La necesidad de medir con estudios y estadísticas el desempeño del aparato del Estado en el tratamiento y ejecución de las políticas públicas se ha convertido en los últimos años en un espacio y mecanismo de instrumentalización política por parte de la clase política y los gobernantes de turno. Esta práctica se ha tornado particularmente grosera durante la actual administración, quienes han agregado el novedoso método de resolver los problemas sociales mediante simples decisiones mediáticas o decretos publicitarios.

La manipulación de cifras por parte de los gobernantes ha desvirtuado el sentido que debieran tener las mediciones estadísticas. Se supone que estas debieran estar orientadas a proveer de diagnósticos certeros de la realidad para definir la búsqueda de soluciones a las necesidades sociales desde las políticas públicas. En la práctica se usan solamente como fuente de datos para mostrar supuestos éxitos, supuestos adelantos, supuestas soluciones, utilizando los informes de manera mañosa, antojadiza, cuando no abiertamente canalla. El interés gubernamental consiste en mostrar eficiencia y capacidad ejecutiva mediante la manipulación de las cifras. No está en el interés ni el ánimo de los gobernantes, ni menos en la voluntad política, estudiar las cifras y mostrar el diagnóstico que revelan para anunciar soluciones a los problemas que devela la realidad. Por el contrario, se trata de ocultar la realidad, en el mejor de los casos camuflarla, pero sobre todo se intenta mostrar una realidad ficticia, un país que no es, intentando forzar una apreciación ciudadana que favorezca el mezquino interés de gobernantes y políticos amorales.

El mecanismo preferido para estas manipulaciones mediáticas son verdaderas campañas publicitarias que se orquestan para anunciar, presentar y reiterar hasta el hartazgo las cifras de turno que muestran un país bullente y exitoso, cual si se tratara del último producto de marketing. No importa que la verdad sea otra y lejana. Las cifras de avance real de la reconstrucción, por ejemplo, que muestra el gobierno son un chiste canalla si se las somete al simple escrutinio de compararlas con la realidad; lo mismo puede decirse de las cifras de medición de la cesantía que, aparte de utilizar métodos estadísticos amañados, distan mucho de reflejar el drama de los sin trabajo, de los cesantes, de los trabajos precarizados, de los trabajos esporádicos, de la carencia de empleos dignos.

La manipulación mediática ocurre por igual con los estudios de ciclo mensual, trimestral, anual, o de la periodicidad que sea; cuando corresponde dar a conocer los resultados de las mediciones, se viene el espectáculo demagógico. Un ejemplo de estos métodos es el informe que hace el gobierno respecto de la última encuesta Casen, en donde anuncia, como decreto publicitario, el descenso de las cifras de pobreza en el país. Precisamente cuando la ciudadanía, el país entero, ha logrado dimensionar el abuso de un modelo que genera desigualdad y pobreza, aparece el gobierno con una supuesta reducción del número de pobres. De nuevo, mediante la utilización de mecanismos amañados de medición y el uso de conceptos que hace años quedaron superados por la realidad, los gobernantes pretenden hacer creer que el flagelo de la pobreza es mínimo y que la desigualdad es un espejismo.

Otra muestra del extremo a que ha llegado el apego gobernante para manipular, para mentir, para falsear, para dar una imagen de eficiencia y capacidad, es el engaño develado por la Contraloría en torno al término de las listas de espera AUGE. Este engaño es otra canallada. El gobierno decide terminar con las listas AUGE por el simple expediente de reducirlas en los registros, pero presentan el hecho como si todos los pacientes hubieran sido satisfactoriamente atendidos, cuando en realidad solo dejaron de ser considerados en los listados respectivos.

Esta práctica de solucionar los problemas por medio de decretos mediáticos ya ha sido utilizada con profusión por este gobierno en anteriores situaciones críticas. Así ocurrió  cuando el presidente Piñera dio por superada la emergencia post terremoto en circunstancias que la población afectada aun no abandonaba los refugios, no recibía la ayuda necesaria y todavía sufría los efectos traumáticos del desastre. Luego, dos años más tarde, el gobernante decreta publicitariamente que la reconstrucción está superada. Pura ficción. No se trata de piñericosas sino de un estilo, de una manera de relacionarse con la población, con la ciudadanía, mediante la mentira, la farsa, el engaño. Otro abuso más por erradicar.