Este lunes, se revocó la medida cautelar que tenía al estudiante secundario Ibrahim Acevedo en prisión preventiva, luego de demostrar falta de pruebas legales que lo culparan de delitos por los que es imputado y que habrían ocurrido durante las manifestaciones de 2019.

Por Christopher Cortez

De buena forma comenzó la semana para uno de los presos políticos del Estallido Social, debido a que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago revocó la medida cautelar del joven de 19 años detenido por supuesto porte y lanzamiento de bombas "molotov", cuyo juicio se basó en videos de Whatsapp de Carabineros infiltrados ilegalmente en las protestas.

Acevedo, apresado el 27 de octubre de 2019 en las cercanías de la Plaza de la Dignidad, "se mantenía en prisión preventiva, lo cual era absolutamente contrario a derecho y desproporcionado, razón por la cual se entregó la libertad (arresto domiciliario) a petición de la defensa", expresó a RESUMEN su abogada defensora, Manuela Royo.

Te puede interesar: Tribunal condena a preso de la revuelta utilizando como única prueba video de un grupo de WhatsApp de Carabineros infiltrados

Dentro de las pruebas con las que el Ministerio Público buscaba condenar a Ibrahim, aparecen sólo testimonios y grabaciones de un par de Carabineros infiltrados no autorizados y fuera de la ley. Además, los peritajes no lograron comprobar que el manifestante tuviera restos de combustible en sus vestimentas o cuerpo.

De todos modos, Fiscalía señaló que va a apelar la determinación, pero la defensa sostiene que resguardará la actual condición del estudiante puesto que "es desproporcionado que él no pueda optar a un beneficio como cualquier otro ciudadano del país", considerando además los antecedentes limpios que poseía previo al suceso. Además, añade que "aquí sucede un hecho de discriminación y una criminalización de la protesta social, lo que tiende a ser inconstitucional".

En vísperas de navidad y tras más de 20 audiencias durante el año, aseguran desde su defensa que el secundario se encuentra tranquilo a la espera de una fecha, aún no determinada, en la que se ejecutará la sentencia definitiva o, en caso de materializarse, concurrir a Tribunales por una apelación de Fiscalía.