Resumiendo

Viejas necesidades, nuevos caminos

Si la sordera, arrogancia y represión gubernamental de los últimos meses no había sido suficientemente esclarecedora, la política de gobierno en materia educacional ha quedado fríamente evidenciada con dos sucesos recientes; por un lado la cruel y absurda decisión de decretar el cierre, la eliminación, de cuatro colegios públicos de la ciudad de Concepción, y por otro, la aprobación en el Congreso de un presupuesto de Educación para el año 2012 que no resuelve nada de los problemas que dejó al descubierto la movilización estudiantil y social de todo este año. Dos medidas que expresan y profundizan el carácter discriminatorio, segregado, abusivo y mercantil del sistema.

Esta característica esencial del sistema se reproduce en otras áreas de la vida nacional y se expresa en toda la extensión del territorio. En nuestra zona adquieren una especial relevancia los problemas de salud, educación y vivienda porque al costo habitual de daños que provocan los abusos y atropellos del modelo, se suman los costos y daños de una reconstrucción ineficiente, cuando no inexistente. La inoperancia para abordar la solución de estos graves problemas provocados por la catástrofe natural ha quedado algo escondida detrás de la inoperancia del conjunto del sistema para resolver los problemas del país, denunciados por la movilización social. Y no hablamos de los costos y daños provocados por el terremoto y tsunami, sino de los costos y daños provocados por una gestión gubernamental y política que ha hecho gala de todo su repertorio de discriminación, segregación, desidia y corrupción, cuando de distribuir o asignar recursos y medios se ha tratado. Los poblados y caseríos más aislados han quedado en el abandono, o porque no están dentro de los intereses político electorales de los administradores regionales o porque por aquellos lugares no llega la tele para montar sus show político mediáticos. Las poblaciones y barrios más pobres y más afectados han logrado cierta atención solo en la medida en que se han movilizado, tomado calles y caminos, obligado la atención de los medios empresariales de comunicación, encarado a las autoridades y exigido soluciones; en algunos casos han llegado a exigir participación en la definición de las soluciones, lo que a los ojos de la burocracia del poder equivale a un pecado capital propio de subversivos.

Lo que ha quedado de manifiesto durante este año es que la única fórmula posible para lograr avances y soluciones en las demandas ciudadanas es la organización social y la movilización. Ese es el factor común en el ámbito nacional y local. En los diversos territorios confluyen los sectores afectados por el modelo de modo permanente con los que se ven afectados de modo circunstancial y es en estos espacios donde empieza a conformarse una red de organizaciones que buscan coordinarse y potenciarse en sus demandas para abordar caminos de acción común. Los problemas de salud, educación y vivienda, se cruzan y se unen con los problemas laborales, de régimen previsional, de endeudamiento, de medioambiente, de participación, de recreación, etc. Este cruce se produce porque afecta la calidad de vida de las mismas personas, de una misma familia, de la totalidad de los pobladores de un barrio o de la mayoría de los habitantes de un poblado, y así surge de manera natural y lógica la expresión territorial de las organizaciones sociales y la movilización.

La lucha liderada por los estudiantes comienza a irradiarse a otros sectores y los propios estudiantes se encaminan a buscar nuevas fórmulas para seguir planteando sus exigencias de fondo, y para ello también buscan formas de coordinación con los territorios y sectores sociales más dañados por el modelo.