El ministro de Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, firmaron este viernes el acuerdo militar que tantas ampollas ha levantado en la región, con diferentes matices. Del contenido sólo se sabe que el personal militar así como los contratistas estadounidenses tendrán inmunidad judicial y que podrán utilizar durante los próximos diez años las bases aéreas de Palanquero -una de las más antiguas de Colombia y en la que el Congreso estadounidense invertirá 46 millones de dólares para mejorarla-, Apiay, Malambo y los fuertes del Ejército de Tres Esquinas y Tolemaida y las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga.

Desde que lo anunciaron, no han parado las críticas de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha advertido incluso que «soplan vientos de guerra en la región». Brasil, Argentina y Chile también han exigido más explicaciones. Por el momento, Bogotá guarda silencio.

La polémica alcanzó tal dimensión que Unasur se vio forzada a convocar con carácter de urgencia una reunión extraordinaria el pasado 28 de agosto en Bariloche (Argentina). Para intentar apaciguar las aguas, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, envió una carta en la que garantizaba a los cancilleres de los 12 países de Sudamérica que «ninguna actividad, ni misión permitida bajo este acuerdo tendría un efecto extraterritorial».

En la firma de ayer, de muy bajo perfil, Bermúdez sostuvo que «se han incluido cosas tan importantes como que no va a haber jurisdicción norteamericana o cortes marciales, o que Colombia pueda participar en la investigación que se adelante frente a funcionarios norteamericanos y seguirla».

El Gobierno de Álvaro Uribe ha pasado por alto no sólo el malestar de sus países vecinos sino también las recomendaciones del Consejo de Estado, que le pidió someter el texto al control del Congreso. El Ejecutivo alegó que se trata de un convenio simplificado y no implica el paso de tropas extranjeras a otros países con fines bélicos.

En términos similares, Brownfield dijo que el pacto «actualiza y moderniza» los convenios ya existentes y que datan de 1952, 1962 y 1974. Desde la puesta en marcha del Plan Colombia, Washington ha entregado a Bogotá 5.500 millones de dólares.

Un estudio jurídico del Consejo de Estado colombiano subraya que el acuerdo deja al país en condición de «cooperante» de EEUU, que decidirá las tareas que se deban realizar. «Se habla del uso y acceso de las bases militares sin determinar la forma y límites de los mismos. El pacto debería delimitar de manera clara los procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves», incide.

«Sí, la violamos y ¿qué?»
Organismos de derechos humanos temen un repunte de las agresiones por parte de soldados estadounidenses. Pese a los intentos de silenciamiento, aún colea el caso de Olga Lucía Castillo, que denunció la violación en 2007 de su hija de 12 años. La menor reconoció al sargento Michael Coen y al contratista César Ruiz, adscritos a la base de Tolemaida. Cuando la madre les fue a reclamar, reconocieron con total naturalidad lo que habían hecho. «Sí, nosotros la violamos y ¿qué? ¿quién le manda a ser tan perra y a tener una hija así?». Todas sus gestiones han sido nulas. La embajada le cerró las puertas y le denegó información sobre la investigación. Su testimonio ni siquiera pudo ser escuchado en el Congreso. Dos diputadas llegaron a decir que no iban a permitir descripciones «pornográficas».

sin consulta
«En ningún momento se le ha consultado a la comunidad la entrada de los gringos. Es una imposición que ha hecho el Estado a la región», denunció Jairo Mosquera, secretario del consejo comunitario de Juanchaco, en el Valle del Cauca, donde se ubica la base naval de Bahía Málaga.
corte internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) tendrá plenos poderes en Colombia a partir de hoy, cuando vence la moratoria de siete años que el Gobierno pidió para investigar delitos de guerra. El Tribunal sólo podrá atender los crímenes posteriores al 1 de noviembre.
«No hay razón»

Para el embajador colombiano ante la CPI, Francisco Lloreda, «no hay razón» para que la Corte abra investigaciones en el país por crímenes de guerra porque en Colombia «hay capacidad y disposición para procesar a los responsables».

