La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) informó que el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago negó la solicitud de sobreseimiento de la causa por el asesinato de joven, Aníbal Villarroel, quien participaba en una conmemoración del primer aniversario del Estallido Social, en la cual son procesados el teniente Joaquín Muñoz Vásquez y el ex general Director de carabineros, Mario Rozas Córdova.

Aniceto Hevia

CODEPU expuso que el 18 de octubre de 2020, a eso de las 22:30 horas, Aníbal Villarroel junto a un amigo se dirigieron a la población La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde varias personas se reunieron para conmemorar el primer aniversario del Estallido Social. Cuando ambos se encontraban en la intersección de Avenida Departamental con calle Eugenio Matte y, sin mediar provocación alguna, funcionarios de carabineros dispararon contra la población, impactando a Aníbal Villarroel, causándole la muerte.

El teniente Joaquín Muñoz Vásquez, a quien se imputa la autoría de los disparos, y el ex general Director de carabineros, Mario Rozas Córdova, buscando eximirse de responsabilidad penal en los hechos, solicitaron el sobreseimiento de la causa que fue rechazado por el Juzgado mencionado. Ante esta decisión, la abogada de CODEPU señaló que el tribunal estimó «que no concurría ni la legitima defensa ni el actuar necesario…".

Seguidamente, Gabriel Ramos, también abogado de CODEPU, indicó que existe una responsabilidad de mando ineludible, pues las autoridades tienen responsabilidad por los hechos de los subordinados cuando se encuentran en posición de impedir los crímenes y no lo han hecho y, por el contrario, parecieran favorecer la impunidad de estos. Esto, en alusión a la promesa que el propio Mario Rozas Córdova, hiciera a funcionarios de la Escuela de Suboficiales de Carabineros en el contexto del Estallido Social y las cotidianas agresiones y vejaciones perpetradas por policías y militares: «Tienen todo el apoyo y todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, a nadie. Ni aunque me obliguen, no lo voy a hacer.»

En este sentido, estos uniformados han recibido un fallo que representa un revés en sus intenciones, así como permite continuar con la investigación y avanzar hacia la preparación del juicio oral, en el cual, según los/as abogados de CODEPU, pretenden lograr una penalidad acorde a un delito de lesa humanidad.