Nos encontramos una vez más ante el riesgo inminente de una temporada de incendios catastróficos en la macrozona forestal. La reconstrucción de la tragedia anterior aún no termina y ya ha sido publicado en el Diario Oficial un nuevo estado de Emergencia Preventiva ante incendios, que regirá en Chile continental desde octubre a mayo, dada la "alta probabilidad de condiciones propicias, sequía y mayor disponibilidad de combustibles vivos y muertos, así como probabilidades de viento".

Por: En Tramas Bio Bio

A nivel global, las Naciones Unidas han alertado que el clima de la Tierra "ha comenzado a hervir", lo que ha sido ratificado por estudios locales que advierten de fuertes olas de calor en la zona centro-sur de Chile.

Todos los actores públicos y privados dicen estar haciendo su parte para enfrentar esta amenaza. El gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley que establece obligaciones de prevención de incendios para predios agrícolas y forestales. Las empresas forestales siguen tomando medidas para proteger sus activos productivos, y las universidades desarrollan nuevas investigaciones sobre los impactos de los incendios y el cambio climático.

Por su parte, la fiscalía del Biobío señaló a las empresas eléctricas como posibles responsables del inicio de varios incendios forestales del 2023. Y la nueva propuesta constitucional ni siquiera se pronuncia respecto de la crisis climática y ecológica en que habitamos. En suma, más recursos para combatir los incendios, más recursos para los futuros damnificados, más información sobre cómo se inician los focos, pero nada de abordar las causas estructurales del problema.

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Pero, sorpresa: la causa principal de la recurrencia e impacto de los mega-incendios no es otra que la actividad de la peligrosa industria forestal, que mantiene ocupadas más de 3 millones de hectáreas de monocultivo, es decir, una gigantesca masa de biocombustible lista para arder.

La clase política, el poder empresarial y sus grandes consorcios de comunicación, imponen un relato parcial e interesado, que se centra en un crecimiento económico a costa de los ecosistemas y las comunidades, y una agenda de seguridad que busca resguardar a la gran propiedad. Nada se dice respecto al saqueo de la tierra y el agua, de la expulsión de las comunidades mapuche y campesinas, de la relación entre despojo forestal y violencia, ni de la emergencia climática creada por la propia aceleración capitalista. En este escenario, la normalización del estado de emergencia y la militarización no ayudan en nada a resolver la problemática de fondo.

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La industria forestal se ha beneficiado de la falta de convicción de las autoridades y de la existencia de otras urgencias sociales, evadiendo así sus propias responsabilidades en los incendios y reforzando su agenda extractivista. La legislación ambiental y la planificación territorial se mantienen como procedimientos sin real trascendencia, que solo blanquean las múltiples formas que adopta el capital. Mientras tanto, en la macrozona forestal siguen gobernando las mafias empresariales y delictuales, que tienen en su bolsillo a las autoridades mediocres.

Desde la alianza entre comunidades afectadas por el modelo forestal, organizaciones socioambientales de diverso tipo y personas con conciencia social y ambiental, no nos resignamos a ver nuevamente vulnerados nuestros derechos humanos y los derechos de la naturaleza que nos acoge. No podemos tolerar este verdadero ecocidio que se lleva adelante a costa de los ecosistemas de la Tierra, las comunidades humanas, y las naciones originarias.

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Consideramos fundamental evitar que este verano las tormentas de fuego castiguen de nuevo a nuestras sufridas comunidades. Además de disponer de mejores herramientas para combatir las emergencias es fundamental superar las políticas extractivistas basadas en la idea de crecimiento infinito, y consumismo individualista. En el intertanto, el Estado tiene el deber de asumir su rol ordenador y fiscalizador del quehacer de las empresas, exigiendo la aplicación e inversión de todos los recursos necesarios para reducir al máximo las posibilidades de incendios y su peligrosidad.

Finalmente, y porque creemos en la necesidad de la justicia, hemos iniciado una acusación ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza para que se investiguen los graves impactos de los incendios y otras afectaciones del modelo forestal y se identifiquen los responsables, la cual ya ha sido acogida a tramitación e irá a juicio en enero de 2024 en la Región del Biobío. Invitamos desde ya a respaldar esta justa causa.