Este 2021 se cumplieron diez años del momento en que Ricardo Lagos pronunció la frase «dejemos que las instituciones funcionen y las instituciones funcionan con independencia de un poder respecto de otro», en el contexto de una consulta de la prensa ante una acusación constitucional que en marzo de 2011 se formulaba contra la entonces intendenta regional del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.

Aniceto Hevia / resumen.cl

De Van Rysselberghe se había divulgado una grabación diciendo a vecinas y vecinos de población Aurora de Chile, de Concepción, que podía entregarles certificados de damnificada/os sin que hubieran sufrido perjuicios provocados por el terremoto de 2010. Luego se supo que su interés era de erradicarles, pues el valor de estos había aumentado ostensiblemente haciendo rentable el negocio inmobiliario y necesario implementar un proceso de gentrificación en el sector. Aunque las y los pobladores eran descendientes de quienes rellenaron y habilitaron tales terrenos para habitarlos, no contaban con títulos de dominio que acreditaran propiedad sobre ellos, por cuanto estaban expuestos sufrir la imposición de un desalojo.

El 3 de abril de 2011 renunció a su cargo y así evitó exponerse a una eventual sanción producto de la acusación constitucional. Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Concepción no acogió el recurso de protección presentado por pobladores/es de Aurora de Chile contra Van Rysselberghe; Enrique Matuschka Aycaguer, en su condición de el Seremi de Vivienda Región del Bío Bío; Patricio Kuhn Artigues, como alcalde penquista sucesor de Van Rysselberghe luego de ser nombrada Intendenta e interrumpir su periodo edilicio; y Sebastián Salas Cox, como Director Regional SERVIU del Biobío. Para las y los vecinos era de suma importancia el reconocimiento de que:

«Los actos u omisiones arbitrarias o ilegales en que han incurrido los recurridos […] en planificar, implementar, difundir y comenzar a ejecutar un plan de erradicación de los vecinos de la población Aurora de Chile, atentando contra el derecho a la integridad psíquica y el derecho de propiedad de los recurrentes sabiendo o no pudiendo menos que saber que el proyecto Conjunto Habitacional Aurora de Chile no tenía existencia real [...] omitiendo por otro lado proporcionar esta información a los pobladores afectados».

De la apelación a la Corte Suprema resultó la confirmación del fallo recurrido y con ello la desaparición mediática del caso. Aunque ninguna acusación pudo ser refutada, no se aplicó sanción alguna en su contra y, de ese modo, Van Rysselberghe se presentó a las elecciones parlamentarias del año 2013, adjudicándose un puesto senatorial por la Circunscripción N° 12 de la región de Biobío.

Mientras fungía como presenta de la Comisión de Pesca del Senado en 2014 actuó digitada por la organización gremial del sector, la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío (ASIPES). Los correos recogidos por la investigación judicial en torno al financiamiento empresarial de políticos, divulgados posteriormente evidencian el contubernio entre sí y entre ellos se puede leer:

"Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. De todas maneras pedí aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees necesario presentar además la indicación que me mandaste?". Así consultó Van Rysselberghe a Luís Moncada, entonces presidente de ASIPES, a lo cual responde: "Vienen solo cuatro indicaciones en el correo de la Subpesca. Las necesito todas, entiendo son más de 20, para darte opinión de c/u. Sugiero presentar todas las indicaciones que te envié y luego las negocias. Te remitiré esta noche un ordenamiento de cada una, esto es, qué representan y por qué se presentan en cada caso".

Fernando Chomali, Luis Felipe Moncada, Jacqueline Van Rysseberghe y William Corthon (Crédito: Aqua.cl)

Su exasesor, Joel Chávez, quien la delató afirmando el marido de Van Rysselberghe le pidió firmar una boleta para así justificar gastos de su campaña, afirmó a CIPER:

"(Ella) recibía correos con las indicaciones que tenía que presentar al proyecto. Yo a veces tenía que firmarlas electrónicamente e ir a presentarlas en las comisiones o secretarías respectivas. Ella recibía correos y llamados con instrucciones para presentar indicaciones a proyectos, para suspender comisiones y atrasar proyectos (...). Las indicaciones se las enviaban ya redactadas de la empresa Asipes, del remitente Luis Felipe Moncada. Estos correos iban con copia a Juan Pablo (Morales, otro asesor de la senadora), yo era solo el ejecutor. Recibía un documento, lo firmaba electrónicamente y lo iba a presentar".

Como ninguno de estos antecedentes fue suficiente para que el poder judicial estableciera un fallo judicial coherente a la gravedad de los hechos, la imputada pudo presentarse a la reelección, renovando el cargo senatorial en que funge hasta ahora.

