La discusión acerca del salario mínimo para los trabajadores deja en evidencia las contradicciones y aberraciones del modelo dominante. En el Congreso la postura del gobierno y de la alianza gobernante da una muestra más de las inequidades que se cultivan desde los dueños del poder y la riqueza.
Cuando las cifras de crecimiento del país son el gran logro que ha propósito de cualquier martingala saca a relucir el gobierno y el Ministro de Hacienda, cuando las utilidades de las grandes empresas y entidades financieras alcanzan cifras escandalosas, cuando los parlamentarios no se arrugan para aumentar sus propias asignaciones en más de dos millones mensuales, cuando en los discursos el gobierno hace gárgaras de salario ético, llegada la hora de hablar de los trabajadores aparece la real naturaleza del sistema. Para los trabajadores migajas y como mucho.
Como cada año que debe tratarse este asunto, el gobierno de turno habla de crisis (siempre encuentran crisis en las cuales parapetarse), de riesgos de cesantía, de que no es el momento adecuado, en fin, patrañas y engaños para encubrir una nula voluntad de corregir la injusticia. Cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores nunca es el momento adecuado en la lógica engullidora de los poderosos. Este año, los gobernantes usaron las típicas artimañas de la política sucia, la demagogia y el chantaje para tratar de imponer su propuesta de fijar un magro aumento de un 5 %; envió el proyecto al parlamento con solo 72 horas de plazo para su tratamiento y discusión, buscando que la habitual ligereza de los parlamentarios y la presión de un año electoral le permitiera hacer pasar por un tubo su propuesta. La actitud gobernante denota el desprecio con que actúan frente a la clase trabajadora. No le fue bien a los tacaños gobernantes y, ante el rechazo de la cámara, tampoco le fue bien aunque aumentara a un 6 % su oferta final.
La profunda desigualdad es la consecuencia más notoria de la explotación laboral, de los abusos y de los atropellos de que son víctima los trabajadores y sectores más pobres del país. Cada vez que la clase política es llamada o tiene la oportunidad de tratar de corregir en algo estas injusticias, lo que debiera ser su obligación moral, siempre termina defendiendo los intereses del modelo, de los empresarios, de los poderosos. Queda claro que el modelo genera la desigualdad porque es consustancial a su existencia y pervivencia, por ello no solo la mantiene sino que la profundiza; la oferta de que el crecimiento económico genera un chorreo que beneficia a los más desposeídos es una falacia que solo tiene expresión en los textos donde magnates, gerentes y serviles han aprendido las artes de la mentira para imponer un modelo en su entero beneficio.
En la realidad, Chile tiene uno de los salarios mínimos más bajos de América del Sur, ocupando el séptimo lugar entre diez, calculado por dólares comparables y por poder adquisitivo del importe. Lo que está muy lejos de los parámetros que utiliza la OIT para medir el valor de los salarios, basados en el poder de compra real del monto. Es más, según datos estadísticos de la Fundación Sol, el actual salario mínimo como proporción del per cápita mensual alcanza solo un 29,1 % del PIB. Porcentaje que está muy por debajo de los mínimos sugeridos por los técnicos, economistas y teóricos, de la propia economía neoliberal. Porcentaje que es el más bajo que se registra en los últimos 23 años y que técnicamente lo convierte en un minisalario mínimo.
Con razón y legítimo derecho decenas de organizaciones sindicales de base y confederaciones de trabajadores del cobre, de la pequeña y mediana industria, del comercio, de sindicatos bancarios, entre otros, han manifestado su rechazo a la actitud y propuestas de los gobernantes.