Ante la nefasta deriva de la comuna de de Estación Central, marcada por la gestión alcaldicia del UDI Rodrigo Delgado (2008 – 2020) donde la permisividad para la construcción de edificios habitacionales violó la propia normativa de ordenamiento urbano, se han articulado vecinas/os en un frente ciudadano que respalda la decisión del actual alcalde de denegar la Recepción Final de los polémicos «edificios fantasmas» o «guetos verticales» en la comuna.
Esta articulación pretente fortalecer la defensa de la comuna ante la presión ejercida por empresas inmobiliarias que buscan concretar sus negocios ahí.
A continuación ponemos a disposición su comunicación.
Un grupo de vecinos de Estación Central ha organizado un frente de apoyo a la gestión del alcalde, quien se niega a aprobar la recepción final de los polémicos «edificios fantasmas» o «guetos verticales» en la comuna. Esta medida responde a presiones de inmobiliarias que buscan legalizar construcciones que, según se ha revelado, infringen de manera flagrante la normativa urbana.
Con el respaldo de un equipo de juristas especializados en derecho urbano y administrativo, este frente ciudadano acusa acciones y omisiones de antiguas autoridades comunales y centrales que han favorecido la consolidación de situaciones ilegales. Para el alcalde, esta alianza ciudadana destaca el impacto negativo que estas construcciones representan para la comuna y la necesidad de proteger el derecho al buen vivir. Por ello, el edil Felipe Muñoz, recientemente electo con más del 50 por ciento de los votos, apoyaría esta y cualquier instancia ciudadana que se enfrente a proyectos que amenazan la calidad de vida en la comuna.
Artillería legal
El equipo legal sostiene que la Contraloría General de la República (CGR) ya había confirmado la ilegalidad de permisos de construcción otorgados en la administración del exalcalde Rodrigo Delgado.
En 2018, el ente fiscalizador (Dictamen N° 27.918) determinó que varios permisos, emitidos tras la Circular DDU N° 313 de la Seremi de Vivienda de 2016, infringieron las normativas de planificación urbana. Pese a esta resolución, las autoridades de la época no anularon los permisos, consolidando situaciones de irregularidad que ahora impactan a los vecinos.
El equipo de juristas también argumenta que las inmobiliarias estaban al tanto del marco legal que debían cumplir. Sin embargo, ignoraron las restricciones y promovieron proyectos sin respetar las limitaciones de altura y agrupamiento. Ante esta situación, los abogados proponen llevar el caso a los tribunales mediante acciones de nulidad de derecho público y de certeza jurídica, instando a la justicia a resolver la legitimidad de las pretensiones de todos los involucrados.
Con este conflicto, el debate sobre la construcción en Estación Central resurge, destacando la importancia de respetar el ordenamiento territorial para una convivencia urbana equilibrada y en armonía.