A 14 años del asesinato del trabajador forestal a manos de Carabineros, la búsqueda de justicia de su familia, excompañeros y afectados sigue en pie, para lograr reparar de alguna manera el cobarde actuar de la institución policial y de la empresa del grupo Angelini.

Por Kathia Cancino Rojas

El joven murió a manos de Carabineros el 3 de mayo de 2007, en una manifestación por mejoras laborales en las afueras de la planta Celulosa Horcones de Forestal Arauco. Fue acribillado por una subametralladora UZI cuando tomó un cargador frontal para embestir los vehículos de FF.EE. de Carabineros, quienes estaban destrozando los automóviles de los trabajadores y reprimiendo brutalmente la manifestación. Como saldo de esa noche, los uniformados dejaron un muerto y cinco heridos, uno de ellos con pérdida ocular.

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A raíz de lo ocurrido, el 21 de mayo de 2010 se presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consta de dos capítulos: primero, por los excesos en que incurrió carabineros el 3 de mayo de 2007 al reprimir con balas de fusiles-ametralladoras una manifestación pacífica y, segundo, por la denegación de justicia en que incurrió el Estado de Chile al investigar los hechos por medio de la justicia militar.

En un proceso que ha durado más de una década, el 29 de junio de 2020 los denunciantes obtuvieron una primera victoria ante la justicia internacional, debido a que la CIDH desechó la alegación del Estado de Chile y declaró admisible la denuncia en curso. De la misma manera, el abogado que lleva el caso explicó a la familia de Cisterna que la Comisión respaldó la posición de arribar a una solución amistosa con el Estado.

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En la instancia, se presentaron observaciones adicionales sobre el fondo del caso y "denunciaron una diferencia de trato con el caso de Camilo Catrillanca, donde considerando precedentes de indemnizaciones pagadas por el Estado de Chile en casos similares, estaríamos dispuestos a acordar una indemnización de $175.000.000 para Evelyn y su hijo ($350.000.000), para ambos, $180.000.000 para Gaston Abello, $110.000.000 para Victor Varela, $65.000.000 para Raúl Aguayo, $50.000.000 para Moises Faundez y similar suma para Raul Sanhueza", según lo indicó el abogado de las víctimas.

Sin embargo, un documento emitido por el CIDH con fecha del 12 de febrero, da cuenta de que la Comisión recibió la propuesta de los denunciantes remitida el 1 de marzo al Estado, quienes tienen un mes para indicar su interés en una solución amistosa y cuatro meses para presentar sus observaciones sobre el fondo del caso.

Por el momento, el siguiente paso será ir a audiencias del juicio internacional, donde es imperativo lograr el apoyo de congresistas y establecer una solución amistosa con el Estado, para entregarles a la familia de Rodrigo Cisterna, las víctimas de disparo y Gastón Abello -víctima de trauma ocular por el impacto de una bomba lacrimógena- una indemnización razonable que pueda reparar, de alguna forma, el actuar cobarde, repudiable e impune de Carabineros de Chile.