Joan Vollmers / resumen.cl

Desde agosto de este año un grupo de pescadores, recolectoras y recolectores de algas de Tomé, se mantienen en alerta ante la orden de desalojo notificada por el municipio local, lo cual, según explican "les impediría seguir desarrollando sus actividades de subsistencia" al no tener un lugar de secado y acopio de las algas que recolectan.

El sector de Los Tres Pinos alude al territorio comprendido por la playa del mismo nombre y sus inmediaciones, ubicada a unos 4 kilómetros al sur de la comuna de Tomé, Región de Biobío; se caracteriza por la belleza de su entorno, especialmente por su atractivo paisajístico y recreativo, las actividades de recolección de algas y mariscos, además de entregar una atmósfera de tranquilidad y aislamiento al encontrarse relativamente alejada de la ciudad.

Actualmente se presenta un conflicto de interés entre las autoridades comunales que pretenden desalojar el sector y los recolectores y familias que se encuentran asentados en este territorio.

A lo largo del tiempo este territorio ha sido fuente de trabajo de recolectores y recolectoras de algas y mariscos, quienes por generaciones se han dedicado a esta actividad. Existen antecedentes de que la ocupación del territorio trasciende a más de treinta años, donde la actividad de recolección de algas se realizaba mediante el asentamiento de campamentos improvisados -hechos con materiales encontrados y reciclados del lugar- durante los meses de septiembre a julio, en la zona de línea de playa; aquí las familias se instalaban desenvolviéndose en las actividades de marisqueo y recolección de algas, principalmente luga. En estos campamentos acopiaban las algas y se mantenían refugiados durante la temporada de trabajo.

Recolección de mariscos en caleta Los Tres Pinos

Recolección de luga en caleta Los Tres Pinos

Post terremoto de 2010 comienza a gestarse un poblamiento de este territorio, traspasada la línea de playa, ubicándose en una franja de terreno perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) colindantes con predios forestales que actualmente pertenecen al dueño de la Inmobiliaria Santa Margarita.

Con el paso del tiempo no sólo permanecieron las familias recolectoras, sino que también comenzaron a ocupar los terrenos otras familias con diferentes necesidades habitacionales, laborales y recreativas, de forma desregularizada y sin ningún tipo de fiscalización por parte de las autoridades.

El grupo que habita y trabaja este territorio, se ha organizado como comunidad, logrando conformar el "Sindicato de pescadores, recolectores de algas y artesanos", el cual incluye a 22 personas activas. Además de dedicarse a la recolección de algas, otras personas pertenecientes a la agrupación desarrollan actividades ligadas a artesanías, recolección de insumos para terapias naturales como la fitoterapia, entre otras actividades productivas.

Si bien están conscientes de la ocupación irregular de los terrenos, apelan a la importancia que ha significado el asentamiento hacia la comunidad otorgando de manera gratuita y desinteresada servicios asociados al turismo tales como: el acceso a baños, mantención de la limpieza del lugar, mejoramiento del camino y acceso a la playa y aportando a la seguridad del sector, dado que hasta antes de la instalación de este asentamiento el tránsito peatonal era mucho menor, debido a la espesura de las malezas y plantaciones forestales que bordeaban el camino y la lejanía del sector con el lugar poblado más cercano, lo cual generaba desconfianza dado la inseguridad del lugar; servicios básicos que debieran ser otorgados por la municipalidad, pero que han sido asumidos por esta comunidad, en forma de "vuelta de mano" por permanecer ahí. En palabras de Wladimir Vega -uno de sus dirigentes- la intención de los integrantes de la organización es mantener el rol que han cumplido hasta ahora y proyectar el asentamiento como un espacio de trabajo transformándola en una caleta productiva. La finalidad es que sean reconocidos como tales por el resto de la población y autoridades.

Al mismo tiempo asumen no ser dueños legales de los terrenos, sin embargo, no están de acuerdo con el desalojo mediante el uso de la policía armada, ni verse envueltos en enfrentamientos violentos, ya que como señalan "no somos delincuentes, somos trabajadores y trabajadoras del mar". Aceptarán desalojar pacíficamente el día que se logre dialogar con las autoridades comunales y comprendan su situación, o cuando exista un proyecto concreto respecto al futuro de estos terrenos. El mismo alcalde de Tomé no tiene claridad frente a qué tipo de proyectos se emplazarán en esta franja costera, al ser consultado por el diario "La Estrella" sobre cuáles son los planes que se tiene para el comodato que sostiene con EFE en estos terrenos, sostiene que: "uno de ellos es hacer el camino a Punta de Parra, pero también podría servir para la extensión del tren hasta Tomé", dando cuenta de que no existe ninguna proyección concreta y por lo tanto imperativa para el desalojo de los integrantes del sindicato de la caleta de este sector.

La fecha estimada para el desalojo de los vecinos de la caleta Los Tres Pinos fue determinada con fecha tres de agosto de 2018, extendiéndose un plazo de veinte días hábiles para efectuar la desocupación de manera voluntaria, de lo contrario se ha advertido la utilización de maquinaria de demolición de las viviendas y el uso de la fuerza pública. Al día de hoy (23-11-2018) el desalojo no se ha realizado, pero ya se ha aprobado en el concejo municipal de Tomé, de forma expedita y extraordinaria, un presupuesto de 15 millones de pesos para el pago de la maquinaria de demolición y traslado de escombros, además de solicitar un aumento de 10 millones de pesos adicionales; al mismo tiempo se traspasará una parte de los gastos a los vecinos, la suma de $400.000 por vivienda.

De no resolverse este conflicto social mediante una apertura al diálogo y de este modo lograr un acuerdo entre las autoridades comunales y los vecinos que desarrollan las distintas actividades productivas en este territorio, la situación desembocará ineludiblemente en un enfrentamiento violento entre la comunidad que se resiste a desalojar y la fuerza pública. Enfrentamiento evitable mediante un diálogo abierto a encontrar una solución con los vecinos afectados, tomando en cuenta que no se les ha permitido exponer directamente con las autoridades, siendo vetados de participar de los concejos municipales, según señala Wladimir Vega. Si se considera los beneficios que otorga la presencia del asentamiento frente a la incertidumbre de lo que se realizará en estos terrenos posteriores al desalojo y, si además aún no existe claridad con respecto a los proyectos que se pretenden emplazar, es al menos cuestionable el procedimiento de desalojo que se pretende realizar a este conjunto de recolectores que se han desarrollado cultural y productivamente durante años en este lugar.

Fotos de contexto: Skamote