«Razones de seguridad» facilitaron la compra directa de un sistema de espionaje que pone en ventaja a la inteligencia policial ante la proyectada creación de un Sistema Nacional de Inteligencia.

¿Habrá un Edward Snowden uruguayo? La posibilidad corre en proporción directa con los secretos que busquen y guarden los aparatos de inteligencia, y también con la capacidad y voluntad de obtenerlos. De hecho existe un antecedente: el marinero Daniel Rey Piuma desertó de la Prefectura Naval en 1981, y salió clandestino del país llevándose consigo toda la documentación sobre los hallazgos en las costas uruguayas de los cuerpos arrojados en vida al mar desde aviones militares argentinos. Treinta años después, Rey Piuma sigue exiliado en Europa, y aunque ha visitado Uruguay -incluso para dar testimonio ante un juez sobre aquella documentación de la inteligencia de la marina-, considera que aún están en actividad -y pueden tomar represalias- los que fueron denunciados por él ante organismos internacionales.

A los viejos e inconfesables secretos de la época de la dictadura, los sucesivos gobiernos democráticos han ido añadiendo montañas de secretos, ocultamientos y asuntos reservados, de índole económica, financiera, administrativa, política, judicial o de seguridad, que se justifican en la necesidad de no entorpecer los procesos, de atender a la delicadeza de los asuntos o simplemente al convencimiento de que el público en general no está en condiciones de comprender la complejidad de esos procesos.

Sobre esos secretos planea una suerte de obediencia debida; los organismos que supuestamente deben controlar se muestran en extremo incompetentes: en el Parlamento, entre el silencio del oficialismo -que considera cualquier gesto de duda o de inquietud como un sabotaje a las chances de un tercer período de gobierno- y las reacciones de la oposición -dirigidas casi exclusivamente al alboroto electoral-, los intentos de develar misterios naufragan y acumulan fracasos, acaso porque la voluntad es corta. Y en otros ámbitos cualquier amague de independencia es duramente castigado.

Algunas iniciativas políticas que apuntan a la transparencia han sido desvirtuadas. Una de ellas es la ley sobre los derechos de acceso a la información pública, una herramienta que los periodistas utilizamos cada vez con mayor asiduidad para acceder a fuentes inaccesibles o esquivas. Aprobada en octubre de 2008, sus alcances quedarán seriamente limitados cuando se apruebe la rendición de cuentas a estudio en el Parlamento (véase columna de Edison Lanza). Si prospera el proyecto de rendición presentado por el Poder Ejecutivo y son aprobados dos de sus artículos, el 37 y el 38, entonces toda información podrá volverse «reservada» y por tanto podrá ser negada. El inciso agregado al artículo 9 de la ley de 2008 dice textualmente: «La información podrá clasificarse como reservada, tanto en el momento en que ésta se genere, obtenga o modifique, como en el momento en que se reciba una solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente». El texto propone que la declaración de «reservada» en el momento en que la información se solicita deberá ser debidamente fundada; pero primero se niega, y se vuelve inaccesible cuando alguien la requiere.

Otra amputación a la transparencia es la actitud del poder político con la Institución Nacional de Derechos Humanos, una formidable herramienta de la sociedad civil para la preservación de los derechos individuales, cuyo valor reside precisamente en su independencia. No se sabe bien qué quiso hacer el legislador cuando aprobó la ley, porque le confirió potestades para reclamar información, denunciar situaciones, acceder a toda documentación y realizar todo tipo de inspecciones oculares sin ninguna clase de restricción. Pero, por otro lado, limita su accionar, maniatándola, al negarle el presupuesto necesario para actuar con independencia. En lugar de eso, sus directivos deben mendigar ante burócratas del Palacio Legislativo para hacer un gasto o para trasladarse en un vehículo.

