El 27 de abril pasado, la familia del joven David Toro presentó una querella por su asesinato, y pese a que por reglamento no debiese tardar más de 24 horas la respuesta del tribunal, según explica el abogado querellante, van dos semanas de «dilaciones sin fundamento». La situación fue calificada como «irregular» por el defensor Lorenzo Morales, quien agregó que le han solicitado los mismos datos en dos oportunidades, pese a que la acción legal ya los especificaba.

Por Juan Contreras Jara

Luego de presentar la querella, desde el Juzgado de Garantía de San Antonio le han solicitado 2 veces a los querellantes dar cuenta de la localidad donde ocurrieron los hechos, de la comuna y del fiscal que exigían, se inhabilitara, pese a que la información quedó señalada en la acción judicial presentada el 27 de abril pasado.

Luego de dos semanas de presentada la querella por homicidio calificado, el abogado de la familia del joven acribillado por Carabineros, acusa que estos procesos «nunca demora tanto, según el Código Procesal Penal, son 24 horas para decir sí o no».

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Sobre el procedimiento llevado a cabo desde el tribunal, Morales relata que, «después del jueves (27 de abril), recién nos llamaron el 2 de mayo, para preguntarnos si era verdad que esas eran nuestras firmas, pese a que fuimos presencial a interponerla. Después me dicen que diga la comuna y localidad, lo dijimos, y posteriormente, del fiscal que debía inhabilitarse y todo eso está en la querella. Ahora, hace poco, me vuelven a mandar el mismo escrito, pidiéndome de nuevo la localidad y la comuna donde ocurrió el hecho y es el mismo juez, mandando la misma resolución. Después de dos semanas, la querella aún no ha sido tramitada, pero por dilaciones que no tienen fundamentos».

De esta manera, a más de un mes del asesinato del joven David Toro, su familia aún no puede tramitar una querella que busca responsables por el hecho ocurrido la tarde del 8 de abril pasado, en Llolleo Alto, en San Antonio.

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La querella apunta a Patricio Ignacio Vargas Bascuñán y a todos los que resulten responsables de cometer, facilitar o encubrir el asesinato del joven de 19 años de edad, quien fue abatido por una ráfaga disparada con una subametralladora UZI. Lo anterior, ocurrido en el contexto de un control vehicular, donde carabineros acusó un supuesto intento de atropello en su contra para validar la brutal respuesta. Dicha versión es desmentida por uno de los acompañantes de David Toro, quien asegura que fue acribillado con el auto ya detenido y con las manos arriba. 

Según destaca el abogado Lorenzo Morales, en la tramitación completa se especifica todo lo que el tribunal ha vuelto a consultar», por lo que no descartaron reportar el comportamiento del juez a cargo de la causa. Esto, argumentando que, «puse todo en el escrito y por lo demás, este es un hecho público y notorio, lo que también se señala en la querella».