El Tercer Tribunal Ambiental del país acogió las reclamaciones interpuestas por diversas organizaciones ambientales y territoriales, decretando la mañana de este sábado la anulación de la RCA del proyecto de terminal marítimo GNL Talcahuano. 

Por Nicolás Silva

Una buena noticia llegó esta mañana desde el Tribunal Ambiental de Valdivia, ya que fueron acogidos dos recursos presentados por organizaciones ambientales y territoriales contra el proyecto de terminal marítimo de la empresa de inversiones GNL Talcahuano SPA tras una lucha sostenida de organizaciones sociales de la comuna.

En primer término, se acogió el recurso de invalidación interpuesto por la decisión que tomó el comité de ministros de rechazar la invalidación de GNL Talcahuano, tras declararse que faltó un proceso de consulta indígena en las comunas de Penco y Tomé, en cuanto se acreditó que habían comunidades que estarían dentro del área de influencia de las operaciones del terminal marítimo. 

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Además de esta, fue acogida la reclamación por falta de consideración a las observaciones ciudadanas, que implica que las observaciones que se levantaron desde las organizaciones durante el proceso de consulta ciudadana, no tuvieron respuesta suficiente por parte de las autoridades, particularmente en lo relativo a la fauna que sería afectada en el lugar.

El tribunal toma en específico el caso del Pilpilén, en cuanto decretó que no existió información suficiente sobre la afectación al hábitat de esta especie, señalando que los informes que respaldan la RCA del proyecto son deficientes.

Pilpilén

El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Fernando Cortés, señaló a RESUMEN que "lo más importante acá es que se acogieron dos recursos distintos, una invalidación por falta de consulta que implicaría la anulación de la RCA y que se abra un nuevo proceso de consulta indígena, y que se haga todo esto de nuevo, tanto RCA como proceso de consulta paralelo; y también, que se dejó sin efecto la resolución (del comité de ministros) porque la respuesta a las observaciones no fue suficiente para determinar el impacto a la fauna del lugar".

Si bien esta sentencia entorpece los planes de la empresa, Cortés indica que ésta "aún tiene instancias que puede agotar en la Corte Suprema, específicamente recursos de casación en la forma, sobre vicios del proceso, o en el fondo, por la que pueden perseguir que se declare ilegal el juicio por uno u otro motivo". 

De todos modos, el abogado señaló que en este tipo de casos, el máximo tribunal del país suele atenerse a lo decretado por los tribunales especiales. 

El hecho es producto de años de organización de las y los choreros en defensa del territorio, estando cruzado por la aprobación del proyecto por la Comisión Evaluadora Regional en 2017, como también denuncias sobre coimas hacia el concejal Eduardo Saavedra por parte de la empresa titular.

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