La marcha comunal convocó a cerca de 500 personas agrupadas en el Movimiento Solidario Vida Digna de la zona norte de Santiago, quienes cuestionaron el fracaso de la política habitacional del gobierno de Boric. Exigen acceso a terrenos y veto presidencial a la Ley Antitomas.

Por Maximiliano Bazan

Los pobladores agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna realizaron una masiva marcha por la vivienda en la comuna de Huechuraba, ubicada al norte de Santiago, durante la tarde del pasado sábado 2 de septiembre.

El movimiento criticó la política habitacional del actual gobierno, señalando que "se habla de un Plan de Emergencia Habitacional, y a pesar que en Huechuraba hay muchos terrenos sin uso, seguimos sin acceder a ellos. Nuestra comuna está creciendo en beneficio del sector más privilegiado del país, destinándose grandes porciones de suelo para proyectos de vivienda ABC1 para el arriendo y no para dar solución a las familias sin casa".

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"Lo que estamos exigiendo al SERVIU es que cumpla su palabra y compre los terrenos que se han puesto sobre la mesa, porque están todas las condiciones para hacerlo, ya que hay una negociación avanzada que los últimos meses se congeló, por lo que ahora urge que destinen el financiamiento para concretarlo", dice Sigrid Tapia, dirigenta del movimiento.

En cuanto a sus demandas, plantean cuatro puntos al gobierno:

1. Que se compren terrenos dentro de nuestra comuna para construir vivienda social para no desarraigarnos.

2. Que la compra de terrenos se haga sin exigir a las familias un aumento en el ahorro, ya que no es posible por el aumento del costo de la vida, y tampoco es justo, porque ese dinero solo financia la especulación del precio del suelo.

3. Que se agilicen los procesos de postulación y construcción de viviendas que se encuentran en curso.

4. Que se ponga un veto presidencial a la Ley Anti-tomas que acaba de ser aprobada porque lejos de resolver el problema, solo criminaliza la pobreza.

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Este último punto hace referencia a la Ley de Usurpaciones o Ley Antitomas, aprobada recientemente por ambas cámaras en el Congreso, entre cuyos puntos problemáticos se encuentra la figura de legítima defensa privilegiada, la cual permite a los dueños de terrenos tomados restituir el control del predio de forma directa o a través de la intermediación de agentes privados, además de aumentar el tiempo de flagrancia por el que puede ser detenido quien se toma un terreno por necesidad habitacional, condenando la acción con penas de cárcel.

En uno de los puntos de vocerías que tuvo la marcha, las dirigentas de los comités se refirieron al Registro Social de hogares como un problema que impide a muchas familias postular colectivamente a la vivienda.

Según Olga Rojas, vocera del movimiento, "la forma en que el Registro Social de Hogares categoriza la pobreza no refleja la realidad que vivimos. El SERVIU permite que solo un 30% de las familias de un comité esté sobre el 40% más pobre, y eso termina excluyendo a muchas familias que con suerte llegan a fin de mes y que no tienen ninguna capacidad para acceder a un crédito".

Geraldine Cabrera, también vocera del movimiento, agrega que "creemos que se debe poner fin al Registro Social de Hogares porque está hecho para filtrar el acceso de las familias a lo que debería ser derecho para todos, porque es algo básico tener un lugar dónde vivir".