Tras sucesivos aumentos a sus precios y denuncias de consumidores y consumidoras cansadas, las alarmas de la clase trabajadora en Chile se encendieron con el alza del costo del gas licuado. Un elemento esencial para el aseo, calefacción y alimentación de las familias que habitan a lo largo del territorio. Los precios superan incluso los 25 mil pesos promedio por el cilindro de gas de 15 kilos, producto que ocupa casi el 20% del presupuesto de la canasta básica familiar.
Por Branco Moreno Caro
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) calcula este sobreprecio en 181 millones de dólares. Esto fue lo que pagaron las familias trabajadoras directamente de su bolsillo, desde 2014 hasta este año. Según los datos emanados desde la institución, el esqueleto de la usura de los precios del gas comenzó a erguirse a través del flujo de información e influencia de quienes pasaron desde el Estado, trabajando para Enap, hasta la empresa privada.
Uno de los datos más relevantes es que hasta 2013 la Empresa Nacional del Petróleo distribuía alrededor del 70% del gas en el mercado. Sin embargo, todo esto cambió cuando por decisión del directorio, se disminuyó la participación a sólo un 19%. Una baja considerable que dejaba un vacío en el mercado que aprovecharon las empresas distribuidoras, en el caso del gas licuado (de cilindro); Abastible, Lipigas y Gasco. Y en el caso del gas natural (de red) Metrogas.
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Lo singular de este proceso es que Ricardo Cruzat Ochagavía, quien hasta entonces era director general de Enap, renunció el 13 de septiembre y en menos de un mes, el 9 de octubre, ocupó el cargo de gerente general de Gasco y luego en 2015, fue presidente de Gasmar, para volver como vicepresidente a Gasco en 2020. Esta acción lo dejó en una posición totalmente ventajosa, ya que mantuvo información vital de la compañía y del vacío que se instalaría en el mercado.
Sin embargo, no es el único miembro del directorio de Enap que se pasó al mundo privado. Otro fue Julio Bertrand Planella, quien transitó de ser gerente general de Enap, al directorio de Gasco el mismo 2014, específicamente a la línea de gas licuado".
Según el Estudio de Mercado del Gas, realizado por la FNE, Enap dejó de distribuir un 70% del gas que consumimos las y los chilenos en 2013 y desde 2014. Se generó falta de competencia y sobreprecio que nos afectó con 181 millones de dólares y que para los dueños de estas empresas se tradujo en un 53% de ganancia.
La respuesta sindical
Como salida a este negocio usurero, que merma gravemente la economía de las familias de la clase trabajadora, los sindicatos de ENAP se ofrecieron a formar parte de la distribución de gas a precio justo.
Hay que agregar que este martes, los trabajadores de Asmar y Huachipato también comprometieron su apoyo a la iniciativa, ofreciendo la fabricación de los cilindros de gas licuado. La anterior respuesta se dio después de que Contraloría General de la República (CGR) dictaminara que los municipios no puedan vender ni distribuir gas, por no reunir las condiciones para envasarlo.
RESUMEN conversó con Ivan Montes, dirigente sindical de ENAP en la planta Petrox, quien nos explicó parte de las implicancias que tendría esta medida para el bolsillo de la clase trabajadora y por qué es tan importante que esta iniciativa vea prontamente la luz.
"Nosotros en este momento le vendemos a 900 pesos el kilo de gas licuado a Abastible, Gasco y Lipigas. Ellos, lo venden a más de 5600 pymes que son distribuidoras y trabajadores honestos que están cooptados por los contratos de las grandes empresas, ellos no fijan el valor. Lo que estamos diciendo hoy día es que, con la incorporación de la distribución de los municipios, le restamos 10 mil pesos, en aproximado a cada cilindro de gas, es decir entregar un gas sin fines de lucro, prácticamente al costo, sumando claro los gastos operativos, podría quedar un galon de 15 kilos en 13 mil o 12 mil pesos aproximadamente".
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Las posibles soluciones
De apoco se van gestando nuevas salidas a la usura del Cartel del Gas en Chile, siendo su altísimo costo uno de sus mayores botones de muestra. Montes comentó que, "la clave para que este negocio funcione es tener un número adecuado de balones, porque las empresas como Gasco, Abastible y Lipigas no los van a ceder, y las dos o tres empresas que producen cilindros aqui en Chile están colapsadas".
Considerando este importante factor, el dirigente sindical explicó que, "nos juntamos con los sindicatos y nos pusimos a disposición de los alcaldes, para hacer un encadenamiento productivo, algo que de realizarse sería muy hermoso. En Huachipato los trabajadores del metal producen el acero laminado, los ingenieros de Asmar fabrican los cilindros y en Enap los llenamos y entregamos a los municipios para que se los entreguen a las familias".
Otra de las alternativas, propusieron desde Enap y su planta Petrox es, "poner más plantas de envasado, una en Puerto Montt o Coyhaique en el sur y otra en Coquimbo o Iquique. De esta manera se abarcarían lugares a los que es imposible llegar con gasoductos y abarataría costos considerablemente. Sin embargo hay que ser claros, estas alternativas se pueden complementar entre sí, no se las debe mirar como una opción, las dos aportan al objetivo que es alivianar la carga a las personas que consumen gas en este país" señaló.
Al consultarle por la trabas legales y de cuán cierta es la posibilidad de que alguna de estas alternativas se concrete, Ivan Montes respondió optimista que, "la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo, está sesionando, tampoco hemos escuchado a ningún parlamentario que se oponga a la idea de legislar sobre esto, hay 5 proyectos de ley que están ingresados y desde los sindicatos de trabajadores están las ganas para poder terminar con esta injusticia, es una tarea titánica, pero es muy bonita".
Finalmente la labor que están asumiendo los sindicatos de ENAP, Huachipato y Asmar, en conjunto con los municipios, avanza a paso firme, con estudios técnicos que lo respaldan como una solución viable al Cartel de Gas.