Este domingo serán las elecciones presidenciales en Venezuela. Contienden 10 candidatos de 30 organizaciones políticas. La disputa, sin embargo, se centra en dos: el presidente Nicolás Maduro Moros, como líder del proyecto fundado por Hugo Chávez, que busca relegirse, y su rival, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Magdiel Sánchez Quiroz

A escala internacional se ha construido una campaña mediática que anuncia el inminente triunfo del candidato opositor.

Su agrupación, que representa al bloque de la oligarquía más rancia, denuncia que Maduro prepara un fraude. De antemano rechazará los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) -instancia reconocida a escala mundial por su rigurosidad y transparencia-, pues afirma que sólo aceptará como válidas las actas de conteo de sus representantes de casilla y los de un centro privado que computará los sufragios desde Miami. A la par, medios estadunidenses anuncian el fin de la "dictadura de Maduro" y debaten sobre si será pertinente amnistiarlo.

Para la PUD la contienda electoral es un momento de un intento de golpe de Estado ya en ejecución. Como proceso, el golpe comenzó afines de 2023, con el restablecimiento de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela (aunque parezca contradictorio), cuando EU redujo temporalmente las "sanciones", ambos bandos liberaron presos y Venezuela reactivó diálogos con un bloque de la oposición.

Posteriormente, vino el intento de postular a la presidencia a María Corina Machado, una persona inhabilitada para contender por estar involucrada en crímenes relacionados con la corrupción del falso gobierno de Juan Guaidó y el robo a empresas nacionales. Luego vino el fallido intento de sustituir a Machado por Corina Yoris, pero la segunda no cubrió los requisitos administrativos para postularse. Al ser rechazadas ambas candidaturas, EU volvió a imponer las sanciones. Mientras, la misma oposición, siempre con apoyo de Washington, contrataba grupos paramilitares para cometer sabotajes en la frontera con Colombia e intentaba quebrar el aparato de seguridad del presidente Maduro, para explorar la posibilidad de un magnicidio (en agosto de 2018 intentaron asesinarlo).

Más allá de las falsas encuestas que anuncian el triunfo de la PUD, el escenario más probable es que el domingo Maduro resulte victorioso. El motivo es simple: la mayoría de los venezolanos se reconocen como parte de la revolución bolivariana e identifica que sólo su liderazgo garantiza la paz social y la defensa elemental de la soberanía nacional. Lo cual no significa que no existan críticas al oficialismo ni, sobre todo, que la vida cotidiana sea muy difícil, a causa de la guerra económica, para la mayoría de la población.

Es probable que antes de que concluyan las votaciones la oposición se declarará triunfadora, para luego, ante resultados adversos, denunciar el fraude a coro con los medios internacionales afines. Luego tendrá que venir la desestabilización social. Para ello, en tanto la oposición carece de base social que pueda disputar las calles de manera pacífica y masiva, tendrán que recurrir a ataques paramilitares, al terror, a las fake news y a las sanciones internacionales.

Resulta evidente que el intento de golpe no tiene posibilidades inmediatas de triunfar. Necesita del desgaste. Por ende, la detonación de un "incidente" militar en el Esequibo, territorio en litigio histórico internacional entre Venezuela y Guyana, puede ser un paso posterior y a mediano plazo. Detrás del Estado guyanés están las petroleras CGX Energy, Exxon, Shell y Anadarko, a las cuales entregó concesiones para la exploración de los hidrocarburos en una de las franjas petroleras más abundantes del mundo. Si el conflicto escala, el golpe se convertirá en guerra entre Venezuela y Guyana, para devenir después en una intervención militar yanqui "en apoyo" a la Guyana.

Los que hoy ejecutan el golpe son los mismos que fracasaron en la unción como presidente de Juan Guaidó en 2019, los que en 2016 intentaron un golpe legislativo y los que ejecutaron un efímero golpe en 2002 entre el 11 y 13 de abril. Basta con mirar las medidas antidemocráticas de su efímero gobierno, el odio permanente de clase y los ataques a civiles en las guarimbas para confirmar su talante terrorista y dictatorial.

Lo que está en juego es la pervivencia de la revolución bolivariana. La radicalidad de dicho proceso, que hizo explícita la polarización existente en la sociedad y tomó partido por los más humildes, consiste en su apuesta por transferir el poder del Estado y el control de la riqueza a órganos comunales de base aún en gestación. Su trascendencia es tan grande que sólo ha logrado encontrar como enemigo interno a un bloque oligárquico-terrorista, potencialmente dictatorial y evidentemente antipatriota, que dice que acabará con la revolución el domingo. Se vienen días decisivos para Venezuela.

Publicado originalmente en La Jornada