El gasto militar crece en América Latina
En los últimos años, los países latinoamericanos han aumentado notablemente el presupuesto en Defensa. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, entre 2003 y 2008 se incrementó un 91% en América Latina y Caribe. Pasó de 24.700 millones de dólares a 47.200 millones. Carina Solmirano, investigadora de América Latina para el Programa de Gasto Militar del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, explica que «muchas de las compras son para reemplazar equipos obsoletos. Otra de las razones es que ha subido el precio de las materias primas».

Destaca el rearme de Brasil, el duodécimo país del mundo con mayor gasto militar. Ha comprado ocho aviones no tripulados a Israel y pronto tendrá el primer submarino nuclear en la región gracias a la tecnología francesa. «Quiere asentarse en la región como líder natural y hace años que pelea por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad», comenta.

Le sigue Chile, que «posee las Fuerzas Armadas más avanzadas», según Robert Munsk, director para América de la revista británica «Jane´s Intelligence Weekly». De acuerdo a esta fuente, tiene cazabombarderos holandeses y fragatas británicas. Otro de los grandes proveedores de armamento es Rusia. Venezuela y Bolivia han suscrito acuerdos militares con Moscú.

«La inmunidad de los soldados es total y ello generará mayor impunidad»
Alejandro QUICENO I Miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Alejandro Quiceno, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia y promotor de la campaña «No más bases», afirma que este nuevo acuerdo aumentará las violaciones de los derechos humanos. Arroja un dato estremecedor y revelador del alcance del conflicto: en los últimos 45 años se han cometido más de 60.000 crímenes de lesa humanidad.

¿Qué consecuencias traerá la firma de este acuerdo militar?
De entrada la violación a la soberanía. Estas siete bases se suman a las tres que están utilizando desde que comenzó el Plan Colombia. Con estas siete, se pierde todo el proceso de soberanía nacional y se agudiza la violación a los derechos humanos, dado que los soldados estadounidenses gozarán de completa inmunidad. Se han conocido casos de violaciones físicas y sexuales, incluso a niñas, por parte de estos soldados. Pero la inmunidad es total y ello generará si cabe mayor impunidad de la que ha existido en estos años de conflicto. Desde la puesta en marcha del Plan Colombia, el nivel de ejecuciones extrajudiciales ha aumentado. Estamos hablando de más de 1.400 cometidas por el Ejército colombiano, que recibe asesoría militar y operativa y financiamiento de EEUU. En los últimos 45 años de conflicto, ha habido más de 60.000 crímenes en sus más diversas modalidades; ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias… Aparte de la pérdida de la soberanía nacional, como comentaba, es una estrategia militar de EEUU para retomar el poder que está perdiendo por las nuevas alternativas democráticas que se están planteando en Sudamérica. La intromisión norteamericana en Colombia sirve de estrategia para generar un proceso de desestabilización en el continente.

¿Qué extensión abarcan estas bases, usadas habitualmente por EEUU?
Todo el proceso del Plan Colombia, que incluye tres fases -Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Consolidación- se ha implementado casi en su totalidad en el sur del país, donde había la mayor concentración de los grupos insurgentes, principalmente de las FARC. Cada una tiene su particularidad. Algunas son bases navales, otras aéreas y también las hay de entrenamiento. Las que están en la Guajira, Barranquilla y Cartagena abarcan la zona del Mar Caribe, fronteriza con la parte norte de Venezuela. La de Arauca hace frontera directa con Venezuela, la de Palanquero está en pleno centro del país, la de Apiay está en los Llanos, la de Tolemaida, en el centro, es principalmente una base aérea de entrenamiento, Larandia y Tres Esquinas están en el sur y su área operativa está entre las fronteras de Brasil, Ecuador y Perú, la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en los Andes, ha sido propuesta por el Ministerio de Defensa para operaciones aéreas y de inteligencia de EEUU, mientras que la de Bahía Málaga abarca el Mar Pacífico. El uso de estas bases cubre todo el territorio nacional.