Las irregularidades administrativas al interior del municipio de Ancud, comandado por el alcalde Carlos Gómez Miranda, suman ocho años de deudas provisionales y sueldos incompletos durante marzo y mayo de este año. El temerario actuar del edil lo llevo incluso a amenazar con pagar los montos faltantes solo a quienes no se han sumado a las movilizaciones que mantienen en paro la educación en la comuna de la Isla Grande de Chiloé hace casi dos meses.

Por Juan Contreras Jara

Una querella criminal contra el alcalde de Ancud y cabeza de la Corporación Municipal de Educación, Carlos Gómez Miranda, interpusieron representantes del Colegio de Profesores, según declaró su presidente, Carlos Marchant Díaz, por los delitos de «apropiación indebida de recursos públicos y malversación de fondos».

Frente a la acción legal y tras años de irregularidades, Pamela Carrasco, parte del Colegio de Profesores Comunal Ancud, esgrimió que esperan que las instituciones funcionen «que el estado de derecho se pueda aplicar, porque nosotros como trabajadores lo que necesitamos es que se pueda hacer justicia frente a este tema, que el daño patrimonial que hemos percibido respecto a este tema durante años, finalice y poder retornar a nuestras escuelas de manera normal».

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La situación en Chiloé no da para más. A los 8 años de deuda en cotizaciones, se le suman serias faltas ligadas al pago de los salarios de docentes y asistentes de la educación. El primer escándalo monetario de este año lo padecieron las y los trabajadores de la educación chilota, en marzo pasado, cuando se les comunicó que solo se les pagaría el 58% de sus remuneraciones. Pero no sería el único mes con este tipo de irregularidades. En mayo pasado la situación escaló en las cifras, pagándoles un 60% menos de sueldo.

Es en este contexto que, según informaron desde el gremio docente en Ancud, la secretaria de la Corporación Municipal de Educación, Lorena Romero, les amenazó con pagar lo adeudado de los salarios de mayo, únicamente a quienes no han reclamado por la seguidilla de irregularidades al interior del municipio a cargo de Carlos Gómez Miranda.

Son estas situaciones, que por lo demás mantienen en una agónica situación económica a más de 500 trabajadores y trabajadoras de la educación Pública, las que llevaron al Colegio de Profesores a recurrir a acciones judiciales contra el edil y quienes resulten responsables, apuntando a los delitos de apropiación indebida de recursos públicos y malversación de fondos.