Bernarda Vera y Julia Chuñil, dos mujeres sureñas, luchadoras de su tiempo, cuyas historias han confluido estos días, revelan las limitantes del Poder Judicial, la hipocresía de los grandes medios de comunicación y de aquellos sectores políticos que se ofenden por la aparente aparición de Bernarda pero callan ante la desaparición de Julia. 

Por José Luis Morales

En el caso de Bernarda, el origen de las inconsistencias está en el propio Informe Rettig (1996). Este explícitamente “presumió” que Bernarda fue detenida en Liquiñe la noche del 10 de octubre de 1973 junto a otras 15 personas. El convoy militar que cayó sobre la precordillera de Valdivia, llevó a los detenidos hasta Villarrica donde fueron asesinados para luego arrojar sus cuerpos al río Toltén. Sin embargo, nunca existieron pruebas que permitieran afirmar la detención de Bernarda. El informe es categórico en señalar la nula cooperación de las autoridades militares del momento, lo que impidió la identificación de tales detenidos. 

Bernarda Vera es relevante por ser la única mujer que figura entre los detenidos vinculados al entonces Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP). Esto, a pesar que sabemos de otros casos de mujeres, como el de Juana Cofré, militante del PS en el Complejo Forestal, también desaparecida y que ni siquiera figura en dicho informe.

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De acuerdo con los testimonios existentes, Bernarda no fue un cuadro militante al estilo de Fernando Krauss o José Liendo, el famoso "Comandante Pepe", fue una simpatizante del MIR, profesora en Puerto Fuy, que colaboró con el centro de madres y como educadora. Es importante señalar esto, porque Bernarda fue acusada de atacar el retén de Neltume. Los medios de la época difundieron la idea de que existía un campamento guerrillero en la zona. Esta imagen fue reproducida por la dictadura en reiteradas ocasiones, para justificar el fuerte despliegue militar, los consejos de guerra y los fusilamientos. 

El reportaje de Chilevisión es malicioso y sensacionalista, pero lo que es peor, reedita el discurso negacionista de la dictadura. Por años negó la existencia de los desaparecidos y trató las denuncias como un fraude. El negacionismo no es una mera opinión que falsea información, es derechamente propaganda política a favor de la dictadura. La justifica como un régimen que fue necesario para salvar la patria de individuos “mentirosos", "extremistas" y "anti-patriotas”.

Este discurso es precisamente el que recogen ciertos sectores políticos, como los candidatos de lo que algunos llaman el “batallón germania” (por sus respectivos apellidos alemanes). Inmigrantes, mapuches, feministas, “wokes”, progres y todos aquellos externos a su visión ideológica de nación vienen a representar la nueva “anti-patria”. No es casual que el reportaje sea previo a elecciones y que los medios corrieron por las cuñas de los "K-K". El uso mañoso y político del caso es evidente.

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La polémica sugiere sutilmente que la desaparición de Bernarda fue un engaño para beneficiar a su familia con una pensión. Si ella escapó y vivió clandestina por años fue consecuencia del terrorismo de Estado. Incluso puede argumentarse a favor de una compensación por el daño causado a su familia. La separación con su hija sigue siendo un drama humano. Por otro lado, todos sus compañeros fueron detenidos, torturados y fusilados, ella habría corrido la misma suerte. 

Contrario a lo que señalan sus detractores, el caso reafirma la necesidad de un plan nacional de búsqueda y reparación a las víctimas de la dictadura militar en Chile; ciertamente perfeccionado, más no desmantelado como desea la derecha. Todo esto nos lleva a combatir el negacionismo puesto que erosiona la convivencia democrática y promueve el odio, cuestiones imperativas a propósito del caso de Julia Chuñil. 

Los sectores políticos más escandalizados con el regreso de Bernarda, ni se conmovieron con la desaparición de Julia. Una doble moral que condena la vida y es indiferente a la muerte. Pero que tiene en común su desprecio a la mujer pobre sureña. Los familiares de Julia, denunciaron por meses varias irregularidades en la investigación, como el intento de crear un montaje en contra de sus hijos, obstáculos puestos por la propia fiscalía a las abogadas querellantes y la vista gorda de las autoridades a la evidencia que apuntan al principal sospechoso, el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter.

Nuevamente aparecen los límites de la justicia, más preocupada del empresario que de la víctima. Curiosamente similar a las viejas prácticas negacionistas propias de los casos de desaparición forzada en dictadura. La indiferencia del mundo político y la opinión pública en la desaparición de Julia Chuñil contrasta con el sensacionalista trato sobre Bernarda. Si es cierto que Bernarda vive, lo suyo sigue siendo una vida truncada, consecuencia del terror de Estado. Mientras que la desaparición de Julia, es parte de una negligencia sistemática del sistema judicial contra defensoras ambientales mapuches en el sur de Chile. Aparición y desaparición que convergen en la injusticia.