detención de los imputados efectuada por la defensa, fue requerida como medida cautelar por parte del Ministerio Público la figura de prisión preventiva, solicitud secundada posteriormente por el representante del Ministerio del interior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la de Niñez y el abogado de la familia de Catrillanca.

Los funcionarios de Carabineros fueron imputados por los crímenes de homicidio simple, sin haber podido comprobar la intencionalidad del ataque contra Camilo Catrillanca. Y además, por detención ilegal y homicidio frustrado contra el niño de iniciales M.P.C., por obstrucción a la investigación y en cuanto a destrucción de material de evidencia, se descartó catalogar a la tarjeta de memoria como un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

En la audiencia se confirmó que los oficiales Carlos Alarcón y Raúl Ávila «dispararon en varias oportunidades por la espalda en contra del tractor y sus ocupantes».

«Si yo poseo un fusil M4 y lo disparo contra una persona, no puedo no saber que no estoy atentando contra su vida», aseguró el persecutor

De acuerdo a Fiscalía los disparos hicieron que la víctima "recibiera un impacto balístico en la región parietal posterior izquierda, que le causó un traumatismo cráneo encefálico abierto complicado" causándole la muerte. El ente persecutor precisó además que fue Carlos Alarcón quien realizó el disparo de la bala que terminó con la vida de Catrillanca, descartando la versión entregada por los uniformados respecto a que habrían percutado las armas "de forma disuasiva".

Asimismo, se calificó de falsas las declaraciones entregadas por Carabineros y se aclaró que "no existieron disparos hacia Carabineros que motivaran el actuar".

La investigación puntualizó que Raúl Ávila fue quien portaba la cámara GoPro que registró el crimen y cuya tarjeta «fue destruida».

Estos dos funcionarios, además de los oficiales Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela fueron apuntados como responsables de obstruir a la justicia y también quedaron en prisión preventiva.

Se estableció un plazo de dos meses para la investigación.