La posibilidad de decretar reservada cualquier información está a tono con la implantación, en la inteligencia policial, de sistemas de espionaje telefónico y electrónico que multiplican la capacidad de escuchar conversaciones y acceder a mensajes de correos. La adquisición de un tal sistema fue admitida por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando el diario El País reveló que El Guardián (así se llama el sistema) había sido adquirido en Brasil, en una compra directa de 2 millones de dólares a la empresa Digitro Tecnología Limitada, y que se había mantenido en secreto por «razones de seguridad pública».

El Guardián, utilizado por la Policía Federal de Brasil, permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales. En definitiva, un sistema que moderniza y potencia la capacidad de la inteligencia policial para vigilar a los ciudadanos.

Como explicó el ministro Bonomi en el Consejo de Ministros del lunes 29, El Guardián se utilizará siempre que exista una orden judicial que lo autorice, y declaró ante sus colegas que «están aseguradas las máximas garantías». A su vez, en conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, argumentó que el nuevo sistema pretende «centralizar los medios de investigación de vigilancia electrónica», aunque no abundó en detalles sobre esa «centralización». Adelantó también que El Guardián será aplicado en coordinación con empresas de telecomunicaciones, pero todo indica que las escuchas y copias de correos electrónicos no dependen de esa «coordinación». Al respecto el ministro Bonomi reveló en el Consejo de Ministros que sabe que se escuchan llamadas de manera clandestina con equipos que están en manos de privados.

Fuentes parlamentarias consultadas por Brecha admitieron el temor de que la «modernización de las escuchas» profundice la autonomía de los aparatos de inteligencia para recolectar información lesionando la privacidad. Explicaron que se hace difícil establecer en qué momento culmina la autorización judicial. Las fuentes admitieron que herramientas como El Guardián son incorporaciones inevitables de los aparatos policiales, pero que esa autonomía que ofrecen para el espionaje hace más necesario establecer un protocolo que defina los límites de lo permitido y el uso que se hace de la información obtenida. Miembros de la oposición recordaron que, ante informaciones sobre posibles escuchas a legisladores, se le reclamó al ministro Bonomi información sobre las técnicas empleadas y los criterios utilizados por la Policía. Bonomi negó enfáticamente que la institución policial haya intervenido teléfonos de legisladores, pero no entregó la información solicitada. Ahora se anuncia que será convocado a la comisión respectiva de la Cámara de diputados para que fundamente la compra de El Guardián.

A su vez, senadores blancos estimaron que la aplicación de esta herramienta debería quedar supeditada a la aprobación de una ley sobre los servicios de inteligencia, cuya redacción está muy demorada. Y adelantaron que también sería convocado Bonomi a la comisión bicameral designada para la redacción de una ley que regule la inteligencia de Estado.

Por su parte, el juez Rolando Vomero manifestó su preocupación por una generalización de las intervenciones telefónicas. Dijo que «tiene que haber una causa importante, porque se trata de una prueba delicada». Y recordó que, en su experiencia, la Policía «suele pedir la interceptación de teléfonos por situaciones que no ameritan esa medida». Y recordó que cuando era juez de primera instancia negó «varias solicitudes al considerarlas injustificadas».

La utilización de herramientas cada vez más sofisticadas para el espionaje genera incertidumbres y preocupaciones sobre los mecanismos de control, sobre cómo se usan esos programas y quiénes los usan. Así como generó suspicacias el apresamiento (gracias a la aplicación de esas técnicas de escucha) de un cargamento de más de 400 quilos de marihuana en vísperas de la discusión parlamentaria sobre la legalización de esa droga, también generó suspicacias que el Ministerio del Interior, en forma «secreta por razones de seguridad» haya adquirido El Guardián cuando uno de los cometidos de la ley de inteligencia del Estado será definir la relación, en un Sistema Nacional de Inteligencia, entre los distintos organismos de inteligencia de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía. Las fuentes consultadas por Brecha sugirieron que los aparatos de inteligencia policiales pretenden tener una posición de dominio, por lo cual desde hace tiempo han desplegado una fuerte competencia que limitó las posibilidades de una real coordinación.