[resumen.cl] Pese a existir 3.010 querellas ingresadas por el INDH, apenas 67 se encuentran formalizadas y solo son tres las «sentencias firmes y ejecutorias» contra los responsables de la vulneración a los derechos humanos entre el inicio del Estallido Social y el 18 de marzo de 2020. A esto se suman regiones que no cuentan con ningún agente formalizado.
El pasado lunes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo público un balance elaborado a partir de las querellas ingresadas contra agentes del Estado que protagonizaron violaciones a los derechos humanos desde el inicio del Estallido Social.
El documento acredita una evidente lentitud y prevalencia de impunidad ante 3.010 querellas ingresadas, de las cuales solo 67 se encuentran formalizadas. En la misma línea, apenas tres cuentan con sentencia firme y ejecutoria.
El balance del Instituto desglosa, a la vez, el número de denuncias por institución vulneratoria, cifra que lidera Carabineros de Chile con 2.855, seguido del Ejército con 122 y la Policía de Investigaciones con 30 querellas.
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Sin embargo, además del evidente retraso en la ejecución de sentencias contra los responsables de vulneración a los derechos humanos el balance da cuenta de una lentitud en la formalización de las causas. Tal es el caso de lo que ocurre en Arica y Parinacota, donde pese a existir 72 querellas ninguna de estas ha sido formalizada.
La gravedad de la situación se suma a las críticas que se han realizado -de forma más aguda- durante las últimas semanas contra la Directiva del INDH; concretamente contra su director, Sergio Micco, a quien propias y propios funcionarios de la institución, además de organizaciones de víctimas de trauma ocular y familiares de las y los presos políticos del Estallido, han exigido su renuncia.
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