Es perentorio señalar que lo ocurrido con Van Rysselberghe no era exclusivo de ella. En un artículo referido a la misma causa, La Tercera publicó que, de acuerdo a la Fiscalía, en las nóminas de ASIPES para el financiamiento político figuraban: Hosain Sabag (ex senador DC del Biobío), Patricio Melero (diputado UDI por Pudahuel), Alvaro Ortiz (alcalde DC de Concepción), Alejandro García Huidobro (senador UDI por la región de O’Higgins), Cristián Campos (diputado PPD por el Biobío), Jorge Ulloa (Diputado UDI por Talcahuano), Frank Sauerbaum (ex diputado RN en Biobío), Cristián Monckeberg (diputado RN Las Condes), Tomás Fuentes (ex concejal RN en Las Condes), Sergio Ruíz (candidato a concejal Independiente pro RN en San Carlos), Rodrigo Anabalón (alcalde RN en Chiguayante), Carlos Larraín (ex senador RN), Felipe von Unger (concejal UDI por San Miguel), Máximo Pavez (concejal UDI en Conchalí), Emilio Amstrong (ex candidato UDI a alcalde de Concepción), Gabriel Torres (ex concejal RN en Hualpén), Iván Norambuena (diputado UDI por el Biobío), Hugo Arancibia (ex candidato PS a concejal en Talcahuano), Sergio Bobadilla (ex diputado UDI por el Biobío) y Gastón Saavedra (alcalde PS de Talcahuano).

En septiembre de 2020, la Fiscalía del Biobío, representada por Marcela Cartagena, decidió no perseverar en esta investigación por cohecho, soborno y corrupción, cerrándola, sin que las evidencias fueran desmentidas.

Ahora bien, volviendo a nuestro inicio… "dejemos que las instituciones funcionen", decía Ricardo Lagos cuando se le consultaba sobre lo posible y lo debido en la política chilena. Aunque hoy la frase se pronuncia con la ironía propia del pueblo riéndose de su desgracia, hay quienes siguen apelando a su contenido buscando cumplir el propósito político de él y la Concertación desde el inicio de los gobiernos civiles postdictatoriales: que la sociedad no se entrometiera en los procesos enmarcados en operaciones institucionales, supuestamente ajenas a relaciones de poder, determinadas absolutamente por marcos normativos que, como siguen diciendo, son democráticos.

Nos estamos refiriendo a vociferantes que divulgan de distintas maneras que la manifestación pública y la protesta social constituyen actos extemporáneos, pues ya está en funcionamiento una Convención Constitucional que por sí misma evacuará una Constitución mucho mejor que la vigente. Aseveran que el ejercicio colectivo de presión por el establecimiento de alguna garantía en favor de los intereses de la comunidad o un sector social constituye una práctica estulta, propia del apasionamiento de seres carentes de racionalidad política. Sin embargo, su juicio no considera la inexistencia de mecanismos, efectivamente democráticos a través de los cuales la población pueda participar de las decisiones que le atañen. Su perspectiva no contempla que absolutamente todas las garantías que salvan a la sociedad chilena vivir peor, por mínimas y puntuales que sean, tienen en su trayectoria algún acto de protesta o una acción de fuerza contributiva a su establecimiento, no por decisión antojadiza de protestantes, sino porque no ha existido otra vía, otro canal de participación política.

En Chile no existen mecanismos democráticos básicos como la iniciativa popular de ley, ni tampoco normas que faciliten la realización de plebiscitos comunales vinculantes, así como referendos nacionales y regionales vinculantes para la resolución de diversas cuestiones. Más aún, el ordenamiento jurídico nacional no consigna algo tan elemental como un procedimiento eficaz referido a la revocación de quienes estén en cargos de representación popular cuando un sector representativo de la población lo exija (en este sentido, el país ya se hubiera evitado bastantes desgracias).

El impedimento de prácticas democráticas fundamentales, así como las abominables conductas de la clase política profesional, han creado un contexto propicio para el de desentendimiento político por parte de un sector creciente de población, un analfabetismo político expresado sobre todo en segmentos adscritos corrientes religiosas que renuncian al juicio crítico para interpretar la realidad y a un modo lumpenizado de vivir (en los marcos valorados socialmente y en los marginados). Este es el nicho que busca avivar la derecha ante la amenaza de perder privilegios, luego que Chile haya declarado que despertó y que no dejará otra vez que "las instituciones funcionen", sin estar sobre ellas, vigilándolas.

En este contexto, la realidad nacional exige prácticas que superen lo sectorial, lo contestatario, incluso lo vigilante. Urge, como afirmaba el profesor Igor Goicovic, "transformar la demanda social en programa político [...] definir: ¿qué tipo de economía, qué tipo de sociedad y qué tipo de régimen político queremos construir?", para ello es imperante el empeño en la creación y fortalecimiento de la organización popular y sindical.

A diez años del "dejemos que las instituciones funcionen", resulta perentorio establecer diversos canales de participación decisiva en la política local y nacional como única garantía para la defensa y conquista de condiciones suficientes para vivir.

Foto extraída de theelders.org