La acción judicial busca encontrar responsabilidades en la administración pasada, correspondiente a Audito Retamal, en cuanto a los posibles delitos de cohecho, estafa y negociación incompatible en la adjudicación del servicio de recolección de basura por parte de la empresa Bioclean. Además, los querellantes hacen hincapié en la falta de probidad por parte del actual alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, quien, según comenta la concejala Camila Ortiz, no ha efectuado ninguna acción de fiscalización, pese a conocer los cuestionados antecedentes.

Un grupo de concejales y concejalas sampedrinas ingresó una querella contra quienes resulten responsables de las posibles irregularidades en la licitación del servicio de recolección de basura de la comuna, el que, según información de Ortiz, «tiene un costo de alrededor de $270 millones mensuales, por un plazo de seis años».

El grupo de ediles acusa que la base de la iniciativa licitada estaría hecha por el jefe de proyectos de la empresa Bioclean, la misma que se adjudicó el millonario servicio y que habría sido tomado de una licitación en Las Condes. Dicha información se habría encontrado hace dos años en la oficina del administrador municipal en un pendrive, cuando estaba asumiendo el cargo Javier Guiñez, es decir, habría estado al tanto de los antecedentes denunciados este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz.

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Según la concejala Camila Ortiz, «tenemos antecedentes de que la empresa envió las bases de la licitación, junto a las cotizaciones y fotografías y son las mismas que la municipalidad publicó en la plataforma de licitaciones. Además, esta empresa pidió lobby con todos los concejales para influir en su voto».

La edil afirma que, sumado a estos antecedentes, hay indicios que dan cuenta de «que habían gestiones previas para que esta empresa se adjudicara el contrato».

Durante los seis años que debiera durar la cuestionada licitación, según Ortiz, el municipio desembolsaría un aproximado de 20 mil millones de pesos, situación que tiene en la palestra no solo al exalcalde Audito Retamal, sino que también a su par y actual cabeza del municipio sampedrino, Javier Guíñez. 

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En esta línea, según declaró el concejal Marcelo Bersano, «este pendrive habría sido entregado al jefe comunal en julio de 2021 y a la fecha no ha hecho nada con los antecedentes, lo que claramente es un hecho que podría ser constitutivo de delito, por eso pedimos que se investigue». 

Por su parte, la concejala Camila Ortiz enfatiza en que, «esta empresa habría influido en el proceso de licitación para adjudicarse el contrato, con distintas pruebas que los funcionarios entregaron bajo registro al alcalde y no ha tomado acciones al respecto. Por tanto, hacemos esta querella para que se investigue en torno a la administración anterior, los eventuales delitos de negociación incompatible, cohecho y estafa, además del encubrimiento a estas graves situaciones en la actual administración». 

Esta situación pone nuevamente en la palestra al alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, quien, además de enfrentar un proceso judicial por los delitos de acoso sexual y laboral, ha sido cuestionado por el posible conflicto de interés en el fatal accidente de tránsito que costó, a inicios de mes, la vida de siete pasajeros que se transportaban en una micro de la línea San Pedro del Mar, donde controla cerca del 30%.