[resumen.cl] Los últimos antecedentes otorgados por Francisco Mujica, ex gerente general de CORPESCA, parecen ser la confirmación de lo que afirmó en una entrevista, publicada por CIPER en mayo de 2013, cuando le preguntaron si es que había financiado las campañas electorales de la entonces diputada Marta Isasi, respondiendo que «hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más». Días después de la publicación de estas palabras, Mujica abadonó la gerencia de CORPESCA y en cuanto a Isasi, aunque se presentó como candidata en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2013, no fue electa.

La trama a través de la cual esta parlamentaria recogía financiamiento constituyó el esquema básico de lo visto tiempo después en los casos Penta, SQM y ahora, nuevamente, en los trámites de aprobación de la Ley de Pesca. Este mecanismo consiste en el cobro por supuestos servicios realizados a empresas por parte de asesores o personas cercanas a los parlamentarios. De este modo, el asesor de Marta Isasi, sin ser especialista, elaboró informes de pesca para ejecutivos de CORPESCA, quienes pagaron $25 millones por ellos.

Particularmente la Ley de Pesca se aprobó en su trámite final con los votos de 23 senadores, muchos de los cuales fueron denunciados por sus «conflictos de interés» o bien, ahora están siendo investigados por recibir dinero de la Industria Pesquera. Tal es el caso del senador UDI, Jaime Orpis, quien según ha declarado el propio Francisco Mujica, entregó informes relacionados con el consumo de drogas y la rehabilitación de adictos a cambio de pagos mensuales oscilantes entre los 2 y 10 millones de pesos. Éstos se intentaron justificar con boletas emitidas a CORPESCA por tres asesoras del senador entre los años 2009 y 2013. Los informes los consiguió desde la Corporación Esperanza, de la cual en su sitio web se dice que es su fundador.

Junto con Orpis está el caso del propio Pablo Longueira, quien, desde el puesto de Ministro de Economía, impulsó la aprobación de la Ley de Pesca en 2012. Una de las asesoras de Longueira, Solange Hermosilla, ha indicado que entregó boletas a Pesquera Golfo S.A., empresa fusionada con Pesquera Itata en 2011, dando lugar a la actual Blumar. También, como lo consigna la periodista Claudia Urquieta en El Mostrador, el abogado Alfonso Mora Domínguez, sobrino de Longueira, junto con entregar 2 boletas a SQM por 12 millones de pesos, también ha recibido honorarios de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES).

Otro caso paradigmático de la corrupción en torno a la aprobación de la Ley de Pesca es el del diputado por Hualpén y Talcahuano, Jorge Ulloa. Su esposa figura como propietaria de la empresa Cargo Service S.A., la cual presta servicios de transporte de harina de pescado a la empresa Blumar S.A. Según la organización ECOCEANOS, en dos ocasiones (en  diciembre del 2011 y enero del 2012) se hicieron denuncias a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados para impedir la participación de Ulloa en las votaciones respecto al entonces proyecto de ley, pues es miembro de la comisión de pesca de la Cámara. Las denuncias no tuvieron ninguna repercusión y Ulloa, según ha consignado El Mostrador, incluso tuvo como asesores a Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo, representantes de ASIPES y Sonapesca, respectivamente.

Durante la tramitación de la Ley de Pesca, El CONDEPP (Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero) denunció  a cuatro senadores que tenían intereses económicos en la pesca industrial y que se negaban a inhabilitarse para aprobar esta ley:

-Jovino Novoa en su declaración de patrimonio, señaló participar en la empresa Inversiones y Mandatos S.A, y en la Comercial Nahuelbuta Ltda., sociedad dedicada a la exportación de productos del mar. Votó a favor.

-Alejandro García Huidobro, senador reelecto, participa en la sociedad Navarino S.A. que tiene por objeto el desarrollo, ejecución, explotación y/o participación en actividades pesqueras. Según la Superintendencia de Valores y Seguros, García tiene relación con CORPESCA. Votó a favor.

-Andrés Zaldívar tenía, durante el periodo de tramitación de la ley, a su hermano Manuel Zaldívar Larraín como director de CORPESCA. Votó a favor.

-Carlos Larraín declaró contar con 48.653 acciones en la empresa COPEC, principal empresa del grupo Angelini, una de las 7 familias beneficiadas con la nueva Ley de Pesca a través de CORPESCA. A su vez, el senador Larraín declaró tener 13.813 acciones en la pesquera Coloso. Finalmente, Larraín no votó, para no complacer a la jauría, dijo.

Ahora cabe preguntarse por qué, a pesar de conocerse estas «irregularidades», la Ley se aprobó igual y sigue vigente. La respuesta no puede seguir siendo complaciente, orientándose a explicar todo el desastre por el «carerrajismo» de la clase política, ésta es así y no cambiará porque le moleste el epíteto. La ley de pesca pudo aprobarse, también, porque no hubo una fuerza social capaz de rechazarla e imponer en su lugar un plan de recuperación pesquera y de pesca sustentable. Hoy, los sobornos e intereses personales que apuntalaron la tramitación de esta Ley, saltan a la cara de toda población y cualquiera podría afirmar, con total respaldo, la necesidad de su derogación. No obstante, su anulación no dependerá de juegos leguleyos, sino de la presión que pueda ejercer la comunidad en función de defender una fuente de subsistencia, desde la perspectiva laboral y alimentaria.

¿Por qué esta ley es nefasta?

-Porque los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, priorizando las ganancias fáciles y rápidas que proveen éstos a la pesca industrial, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan.

-Porque se le permitió a CORPESCA capturar sardina española y anchoveta dentro la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Este recurso es la base para la producción de harina de pescado y su posterior fabricación de alimentos para la industria cárnica de pollos, chanchos y salmones que produce alimentos nutricionalmente mucho más pobres que los propios peces que se ocupan en su engorda.

-En la ley, el Estado reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos. El argumento que justifica esto es que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello.

La propiedad recae entonces en quiénes se adjudicaron el permiso para pescar. La ley estableció cuotas de pesca a cada particular a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones de su captura. Para la pesca artesanal hay lo que ya hemos visto: canastas familiares, bonos y planes de reconversión laboral.

- Estos permisos de pesca serán por 20 años renovables. Además, podrán hacer cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca, pudiéndolo dividir hasta cien mil partes. O sea, listo para ponerle precio y subdividir el permiso [o licencia] en acciones a transar. Al comenzar a venderse en el mercado bursátil, los permisos de pesca adquieren un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa y ese será el negocio, donde no es necesario que existan peces para que haya permisos de pesca, porque sin ellos, igual hay negocio.

Mala Pesca: La depredación pesquera en Chile