Editorial

En marzo el parlamento acaba de aprobar una nueva Ley General de Educación (LGE), en contra de la opinión de  todos los actores sociales involucrados: estudiantes secundarios y universitarios, profesores, trabajadores de la educación, trabajadores del ministerio de educación, padres y apoderados.  Además, muchos de los que ingenuamente participaron de la comisión de educación, que el gobierno constituyó para reformar la LOCE, hoy también rechazan el nuevo marco institucional, como lo han declarado públicamente decanos de facultades de educación y académicos de renombre.

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