[resumen.cl] Fue en junio de 2022 cuando la corporación Desarrolla Biobío, presidida por Rodrigo Díaz, firmó un convenio de asesoramiento con Mekorot Israel National Water CO. LTD. Se trata de un monto que asciende a 280 mil dólares, los que la firma estatal israelí, que forma parte de la lista negra de la ONU de 112 empresas que operan en territorios palestinos ocupados, recibirá en un total de cinco cuotas que ya comenzaron a pagarse el año pasado por la ejecución del llamado «Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos".
Solicitudes en Contraloría por parte de la comunidad palestina en Chile y la petición del término de convenio por parte de un grupo de consejeros del Biobío, mantienen entre cuestionamientos la permanencia del convenio establecido ente la corporación Desarrolla Biobío, la que recibe recursos desde el Gore, y Mekorot, principal empresa de agua del Estado de Israel, el cual es protagonista de la mayor masacre civil del último tiempo perpetrada en Gaza.
Es justamente en la línea de la ocupación territorial israelí y el apartheid del vital elemento en Palestina que se sustenta la solicitud de revisión de dicho convenio presentado por la Agrupación Chilena de Abogados por Palestina en Contraloría, la que parte detallando que: «Mekorot restringe a menos de la mitad la dosis de agua que se entrega por persona en territorio palestino (respecto de la cantidad de agua considerada para cada ciudadano israelí), y además, cobrando un mayor valor por litro de agua a la población palestina, que a la población israelí. Esto implica, por ejemplo, que la población palestina sólo puede acceder en promedio a unos insuficientes 70 litros por persona de este bien común esencial para la vida, mientras que la OMS recomienda como mínimo 100 litros. En muchas comunidades ganaderas de Cisjordania, el consumo de agua es incluso de solo 20 litros por persona y día para miles de palestinos, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). En cambio, cada israelí consume un promedio de 300 litros de agua al día».
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Las críticas desde la comunidad palestina en Chile
Nelson Hadad Abuhadba, abogado integrante de la organización pro palestina, explicó que la impugnación solicita a Contraloría revisar la historia del apartheid del agua, pero que también «que aplique los dictámenes que ya ha emitido respecto de las corporaciones municipales desde 2021, sobre el carácter público de los fondos, más allá que sea una corporación de derecho privado, acá se están administrando fondos públicos que son para fines de la ciudadanía y tiene que regirse administrativamente por la legislación de los organismos públicos y eso está en los dictámenes, es el fundamento».
Otro aspecto destacado por el abogado tiene que ver con las cláusulas de dicho contrato entre Desarrolla Biobío y Mekorot, apuntando al tema de la renovación del contrato.
Nelson Hadad, explicó que «la ley de Chile Compra dice que si se hace una segunda renovación, se debe fundamentar, y aquí no ocurre. En la misma ley se exigen garantías y multas por no cumplimiento de contrato y aquí no hay nada de eso. Otra cosa tiene que ver con la soberanía como Estado, ya que el contrato está pactado para renunciar a la jurisdiccional nacional y regirnos por la jurisdicción extranjera, lo que quiere decir que si hay una controversia, los tribunales chilenos no pueden conocer el asunto y se rige por un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Aparte, no se rige por el principio de la territorialidad, y el contrato dice que la ley aplicable es la ley de Inglaterra. Otra cosa grave es la limitación de responsabilidades. Se está dejando un poco al patrimonio fiscal en la indefensión».
La solicitud de algunos consejeros regionales de término de contrato
Fue durante la semana pasada que la bancada de consejeros regionales del Partido Igualdad solicitó al consejo del Gobierno Regional del Biobío hacerse parte de la discusión sobre las empresas israelíes -a propósito de su exclusión de la Fidae- y solicitar el cese de dicho contrato de asesoramiento con la empresa israelí, que partió como una entidad privada hasta 1948, con el establecimiento del Estado de Israel, siendo integrada en el manejo de agua en la región, en medio de un contexto de limpieza étnica.
Durante la mencionada solicitud, el consejero regional Javier Sandoval, expresó que, «lo que ocurre ahí es un desastre humanitario ante los ojos del mundo. El exterminio a través de una política de estado de la población palestina incluyendo la destrucción de hospitales, una catástrofe humanitaria que le niega el agua a niños y niñas, a mujeres embarazadas, a los enfermos. En ese sentido, quiero proponer al consejo que requiramos al gobernador suspender el convenio millonario de la Corporación Desarrolla Biobío y Mekorot, después de las innumerables evidencias de la masacre que protagoniza el gobierno de Israel contra el pueblo Palestino».
La respuesta del GORE Biobío a la solicitud en Contraloría
Consultados por RESUMEN, desde el GORE Biobío respondieron que, «todas las consultorías internacionales nos han dicho que la región del Biobío no tiene un problema de falta de agua, tiene un profundo problema de gestión de agua, pero si seguimos apostando a tener posos separados y no buscamos una forma de conectarlo a través de una gran cañería que permita, por ejemplo, que Los Ángeles donde se estima que hay más de 50 mil personas que viven en zonas rurales, si no tenemos una fuente de provisión de agua permanente, estable y segura, y seguimos teniendo soluciones parche, que además demoran más de una década en poder ser implementadas, bueno, tenemos un problema».
Agregan que, «no nos podemos sentar indiferentes en la vereda a mirar qué es lo que pasa y obviamente recurrimos a una asesoría internacional para ver si es viable esa solución, porque ante esta entidad, porque hay un grado de expertos muy por sobre lo que hay en todo el continente americano».
En tanto, sobre la solicitud de la Agrupación Chilena de Abogados por Palestina, el gobernador Rodrigo Díaz señaló que, «lo hacen en el entendido de una disputa mundial. Yo quiero ser bien franco, yo condeno los atentados terroristas de Hamas y también condeno que haya muertos civiles y que haya violencia, ahora, esa disputa internacional es paralela a una realidad que tenemos en la región».
Así las cosas, en el GORE Biobío y las críticas que apuntan nuevamente a la entrega de recursos públicos, esta vez, a una empresa estatal israelí que utiliza territorios ocupados palestinos para operar, lo que constituye cuestionamientos no solo administrativos, sino que también éticos.
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Foto principal: ONU