El CPTPP o TPP11 fue promulgado el día de ayer en el Diario Oficial, por lo que pasó a entrar en vigencia dentro de la legislación chilena y se convirtió en el país número 10 en entrar a este polémico acuerdo que no ofrece mejoras a Chile y debilita su soberanía a nivel internacional.

Por Alejandro Baeza

El TPP11 fue aprobado por el Senado el 12 de octubre de 2022, el último paso legislativo que faltaba pues ya había sido revisado por comisiones y aprobado en la Cámara. De hecho, su fecha original de votación era el 22 de octubre de 2019, pero con el inicio del Estallido Social fue pospuesto por miedo a las manifestaciones sociales.

"Con fecha 23 de diciembre de 2022, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo 2 del artículo 3 del referido Tratado y, en consecuencia, este entrará en vigor el 21 de febrero de 2023", se lee en la promulgación publicada ayer 21 de febrero de 2023 en el Diario Oficial.

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El decreto lleva la firma del presidente Gabriel Boric; y de los ministros de Relaciones Exteriores (s), Ximena Fuentes; de Hacienda, Mario Marcell; de Economía, Nicolás Grau; de Trabajo, Jeannette Jara; de Salud, Ximena Aguilera; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Transportes, Juan Carlos Muñoz; y de Medio Ambiente (s), Maximiliano Proaño.

"El Gobierno está avanzando en la implementación de este tratado a través del Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales. Y con esta entrada en vigencia, se coordinará la adecuada aplicación del CPTPP con los actores involucrados", se lee en un comunicado difundido Cancillería

Así el país se suma al acuerdo transnacional entre 11 países del Área Pacífico, con los que Chile ya cuenta con tratados de libre comercio, por lo que su adhesión no implicaría ninguna nueva ventaja sino por el contrario, implicaría entre muchas otras cosas la cesión de soberanía en ámbitos jurídicos.

Una de las repercusiones más relevantes se relaciona con la obligación que contrae el Estado chileno a someterse a las decisiones de entidades de arbitraje internacional, donde pueden recurrir empresarios (inversores) que consideren a sus inversiones afectadas por una situación dependiente del Estado del territorio donde opera.

Esto puede ocurrir cuando aumenten los impuestos a una empresa extractora de recursos naturales, se establezca una norma de salario mínimo mayor que el existente, se regulen las operaciones de las AFP o se ponga fin a ellas, se conformen empresas estatales que produzcan bienes y servicios a costos competitivos con las que ya funcionen, se implementen normas eficaces en la protección ambiental y de las comunidades que habitan el territorio nacional, entre otras situaciones en el mismo sentido.

La postura del Gobierno y de la cartera de Medio Ambiente fue en general dejar que el proceso avance, restándose de incidir en la votación y optando por trabajar en las cartas laterales o «side letters», acuerdos entre países suscriptores al tratado que finalmente no serían vinculantes, por lo que la esencia del acuerdo quedaría intacta.

Ahora viene la implementación del tratado, que se basa en el «Protocolo Acuerdo de entendimiento para la aprobación del CPTPP», que aprobaron en 2019 el excanciller Teodoro Ribera y la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

«Chile enfatiza que continuará trabajando en conjunto con sus socios comerciales al interior del foro del CPTPP y otros espacios multilaterales, para mejorar los estándares que regulan los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas-Estado, con la finalidad de dotar de mayores grados de certeza jurídica nuestras relaciones comerciales», señaló a finales de 2022 un comunicado de la Cancillería.

Cabe recordar que el TPP11 -acuerdo que fue impulsado transversalmente por toda la clase política, desde la ultraderecha de Republicanos hasta el PS y el parte del Frente Amplio.