[resumen.cl] La medida de presión que comenzó esta mañana comprende casi la totalidad de los puertos del país, exceptuando al Puerto de San Antonio, quienes entrarían a la movilización desde su segundo turno, luego de que las bases definan posiciones en asamblea.

La problemática se centra en la falta de asignación de pensiones de gracia con las que cuentan los trabajadores portuarios desde 2012. Para este 2017 se comprendían 200 pensiones y hasta el momento solo hay 31 asignadas pues desde el presente año comenzaron a tener ciertas limitaciones impuestas de forma arbitraria.

El beneficio contemplaría ahora requisitos médicos que antes, cuando se firmó el convenio, no existían. «Queremos volver a las mismas condiciones y requisitos que teníamos cuando conseguimos las pensiones de gracia en 2012, las cuales decían que cuando se cumplieran 53 años, más 13 años en el rubro portuario, te podrías ir pensionado sin certificado médico alguno», aseguró a Resumen Víctor Cisternas, vocero de la Unión Portuaria del Biobío.

Durante la jornada de ayer lunes, los voceros de la UPCH viajaron a Santiago para reunirse con personeros de gobierno, cuyo encuentro «no cumplió con nuestras expectativas, necesitamos que las pensiones del 2018 cambien las condiciones o requisitos para que los portuarios la obtengan», explica Víctor. Los requerimientos impuestos «han producido que quienes tienen diabetes, hipertensión no se pueden retirar porque no son consideradas enfermedades graves dentro del trabajo», denunció el vocero.

«El gobierno ofrece un cupo limitado de pensiones de gracia, sin considerar las realidades de las distintas zonas del país como la zona austral, donde los puertos que no pudieron ser licitados acumularon un gran número de trabajadores que no pudieron acceder a los beneficios que los demás puertos obtuvieron, como son mitigaciones y pensiones de gracia, provocando que la masa trabajadora envejeciera esperándolos sin nunca obtenerlos, y en la actualidad estén sobreviviendo en sus distintas zonas de trabajo esperando la modernidad prometida que jamás llegó, lo mismo para los dos puertos del extremo norte (Antofagasta e Iquique) que jamás pudieron acceder a la modernidad de la ley 19.542», cita un comunicado público emanado desde la organización.

En este momento los voceros de la organización se están devolviendo a sus puertos para resistir en sus lugares de trabajo ya que pese a «existir voluntad desde el gobierno, son los plazos los que nos incomodan», insistió Cisternas, que ve cómo se acaba el tiempo de la presente administración.