[resumen.cl] La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó este mediodía la prisión preventiva de los carabineros Víctor Antonio Lastra Marguirot y Henry Giovanny Cuellar Vega, quienes se suman a Jonathan Alexis Neira Chaparro, cuya cautelar había sido establecida el sábado. Los policías enfrentan cargos por los delitos de lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura contra Mario Acuña, quien a causa del actuar de Carabineros, quedó en estado vegetal.

Son seis los carabineros que participaron en el procedimiento que terminó con la brutal golpiza a Mario Acuña el 23 de octubre de 2019 en Buin, a inicios del Estallido Social, dejándolo en estado vegetal y postrado en su cama, lugar en el que permanece hasta la fecha.

De ellos, Jonathan Alexis Neira Chaparro, Víctor Antonio Lastra Marguirot y Henry Giovanny Cuellar Vega, están siendo imputados. Sin embargo, la querella ingresada por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) contempla otros delitos tales como homicidio frustrado , lesiones graves gravísimas, abusos contra particulares y denegación de servicio.

El pasado miércoles 17, el juzgado había decretado la medida cautelar de prisión preventiva contra los tres, la que fue apelada por la defensa. No obstante, el pasado sábado la corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la medida contra Neira Chaparro, y el día de hoy, contra los otros dos carabineros.

Te puede interesar| «No lo sé»: carabinero imputado por golpiza a Mario Acuña dice desconocer identidad de funcionarios que participaron del hecho

Hace unas semanas se filtró a la prensa algunas declaraciones de los policías imputados. A modo de ejemplo, el cabo segundo Henry Cuellar Vega declaró que «observamos a una persona en el suelo y lo ayudamos a pararse, consultándole cómo se encontraba y nos indicó que bien y retirándose hacia el interior del pasaje Los Olmos«. Por su parte, Antonio Lastra Marguirott afirma que «llegando yo primero y preguntándole si estaba bien, esta persona estaba en el piso y nos dice que estaba bien, que estaban tirando piedras y procedimos a levantarlo«.

Sin embargo, las declaraciones han sido duramente criticadas respecto no sólo a la falta de confianza con la policía uniformada -considerando los reiterados casos de violación a los derechos humanos, sumado al historial de violencia y corrupción anclado en esta-, sino también por la existencia de un pacto de silencio entre los seis funcionarios que fueron parte del procedimiento.