Un año y ningún formalizado: familia de joven atropellado en Lirquén teme un posible cierre de investigación

En Penco

Una camioneta roja, propiedad de la empresa DIGOSA (Vidriería Prat S.A) y manejada por Álvaro Cristóbal Antequera Salgado -como señala una querella ingresada en su contra-, fue la que arrolló al joven Nicolás Reyes Jabre en Lirquén. Hoy, a casi un año del brutal atropello que truncó su vida, su familia acusa la intención de Fiscalía de cerrar su caso, en medio de un manto de impunidad que tendría como protagonista a quien, acusan, no prestó ayuda a la víctima.

Por J. Arroyo Olea y JC Contreras Jara

Desesperada se encuentra la familia del joven de 19 años de edad, Nicolás Reyes Jabre, quien el 18 de julio de 2024 fue brutalmente atropellado en Lirquén, comuna de Penco, cuando se dirigía a esperar la locomoción colectiva.

¿El motivo? Acorde a información entregada por la familia del joven, Fiscalía pretendería cerrar su caso sin siquiera haber formalizado al presunto responsable, quien sería subgerente de la empresa DIGOSA, y que huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima.

A solo días de cumplirse un año del atropello que dejó a Nicolás Reyes, entre otros, en coma inducido, con la extirpación de su bazo, la fractura de sus dos piernas, su mandíbula destruida y con un un daño axonal difuso grado 2, su familia teme que su caso quede en la impunidad.

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Fue en octubre del año pasado que RESUMEN informó sobre lo ocurrido con Reyes Jabre. En aquel entonces, la madre del joven comentó que, tras el atropello, «los peatones le prestaron los primeros auxilios, llamaron a la ambulancia y fueron a buscar a bomberos, también le desbloquearon el celular y me llamaron para avisarme. Estaban subiendo a mi hijo a la ambulancia donde lo entubaron, y en ese momento volvió Antequera al lugar», el presunto responsable del brutal arrollamiento.

Según declaró el abogado de la familia afectada, «la ley no distingue, para que se configure el delito del artículo 195 de la ley de tránsito, si el accidente debe o no ser responsabilidad del conductor, por lo que este está obligado a dar cumplimento al deber de detención inmediata y auxilio inmediato a la víctima, llamando vehículos de emergencia y prestando el auxilio necesario. Nada de eso ocurrió».

Los temores de la familia sobre un posible cierre en la investigación: A casi un año, aún no hay formalizados

Actualmente rondan las incertidumbres en la familia del joven Nicolás Reyes Jabre, toda vez que, pese a los 9 meses que han transcurrido desde que se declaró admisible la querella, el Ministerio Público aún no opta por la formalización.

En esta línea y en conversación con RESUMEN, el abogado querellante, Pool Cartengiani Canales explicó que, «los temores de la familia respecto a que la causa no prospere y no se someta a la justicia al imputado, tiene fundamentos plausibles, toda vez que si la Fiscalía no opta por la formalización de la investigación, podrá acogerse a formas de término de la causa que dejan imposibilitada de continuar la investigación y la eventual condena, como lo son la decisión de no perseverar y el archivo provisional, ambas disponibles en la ley a voluntad del Fiscal de la causa».

El abogado agregó que, «lo que busca el legislador con esta ley es precisamente salvaguardar el auxilio inmediato a una víctima de un accidente de tránsito con lesiones de carácter grave o vitales, siendo el primer obligado a este auxilio el conductor del vehículo involucrado, demostrando con esto un respeto y valor por la vida humana, de este modo le impone tres obligaciones copulativas, la detención inmediata del vehículo, el prestar inmediatamente auxilio a la víctima y el dar cuenta inmediatamente a la autoridad, policial y vehículos de emergencia del accidente, nada de esto realizó el imputado».

 «Lo dejó botado»

Lissette Jabre, madre del joven atropellado, se mantiene indignada con la situación. De ahí, el temor que mantienen sobre un posible cierre de la causa judicial sin siquiera haberse realizado la formalización. En este sentido, Jabre señaló a RESUMEN que «la noticia la recibimos con angustia e impotencia, ya que no estamos de acuerdo en que cierren la causa sin un castigo para un hombre que atropelló a mi hijo y lo dejó botado sin prestarle ninguna ayuda».

Así, desde la familia últimamente han buscado visibilizar aún más la situación. Tras casi un año del hecho, indica la madre, «queremos alzar la voz y luchar porque no se cierre la causa y, por el contrario, que este hombre tenga un castigo». En esta línea, exigen que «el fiscal considere nuestra causa, donde consideramos que si existió un delito al no prestar ningún tipo de ayuda».

Por su parte, respecto a las posibles penas que podría enfrentar el responsable del brutal atropello, el abogado Cartengiani Canales explicó que, «la penalidad del delito que se persigue acreditar no es menor, arriesgando el imputado penas corporales de presidio menor en su grado medio, que va de 541 días a 3 años, hasta la pena de presidio menor en su grado máximo, que va desde los 3 años y 1 día a 5 años de cárcel, dependiendo del grado de las lesiones producidas en el accidente».

Actualmente Nicolás se mantiene en rehabilitación en el Cesfam de Lirquén, donde es atendido por un equipo compuesto por kinesiólogo, fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional. Mientras tanto, se mantienen en lista de espera para que se realice la operación de su pierna izquierda, donde se le deben injertar tres ligamentos al joven.

Asimismo, Reyes Jabre se encuentra con neurólogo para poder abordar los avances de su memoria a corto plazo, la cual está dañada, indica la madre. Pese a la adversidad, explica, «Nicolás es un joven lleno de alegría que está caminando y está moviendo nuevamente su pie y dedos de la pierna izquierda, y cada día lucha por recuperarse y salir adelante para retomar su vida normal».

RESUMEN contactó al Ministerio Público para conocer si existen intenciones de cerrar la causa y conocer posibles plazos de formalización. Sin embargo, indicaron que no entregarían información a personas que no fueran familiares.

*Esta investigación está basada en un proceso judicial en curso, por lo que no debe considerarse culpable a ninguna persona hasta que el Poder Judicial sostenga que lo es.

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